Pareciera que en este país importara más condenar a quien comete un delito al patrimonio público o privado que a quien masacra y asesina gente, secuestra, extorsiona y se roba los dineros de la alimentación, de los colegios y la salud de los niños y de los de la tercera edad. Pareciera que algunos fiscales […]
Pareciera que en este país importara más condenar a quien comete un delito al patrimonio público o privado que a quien masacra y asesina gente, secuestra, extorsiona y se roba los dineros de la alimentación, de los colegios y la salud de los niños y de los de la tercera edad.
Pareciera que algunos fiscales y jueces conspiraran en contra de una u otra persona, dependiendo de su clase social. Con solo pensar que esto es así, tiemblo de terror, me dan náuseas. Uno ve la mano dura y proba de un juez condenando al menos fuerte, al que no tiene quien lo asista en lo judicial o al inocente, y hasta le dan absolución al verdadero culpable o a quien sí tuvo para pagar un abogado y supo defenderse. Si esto es así, esto tiene que cambiar.
Me refiero hoy a un caso que ocurrió recientemente sobre la condena penal por un delito menor, leve, como robos a una tienda, asalto simple, falsedad, entre otros. Cuando el peso de la ley cae encima del infractor, pero en otros casos esos procesos nunca terminan. Ya nos tienen acostumbrados muchos jueces y fiscales en decisiones tan torpes e injustas, cuando dejan escapar narcotraficantes, sicarios, genocidas y al corrupto, para después condenar a los subalternos.
Cito hoy uno de los tantos casos que ocurren en el país, sobre esta malograda justicia judicial, la que a veces prefiere condenar a quien se robó una empanada porque tenía hambre y dejar libre a los políticos y gobernantes corruptos que se roban miles de billones de pesos. Hace unos días, el periódico El Tiempo registró una noticia sobre “una mujer, madre cabeza de familia de un menor de edad, trabajadora de una empresa de fabricación y venta de ropa, quien presentó el 11 de abril de 2016 una incapacidad médica (por un día), supuestamente autorizada por una galena de la EPS Salud Total”, pero el documento resultó falso.
El periódico sostiene que “luego de analizar los elementos del caso, el juzgado 45 penal con función de conocimiento decidió condenar a la mujer, como responsable del delito de falsedad en documento privado”. La juez consideró que la procesada “confeccionó y/o determinó a un tercero para elaborar documento falso incapacitante, el cual exhibió, presentó y usó ante su empleador con el propósito de justificar su ausencia laboral el 11 de abril de 2016”.
Pese a que la trabajadora pidió disculpas –y manifestó estar arrepentida de lo que hizo, señalando que no pensó que tuviera gravedad tan alta-, la juez le impuso una sentencia de 16 meses de prisión, sostiene el periódico. La información agrega: “Además, la condenó a una pena accesoria de inhabilidad, por lo que la trabajadora no podrá ejercer funciones públicas durante el tiempo de su pena principal”.
La defensa de la mujer esgrimió que su clienta es madre cabeza de familia de un menor de edad, y que ya no trabaja en la empresa a la cual le presentó la incapacidad falsa ni representa un riesgo para esta, por lo que pidió subrogar la pena. Esa solicitud fue concedida por la jueza, lo que implica que la mujer, “si bien mantiene su condena y tendrá el antecedente penal, no irá a prisión, siempre y cuando demuestre buen comportamiento y no reincida en delitos”.
Mi indignación es que dicha rigurosidad no es igual para con los asesinos, saqueadores, corruptos, genocidas, secuestradores y ladrones del erario, porque hasta dejan precluir los negocios. Hasta la próxima semana.
@tiochiro