“Esos acuerdos fueron pensados en favorecer a los victimarios más que a las propias víctimas”: líder wiwa sobre fallo de la JEP
El reconocimiento de las ejecuciones de Nohemí Pacheco y Hermes Carrillo no disipa la confusión en el pueblo wiwa.
En un fallo que ha generado diversas reacciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 11 miembros de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en relación con el asesinato de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven kankuamo de 23 años. Ambos fueron presentados como bajas en combate en 2005.
La decisión se enmarca dentro de la Ruta No Sancionatoria de la JEP. La sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió la renuncia a la persecución penal a los comparecientes. Argumentando que no ostentaron la más alta responsabilidad en los crímenes. Según el comunicado oficial de la JEP, este beneficio permite a los agentes estatales “rehacer de manera efectiva su vida en sociedad”.
En contraste, Pedro Loperena, líder de derechos humanos wiwa, compartió a EL PILÓN su perspectiva sobre el Comunicado 23 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Loperena expresa una mezcla de sentimientos que incluyen sorpresa, decepción y una persistente búsqueda de justicia y reparación integral para las víctimas y sus comunidades.
“Nos llena mucho de sorpresa, verdaderamente uno analizándolo bien, ve que los comparecientes adscritos al Batallón La Popa de la Décima Brigada pues salen, vamos a decir así en una forma, salen victoriosos de los procesos que tenían en su contra, de sus procesos judiciales en el marco de la ley, que no era una ley ordinaria”, confiesa Loperena.
Ejecuciones extrajudiciales
En audiencias públicas realizadas en junio y diciembre de 2024 en Valledupar, los comparecientes reconocieron que las víctimas no eran miembros de grupos armados ilegales, sino que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales. A su vez, brindaron detalles sobre cómo fueron sacadas de su hogar y conducidas al lugar donde fueron asesinadas. Algunos, como el soldado Angulo Acensio, confesaron haber disparado contra Hermes. Otros, como el soldado Cárdenas Martínez, admitieron haber disparado contra ambas víctimas.
A estas confesiones de los soldados, Loperena asegura: “Queda un sinsabor viendo que los responsables, máximos responsables gatilleros o autores materiales, salen libres y los exoneran de todo el tipo de responsabilidades por haber aclarado lo que nosotros habíamos dicho. Vemos que allí hay una persona que la exoneran de esas responsabilidades y no estamos de acuerdo. El señor David Baquero no estamos agradecidos con que lo hayan exonerado. Sabiendo que él también hace parte de las ideas intelectuales de ese proceso. Ahora analizando también el tema de justicia restaurativa. Las familias quedan sumergidas en una inconformidad, quedan sumergidas en una en las necesidades sociales”.
Los comparecientes describieron cómo manipularon la escena para simular un combate y cómo mintieron a la justicia ordinaria para encubrir el delito. Mientras la población wiwa no entiende cómo los asesinos de sus jóvenes seguirán una vida normal. “Esos acuerdos fueron más pensados en favorecer a los victimarios que a las propias víctimas”, afirma Loperena.
Víctimas indígenas
El caso es representativo de los daños cometidos contra los pueblos indígenas en la Costa Caribe. La JEP incorporó un enfoque étnico y territorial en el proceso, “garantizando el respeto a sus derechos, cosmovisión y formas propias de justicia”. En julio de 2024, se realizó una audiencia interjurisdiccional en territorio kankuamo, donde los comparecientes pidieron perdón a las víctimas.
Esta decisión marca un avance en el proceso de justicia transicional en Colombia. La JEP busca equilibrar la necesidad de justicia con la oportunidad de reintegración para aquellos que contribuyen a la verdad y la reparación. “Queramos o no queramos este proceso de justicia transicional se va a dar y se está dando, y ya se están viendo resultados”, asegura el líder wiwa.
Además, Loperena añade que, como pueblo wiwa, han propuesto reparaciones simbólicas e integrales concretas y tangibles que permitan a las víctimas ejercer plenamente sus derechos. Sin embargo, lamenta que, mientras estas propuestas siguen en discusión, los comparecientes celebran la sentencia, liberados del temor a la justicia, a la búsqueda de empleo. “Ahora sí pueden dormir tranquilos”, lamenta Loperena.
Por: Katlin Navarro Luna/EL PILÓN