“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Así lo ordena el Artículo 22 de la Constitución Política de Colombia.

«La “paz total” será un fracaso», este es el título de la columna escrita por Rafael Nieto Loaiza, publicada ayer en EL PILÓN, en cuyo párrafo final, anota: “Si no se entiende que es esa simbiosis de narco y grupos armados lo que explica la persistencia de la violencia, ninguna negociación será verdaderamente exitosa. Permitirá, eso sí, la jubilación tranquila de unos hampones, y también el reciclaje, nuevas generaciones de bandidos, de violentos”. Y remata aseverando, que: «La “paz total” de Petro será otro fracaso».   

Es importante informar y recordar que este columnista fue viceministro del interior y de justicia entre 2003 y 2004, y precandidato presidencial para el periodo 2018-2022, por el partido Centro Democrático y que, finalmente, Iván Duque, fue el candidato preferido.

Para nadie es secreto que, en nuestro país, los narcotraficantes han permeado todas las esferas sociales, y de tal infiltración no se escaparon los grupos armados, pues todos flaquearon, tanto los ilícitos como los oficiales, sobre estos últimos son muy evidentes los enriquecimientos de muchos de sus miembros, cuyos salarios no justifican sus inmensas fortunas, lo que denota la enorme corrupción que encubre la complicidad existente entre elementos de las autoridades y narcotraficantes, no solo militares y policiales, sino civiles de todos los sectores, tales como de los estrados judiciales, alcaldías, gobernaciones departamentales, fiscalías, procuradurías y el resto, incluso de mayor jerarquía que conforman un extenso y complejo entramado, donde pululan  personajes conocidos como delincuentes de cuello blanco engalanados con largos rabos de paja, cuyos delitos, la mayoría quedan impunes, especialmente aquellos por peculados de enriquecimientos ilícitos.   

En nuestro maltratado, por no decir mal gobernado, país da grima el asesinato diario de agentes de la policía y soldados por bandas criminales cuyos comandantes o jefes obedecen ordenes de los capos del narcotráfico, que también ordenan las aniquilaciones de líderes sociales defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de las autonomías, de las igualdades y luchadores contra las exclusiones. 

Esta terrible situación, sin bien es cierto es difícil remediarla, no se debe considerar imposible. La paz es indispensable para el crecimiento de la economía, lo cual redunda en progreso y bienestar colectivo y, lógicamente, mientras haya corrupción fusionada con el narcotráfico proseguirá la violencia; en consecuencia, estos tres fenómenos ya enraizados fuertemente en todo el territorio colombiano, hay que combatirlos simultáneamente con el propósito de mitigarlos lo más pronto posible. 

Lo prioritario es combatir la corrupción administrativa, que incluye el desenlace del contubernio entre lo público y lo privado, esta dualidad es muy perjudicial para el fisco estatal porque el peculio fluye más hacia lo particular, por lo que los gobernadores de los departamentos más pobres salen archimillonarios al terminar sus mandatos, igual ocurre con los alcaldes de los municipios paupérrimos.  

Si por lo menos disminuyera la corrupción en una alta proporción no se necesitarían reformas tributarias, al menos con tanta frecuencia; es decir, después de cada periodo gubernamental y así poder seguir expoliando el erario que proviene del recaudo de los que pagamos impuestos, que si nos atrasamos un poquito inmediatamente nos imponen cobro coactivo con intereses altísimos. Ni para qué hablar del control del narcotráfico, si ni siquiera los países poderosos han podido combatirlo. Legalizarlo es la mejor solución, porque por lo menos disminuiría considerablemente la alta violencia que genera la actual política antinarcóticos.     

PD: me adhiero a la columna escrita por Amilkar Acosta Medina, ‘Poncho’ Campo: un hombre de paz y de progreso, publicada en EL PILÓN de ayer. Mi sentido pésame a sus hijos, hermanas, hermanos y demás familiares. Q.E.P.D.