Ahora que el Presidente Juan Manuel Santos reconoció la emergencia carcelaria en el país, Valledupar está a la expectativa de saber qué pasará con la Judicial.
Por Andrés Llamas Nova
Las órdenes judiciales para cerrar cárceles en el país dieron pie a que hoy se haya avalado en el Gobierno Nacional, la emergencia carcelaria por hacinamiento y otros factores, que hacen inviable seguir recluyendo condenados y da inicio a una carrera por crear nuevos centros de reclusión para presos de mediana y baja peligrosidad.
Valledupar no es la excepción en el balance de cárceles más hacinadas del país; con una capacidad para 256 presos, hoy alberga a 950 incluyendo a 83 mujeres, según los datos conocidos por el Diario EL PILÓN. De la Cárcel Judicial, se ha hablado en varias oportunidades con el director General del Inpec, General Adolfo Ricaurte y sin embargo nada ha sucedido.
En una de sus visitas a Valledupar, el General Ricaurte manifestó a nombre del Inpec, tener la disposición de financiar los estudios para construir un nuevo centro penitenciario y de esta manera demoler el que está en el barrio Jorge Dangond, y el resto quedaba en manos de los gobiernos seccionales.
Es una de las varias propuestas que, a lo largo de los años, han surgido para por fin solucionar el problema a los habitantes de este barrio y otros sectores, además de acabar con el hacinamiento en la Judicial.
Pero lo que no fue dado a conocer a la opinión pública, fue la carta del año 2008, que el entonces director del Inpec, Mayor General Eduardo Morales Beltrán, le envió a Patricia Ramos Rodríguez, Defensora delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
En la misiva, el General Morales Beltrán, hoy en uso buen retiro, manifestaba la decisión de cerrar definitivamente el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar, debido al secuestro del centro por parte de reclusos amotinados en el 2007, y las tres fugas que se presentaron en seis meses. Entre ellas la de Javier Urango Herrera alias ‘Chely”, el 11 de marzo de 2008.
En el documento se agrega que, “…cerrar definitivamente el establecimiento, con base a las facultades del artículo 16 de la Ley 65 de 1993. Algo que políticamente se venía trabajando con la Alcaldía de Valledupar y el Ministerio del Interior y de Justicia, con la participación de los Organismos de Control”.
Sin embargo, la Cárcel Judicial hoy permanece en su lugar, los confinados siguen recibiendo capacitaciones en diversos programas favorecidos por la Alcaldía, según lo manifestado por la directora del centro, Enilda Vásquez Oñate.
EL PILÓN conoció que en la Judicial se adelanta el acompañamiento de los Jueces de Ejecución de Penas, para establecer qué reclusos podrían recobrar la libertad por cumplimiento, cuáles recibirían el beneficio de prisión domiciliaria, también determinar el traslado de otros presos a cárceles de otras regiones, las que parecen ser las únicas medidas para disminuir el hacinamiento; pero la eliminación de la cárcel y la construcción de un parque, se ven lejos de la realidad.
Ahora que el Presidente Juan Manuel Santos reconoció la emergencia carcelaria en el país, Valledupar está a la expectativa de saber qué pasará con la Judicial.
Por Andrés Llamas Nova
Las órdenes judiciales para cerrar cárceles en el país dieron pie a que hoy se haya avalado en el Gobierno Nacional, la emergencia carcelaria por hacinamiento y otros factores, que hacen inviable seguir recluyendo condenados y da inicio a una carrera por crear nuevos centros de reclusión para presos de mediana y baja peligrosidad.
Valledupar no es la excepción en el balance de cárceles más hacinadas del país; con una capacidad para 256 presos, hoy alberga a 950 incluyendo a 83 mujeres, según los datos conocidos por el Diario EL PILÓN. De la Cárcel Judicial, se ha hablado en varias oportunidades con el director General del Inpec, General Adolfo Ricaurte y sin embargo nada ha sucedido.
En una de sus visitas a Valledupar, el General Ricaurte manifestó a nombre del Inpec, tener la disposición de financiar los estudios para construir un nuevo centro penitenciario y de esta manera demoler el que está en el barrio Jorge Dangond, y el resto quedaba en manos de los gobiernos seccionales.
Es una de las varias propuestas que, a lo largo de los años, han surgido para por fin solucionar el problema a los habitantes de este barrio y otros sectores, además de acabar con el hacinamiento en la Judicial.
Pero lo que no fue dado a conocer a la opinión pública, fue la carta del año 2008, que el entonces director del Inpec, Mayor General Eduardo Morales Beltrán, le envió a Patricia Ramos Rodríguez, Defensora delegada para la Política Criminal y Penitenciaria.
En la misiva, el General Morales Beltrán, hoy en uso buen retiro, manifestaba la decisión de cerrar definitivamente el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Valledupar, debido al secuestro del centro por parte de reclusos amotinados en el 2007, y las tres fugas que se presentaron en seis meses. Entre ellas la de Javier Urango Herrera alias ‘Chely”, el 11 de marzo de 2008.
En el documento se agrega que, “…cerrar definitivamente el establecimiento, con base a las facultades del artículo 16 de la Ley 65 de 1993. Algo que políticamente se venía trabajando con la Alcaldía de Valledupar y el Ministerio del Interior y de Justicia, con la participación de los Organismos de Control”.
Sin embargo, la Cárcel Judicial hoy permanece en su lugar, los confinados siguen recibiendo capacitaciones en diversos programas favorecidos por la Alcaldía, según lo manifestado por la directora del centro, Enilda Vásquez Oñate.
EL PILÓN conoció que en la Judicial se adelanta el acompañamiento de los Jueces de Ejecución de Penas, para establecer qué reclusos podrían recobrar la libertad por cumplimiento, cuáles recibirían el beneficio de prisión domiciliaria, también determinar el traslado de otros presos a cárceles de otras regiones, las que parecen ser las únicas medidas para disminuir el hacinamiento; pero la eliminación de la cárcel y la construcción de un parque, se ven lejos de la realidad.