JEP urge al Gobierno Nacional a cumplir compromisos financieros para proyectos restaurativos y sanciones propias en la Costa Caribe
La JEP revisó en Valledupar los avances de nueve proyectos restaurativos clave para víctimas del conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso importante, el viernes 6 de junio en Valledupar, con la consolidación de la justicia restaurativa en la Costa Caribe, tras una jornada de trabajo en Valledupar con autoridades del Cesar y La Guajira. La reunión busca articular esfuerzos para materializar proyectos restaurativos y facilitar la imposición de sanciones propias a los máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas por parte de los actores del conflicto armado colombiano.
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La reunión, liderada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, contó con la participación del secretario ejecutivo Harvey Suárez, la magistrada Ana Ochoa, la magistrada auxiliar Paola Acosta y el subdirector del Sistema de Justicia Restaurativa, Julián Guerrero. Por el lado local, asistieron la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán; el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán; la asesora de Paz, Juana Pacheco, y el párroco Íver Alfonso de la Cruz.
Compromiso institucional y proyectos en marcha
Durante la instalación del diálogo territorial en la Gobernación del Cesar, la gobernadora Sanjuán expresó su respaldo a la labor de la JEP: “Quiero que tenga la claridad que con lo que nos comprometamos vamos a cumplir”, aseguró la mandataria, reiterando la disposición de su administración para reconstruir el tejido social y aportar a la paz.
En entrevista con EL PILÓN, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la reunión como “muy provechosa” y detalló los avances en los proyectos restaurativos que serán incluidos en la próxima sentencia de la jurisdicción, prevista para los próximos meses.
“Hicimos una revisión de cada uno de esos proyectos y concertamos varias reuniones para afinar la materialización de cada uno”, explicó Ramelli.
Entre los proyectos destacados se encuentra el Centro de Armonización en territorio Kankuamo, para el cual la gobernación ya ha avanzado en diseños y la alcaldía ofreció un lote para su construcción. Este espacio busca ser un lugar de encuentro, memoria y sanación para las víctimas.
Asimismo, se acordó la creación de una casa multipropósito “Sanando Memorias” en Valledupar, con terreno aportado por la alcaldía y estudios técnicos a cargo de la gobernación. Otro proyecto relevante es el Mausoleo de Memoria en el Cementerio Eccehomo, que actualmente cuenta con una medida cautelar para la protección y conservación de cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
Sanciones propias y participación de responsables
La JEP prevé que la sentencia contemple al menos nueve proyectos restaurativos, en los que participarán los 12 máximos responsables identificados en el caso, principalmente oficiales del Batallón La Popa, implicados en 135 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas.
“Hay que mirar cuáles son sus habilidades y de qué manera pueden hacerse parte de cada uno de estos proyectos, pero lo importante es que ya han sido socializados con las comunidades”, enfatizó Ramelli.
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Las sanciones propias combinan restricciones de derechos con componentes restaurativos, permitiendo que los responsables contribuyan activamente a la reparación de las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica.
Llamado al Gobierno Nacional
Tanto la Gobernación como la Alcaldía reiteraron su disposición y aportes, pero insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con los recursos prometidos para la ejecución de las sentencias.
“Las entidades territoriales no pueden asumir todo el costo del cumplimiento de las sentencias. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con el ofrecimiento de recursos”, subrayó Ramelli.
La JEP también destacó la coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y recordó que, además de los casos relacionados con la fuerza pública, se investigan hechos cometidos por excomandantes de las FARC en la región Caribe.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN