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En San Juan del Cesar, se entregaron los restos de Elibeth Vega con el fin de esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos en la región.
El 25 de agosto del 2005 los medios de comunicación del Cesar y La Guajira despertaron con la noticia de que el Ejército Nacional había dado de baja a 3 jóvenes menores de veinte años; hoy sabemos que las presentaron como guerrilleras de la FARC-EP, víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.
El 7 de marzo del 2025, veinte años después de aquellos hechos, la familia wiwa Vega Izquierdo, hizo un llamado a rectificar y dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, tras la entrega de los restos de aquellas adolescentes de 16, 17 y 20 años. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hicieron la entrega digna a estas tres familias de los cuerpos de tres mujeres que habían sido desaparecidas hace más de 20 años.
Dos de las víctimas eran menores de edad al momento de su asesinato, todas reclutadas siendo niñas y Elibeth pertenecía a la comunidad indígena Wiwa en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las tres jóvenes, identificadas como Claribel Rodríguez Sierra, Claudia Patricia Peña y Elibeth Vega Izquierdo, fueron asesinadas y desaparecidas forzosamente tras desertar de las filas de las Farc-EP. Fueron retenidas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente entregadas al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 Juan José Rondón (GMRON). Este grupo presentó a las víctimas como bajas en combate el 23 de agosto de 2005. “En ese momento, el Ejército Nacional informó que se había producido un supuesto enfrentamiento con miembros de un grupo armado en el corregimiento Los Haticos, en San Juan del Cesar – La Guajira, donde se reportaron tres bajas”, dice el comunicado de la JEP.
El hallazgo de los cuerpos se realizó en el Cementerio Central de San Juan del Cesar, donde fueron encontrados en condición de Cuerpos No Identificados (CNI) en mayo del 2024.
Esta acción se llevó a cabo bajo una medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, con el fin de proteger el cementerio mientras se investigan los casos relacionados con desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Desde 2021, la UBPD ha trabajado en este cementerio, identificando 71 sitios de interés y exhumando 38 cuerpos con señales de muerte violenta.
El magistrado Oscar Parra Vera, encargado del Macrocaso 03 subcaso Costa Caribe, es decir, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, explicó a EL PILÓN que la entrega de los cuerpos esqueletizados viene con explicación y responsabilidad estatal a las familias víctimas.
“Lo que hacíamos era explicarle a la familia las diversas instituciones que hemos participado: el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP, explicando el camino para la entrega digna, para la identificación de los restos. Aquí hay que decir que el uso de cementerios como el de San Juan del Cesar, al igual que el cementerio de Dabeiba y otros cementerios a lo largo del país, fueron usados para las actividades de encubrimiento de los hechos. Aquí hubo varios problemas en la forma como se hicieron algunas actividades que hubieran podido permitir identificar qué pasó o identificar a los responsables, y eso era parte del modus operandi, por decirlo de alguna manera. Aquí hubo una planeación, una ejecución y un encubrimiento de hechos”, describió Parra Vera.
Los análisis forenses realizados por Medicina Legal confirmaron que las tres víctimas presentaban heridas que sugieren que fueron ejecutadas acostadas y a corta distancia, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de un enfrentamiento.
Aunque en un principio la familia Vega Izquierdo quería vivir su dolor en la intimidad, también tomaron su rabia y la convirtieron en un llamado a los medios de comunicación para limpiar no solo el nombre de Elibeth, también el de su pueblo indígena, que desde aquellos hechos y por toda la región empezó la estigmatización de la etnia Wiwa.
Durante todo el acto de esclarecimiento de la verdad y entrega, los hermanos de Elibeth se vieron visiblemente afectados con la frente en alto, porque a partir del 7 de marzo del 2025 sus padres, quienes la buscaron por toda La Guajira y el Cesar, sabrán dónde está la niña de 11 años que un día salió de casa para el colegio a hacer cuarto de primaria y nunca más volvió.
Su hermano Álvaro Izquierdo dijo a EL PILÓN: “Para nosotros es algo significante en el sentido de que por muchos años, casi dos décadas fue una situación muy, muy amarga en el seno de la familia, ya que no, no teníamos, esa posibilidad de tener nuestro familiar con nosotros. Entonces, pues ya con, con el tiempo, pues en cabeza de nuestro padre, pues inició ese proceso de, de búsqueda y hasta el sol de hoy agradecido con la JEP, con la Unidad de Búsqueda y en cabeza, pues, del Estado, pues, voy a agradecer a pesar de todo, que nuestro ser querido, no esperábamos que la tuviéramos de vuelta con nosotros, nos la están haciendo entrega, pero bueno, con esa moral, con ese valor de que pueda reposar su resto en el seno de nosotros como familia”.
En el Cesar y La Guajira, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP han intensificado sus esfuerzos desde que se decretó la medida cautelar para proteger el cementerio de San Juan del Cesar. Gracias a esta iniciativa, ocho víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, han retornado a sus hogares para recibir un entierro digno.
Durante el año 2024, se logró la entrega de los restos de Alejandro Durán Hernández, oriundo de Codazzi, Cesar. En lo que va de 2025, este proceso de reparación simbólica ha continuado con la restitución de los cuerpos de Claribel Rodríguez, en Villanueva, y Elibeth Vega, perteneciente a la comunidad Wiwa de Sabanas de Joaquina, ambas en La Guajira, permitiendo así que sus familias cierren un ciclo de dolor y búsqueda.
Por: Katlin Navarro Luna /EL PILÓN
En San Juan del Cesar, se entregaron los restos de Elibeth Vega con el fin de esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos en la región.
El 25 de agosto del 2005 los medios de comunicación del Cesar y La Guajira despertaron con la noticia de que el Ejército Nacional había dado de baja a 3 jóvenes menores de veinte años; hoy sabemos que las presentaron como guerrilleras de la FARC-EP, víctimas de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.
El 7 de marzo del 2025, veinte años después de aquellos hechos, la familia wiwa Vega Izquierdo, hizo un llamado a rectificar y dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano, tras la entrega de los restos de aquellas adolescentes de 16, 17 y 20 años. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hicieron la entrega digna a estas tres familias de los cuerpos de tres mujeres que habían sido desaparecidas hace más de 20 años.
Dos de las víctimas eran menores de edad al momento de su asesinato, todas reclutadas siendo niñas y Elibeth pertenecía a la comunidad indígena Wiwa en la falda de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las tres jóvenes, identificadas como Claribel Rodríguez Sierra, Claudia Patricia Peña y Elibeth Vega Izquierdo, fueron asesinadas y desaparecidas forzosamente tras desertar de las filas de las Farc-EP. Fueron retenidas por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y posteriormente entregadas al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 Juan José Rondón (GMRON). Este grupo presentó a las víctimas como bajas en combate el 23 de agosto de 2005. “En ese momento, el Ejército Nacional informó que se había producido un supuesto enfrentamiento con miembros de un grupo armado en el corregimiento Los Haticos, en San Juan del Cesar – La Guajira, donde se reportaron tres bajas”, dice el comunicado de la JEP.
El hallazgo de los cuerpos se realizó en el Cementerio Central de San Juan del Cesar, donde fueron encontrados en condición de Cuerpos No Identificados (CNI) en mayo del 2024.
Esta acción se llevó a cabo bajo una medida cautelar adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, con el fin de proteger el cementerio mientras se investigan los casos relacionados con desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Desde 2021, la UBPD ha trabajado en este cementerio, identificando 71 sitios de interés y exhumando 38 cuerpos con señales de muerte violenta.
El magistrado Oscar Parra Vera, encargado del Macrocaso 03 subcaso Costa Caribe, es decir, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, explicó a EL PILÓN que la entrega de los cuerpos esqueletizados viene con explicación y responsabilidad estatal a las familias víctimas.
“Lo que hacíamos era explicarle a la familia las diversas instituciones que hemos participado: el Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la JEP, explicando el camino para la entrega digna, para la identificación de los restos. Aquí hay que decir que el uso de cementerios como el de San Juan del Cesar, al igual que el cementerio de Dabeiba y otros cementerios a lo largo del país, fueron usados para las actividades de encubrimiento de los hechos. Aquí hubo varios problemas en la forma como se hicieron algunas actividades que hubieran podido permitir identificar qué pasó o identificar a los responsables, y eso era parte del modus operandi, por decirlo de alguna manera. Aquí hubo una planeación, una ejecución y un encubrimiento de hechos”, describió Parra Vera.
Los análisis forenses realizados por Medicina Legal confirmaron que las tres víctimas presentaban heridas que sugieren que fueron ejecutadas acostadas y a corta distancia, lo que refuerza la hipótesis de que no se trató de un enfrentamiento.
Aunque en un principio la familia Vega Izquierdo quería vivir su dolor en la intimidad, también tomaron su rabia y la convirtieron en un llamado a los medios de comunicación para limpiar no solo el nombre de Elibeth, también el de su pueblo indígena, que desde aquellos hechos y por toda la región empezó la estigmatización de la etnia Wiwa.
Durante todo el acto de esclarecimiento de la verdad y entrega, los hermanos de Elibeth se vieron visiblemente afectados con la frente en alto, porque a partir del 7 de marzo del 2025 sus padres, quienes la buscaron por toda La Guajira y el Cesar, sabrán dónde está la niña de 11 años que un día salió de casa para el colegio a hacer cuarto de primaria y nunca más volvió.
Su hermano Álvaro Izquierdo dijo a EL PILÓN: “Para nosotros es algo significante en el sentido de que por muchos años, casi dos décadas fue una situación muy, muy amarga en el seno de la familia, ya que no, no teníamos, esa posibilidad de tener nuestro familiar con nosotros. Entonces, pues ya con, con el tiempo, pues en cabeza de nuestro padre, pues inició ese proceso de, de búsqueda y hasta el sol de hoy agradecido con la JEP, con la Unidad de Búsqueda y en cabeza, pues, del Estado, pues, voy a agradecer a pesar de todo, que nuestro ser querido, no esperábamos que la tuviéramos de vuelta con nosotros, nos la están haciendo entrega, pero bueno, con esa moral, con ese valor de que pueda reposar su resto en el seno de nosotros como familia”.
En el Cesar y La Guajira, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP han intensificado sus esfuerzos desde que se decretó la medida cautelar para proteger el cementerio de San Juan del Cesar. Gracias a esta iniciativa, ocho víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, han retornado a sus hogares para recibir un entierro digno.
Durante el año 2024, se logró la entrega de los restos de Alejandro Durán Hernández, oriundo de Codazzi, Cesar. En lo que va de 2025, este proceso de reparación simbólica ha continuado con la restitución de los cuerpos de Claribel Rodríguez, en Villanueva, y Elibeth Vega, perteneciente a la comunidad Wiwa de Sabanas de Joaquina, ambas en La Guajira, permitiendo así que sus familias cierren un ciclo de dolor y búsqueda.
Por: Katlin Navarro Luna /EL PILÓN