Algunos dirán que negociar con los violentos es parte de una práctica ya tradicional en nuestro país. Es cierto, aunque habría que advertir que no hay antecedentes de ceses del fuego que no hayan ordenado también parar todas las actividades delictivas.

Impedirle a la Fuerza Pública operar contra los violentos mientras ellos siguen delinquiendo es abiertamente inconstitucional porque, por un lado, no permite que cumplan con sus funciones y, por el otro, deja indefensos a los civiles.

También es un error y un problema. Es un error porque los hechos han demostrado que las negociaciones con los violentos no alcanzan la paz que se supone las justifican. Tras múltiples negociaciones ni ha terminado el conflicto armado ni ha disminuido la tasa de homicidios.

Es un error porque las negociaciones se han normalizado en la mentalidad colectiva. La sociedad ha terminado por asumir que lo correcto no solo es dialogar y pactar con los bandidos sino romper el principio de igualdad frente a la ley para darles mejor trato que a los ciudadanos que sí respetan la ley. Ya no solo no se rechaza la idea de no sancionar a los asesinos sino, peor, tampoco repugna darles beneficios jurídicos, políticos y económicos que quien siempre ha respetado la ley no puede aspirar a tener.

Y todo ello es un problema porque la impunidad y los pactos con los criminales son un incentivo perverso para nuevas violencias, enseñan que delinquir no solo tiene castigo sino que además trae beneficios que no se tendrían si se cumple la ley. Peor es el mensaje, además, cuando las negociaciones se hacen con quienes se negaron a la oportunidad de aprovechar la “generosidad” del Estado o con quienes traicionaron lo que en su momento pactaron.

Por otro lado, es un problema porque hay otra macabra lección: si se ha de delinquir, que sea mucho y en grupo. Lo que asegura impunidad total y beneficios es hacer parte de una banda grande, matar mucho y por mucho tiempo.

Es también un problema porque desenfoca las soluciones reales: primero, fortalecer la fuerza pública y hacer uso legítimo de la fuerza, combatir hasta derrotar a los violentos, mostrando a todos que el crimen no paga y sí tiene sanción, y, segundo, luchar contra el narcotráfico sin cuartel. El narcotráfico no es solo el motivo de todos los grupos violentos sino además la fuente inagotable de su financiación. Petro, so pretexto de la paz, se entregó a los narcos.

Finalmente, es un problema porque las negociaciones y los beneficios para los violentos van en contra de la razón fundamental del Estado, proveer justicia y seguridad a sus ciudadanos, socava el estado de derecho y erosiona la democracia, rompiendo el principio de igualdad frente a la ley, que se expresa también en el axioma de igual sanción para igual delito, para premiar al criminal. No hay civilización posible en semejante términos.

Por Rafael Nieto Loaiza