Salvo los nombramientos de Guillermo Botero en el Ministerio de Defensa Nacional y el de Alicia Arango en el Ministerio del Trabajo, sobre los cuales tengo mis reservas, considero que el presidente electo, Iván Duque, acertó en buena medida en la conformación del gabinete que lo acompañará, al menos, en el inicio de su mandato constitucional.

En las designaciones hay fuertes matices de academia, tecnocracia y buen servicio público. Personalmente, recibí con agrado el de Carlos Holmes Trujillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, José Manuel Restrepo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el de Jonathan Malagón en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este último es la cuota guajirocesarense.

La costumbre política y/o burocrática en Colombia ha sido que cada vez que se elige un nuevo presidente, este gobierne de la mano de fuerzas importantes del legislativo, la ya conocida coalición de gobierno, razón por la cual veníamos acostumbrados a que, por ejemplo, ciertos ministerios fueran otorgados a adeptos de partidos y movimientos políticos, tradición que, al parecer, no fue seguida por Iván Duque. Por ahora, ciertas fuerzas políticas se quedaron con las ganas de un escaño en el nivel ministerial, sin duda, buscarán participación en otros escenarios.

Por lo anterior, el nuevo presidente tiene un reto de carácter políticoadministrativo: el control y la vigilancia que debe hacérsele al desarrollo de la ‘Desconcentración territorial’, figura del Derecho Administrativo consistente en la “radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal de organismos o entidades administrativas” (Ley 489/98), inspección esta que debe ir dirigida especialmente a la designación de sus directores a nivel regional y todo lo concerniente a procedimientos contractuales. La gerencia y la contratación son dos aspectos que están propensos a los nefastos virus de la corrupción y la politiquería.

El germen de la corrupción ha permeado tanto la esfera de la descentralización administrativa, como lo explica el profesor Jaime Castro en su más reciente columna: “Mafias políticas se tomaron entidades territoriales”, como la de la desconcentración territorial de establecimientos públicos como el SENA y el ICBF, lo que evidentemente ha distorsionado el fin de esta limitante a la excesiva centralización, llevar la oferta institucional de entidades públicas desde el centro hasta la periferia y erradicar la ausencia de Estado existente en algunas regiones.

El reto está sobre la mesa, si el nuevo presidente actúa con la misma verticalidad que lo hizo con el nivel ministerial, será un gran paso para contravenir el Statu Quo.

Por Camilo Pinto-@camilopintom