Lo que reveló esta semana la JEP es verdaderamente monstruoso. El Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar se convirtió en un espacio de terror; la jurisdicción especial imputó por falsos positivos al coronel (r) Publio Hernán Mejía, el mismo que publicó un libro que cínicamente tituló ‘Me niego a arrodillarme’; paradójicamente muchas víctimas inocentes sí murieron arrodilladas, pidiendo clemencia; el 87 % de los resultados operacionales de Mejía fueron asesinatos y desapariciones.

Este coronel tan felicitado por el expresidente Uribe por defender la seguridad democrática y apreciado por José Félix Lafaurie, presidente eterno de Fedegan, de cada 10 operativos realizados en La Popa, 9 fueron ilegales. Una de las frases que repetía con orgullo el tristemente célebre Coronel Mejia: “Tranquilo, hermano, son bandidos y tenían que morirse”. También le imputaron cargos al coronel (r) Juan Carlos Figueroa, quien remplazó a Mejía, y también continuó con la carnicería.

Sobre este militar, la gente recuerda que dio de baja a alias 39 en un paraje del corregimiento de La Mesa, después que el despiadado paraco se le saliera de control, tanto a Jorge 40, como a los mandos militares, así lo corroboró alias ‘101’ en una declaración: “Lo mató para limpiarse, porque quién iba a sospechar que matara a un ‘aliado’”; señaló, además, que Mejía era “un asesino” que trabajaba con ellos y que por todo “pedía plata”. También fueron imputados 13 militares más quienes conformaron un grupo para matar a quien se les pareciera, menores, indígenas, mujeres, indigentes, locos, en fin, convirtieron la guarnición militar en un matadero humano.

Según revela la JEP cometieron 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas. En el Cesar, los militares, cada diez días, presentaron a un civil como delincuente dado de baja en combate; el departamento ocupa el deshonroso cuarto lugar del país con mayores registros de ‘falsos positivos’: 323 de las 6.402 víctimas que la JEP determinó entre 2002 y 2008.

Bajo el mando de Mejía y Figueroa se dieron el mayor número de casos, con razón los militares odian la JEP y siempre se opusieron al proceso de paz, para que no se conocieran sus responsabilidades. La Fiscalía en 13 años no hizo nada y mucho menos la Justicia Penal Militar que, al no actuar, se convirtió en cómplice de estas masacres, avaladas por ganaderos, políticos y empresarios de la región, que no pagaron cárcel, pero llevarán esos muertos en su conciencia, lo único que les interesaba era proteger sus fincas y negocios de la amenaza guerrillera, aunque cayeran inocentes, eso sí, que no fueran sus hijos o familiares, lo mismo que las multinacionales mineras y bananeras a las que nunca les importó esta secuencia de procedimientos cobardes. De ese tamaño fue el nivel de inconsciencia, crueldad e inhumanidad.

Si en cualquier país del mundo civilizado ocurriera un caso parecido,  estos militares ya estarían condenados en un calabozo; en Colombia, Mejía tiene el descaro y la osadía de autoproclamarse candidato presidencial, con el respaldo de un sector minoritario que lo ve como un héroe y que es capaz de votar por un salvaje de esta calaña. Ojalá Dios los perdone.