Las declaraciones del representante Ape Cuello en el Concejo de Valledupar, quien calificó la intervención de Emdupar como un error, son, no solo desafortunadas, sino que también ponen de manifiesto un desconocimiento acerca de la dura realidad que enfrentaba la empresa. La decisión de intervenir a Emdupar no fue arbitraria ni se basó solo en datos que se dieron durante la pandemia, sino que fue una medida urgente para prevenir el colapso de una entidad que había estado en crisis durante más de 8 años antes de la pandemia, poniendo en peligro el servicio público en Valledupar.

Durante un largo tiempo, Emdupar acumuló una lista de múltiples de problemas: inversiones sin ejecutar por 97 mil millones de pesos, una cartera morosa que superaba los $88 mil millones y un índice de agua no contabilizada (IANC) de más del 55 %. A esto se le sumaban serias deficiencias en la calidad del agua, un sistema tarifario mal implementado y una gestión administrativa deficiente. La deuda con empleados, acreedores y organismos de control seguía creciendo, comprometiendo la continuidad del servicio.

El 2 de marzo de 2023, la SSPD tomó posesión de Emdupar bajo la Resolución No. SSPD-20231000173785, y más tarde, el 28 de junio de 2024, mediante la 20241000312505, se modificó la modalidad de intervención con fines liquidatorios-etapa de administración temporal. Esta decisión se basó en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, que establece que una empresa puede ser intervenida si no puede garantizar la calidad y continuidad del servicio. Desde entonces, hasta noviembre de 2023, los resultados han sido evidentes: el último informe mostró mejoras en la gestión financiera, optimización técnica y una reducción de las pérdidas de agua.

No obstante, la estabilidad de Emdupar sigue en juego. Actualmente, se habla de devolver la empresa a la administración municipal, lo que representa un enorme riesgo. La historia ha demostrado que la gestión local no ha sido capaz de manejarla de manera eficiente. Devolverla sin una reestructuración adecuada podría significar su colapso definitivo y afectar gravemente a los usuarios.

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Además, la Alcaldía de Valledupar está bajo la Ley 550 de 1999 (reestructuración de pasivos), lo que limita su capacidad de administrar la empresa sin inyecciones de capital que, hasta ahora, no están aseguradas. La posible devolución de Emdupar genera múltiples interrogantes que aún no tienen respuestas claras. Uno de los principales riesgos es que la SSPD esté considerando transferir la empresa sin haber resuelto los problemas estructurales que llevaron a su intervención.

Sin un saneamiento financiero y técnico adecuado, la empresa podría volver a colapsar, impactando seriamente la prestación del servicio a miles de usuarios. La falta de claridad sobre los recursos económicos necesarios y la trazabilidad en el tiempo para su operación también pone en duda la viabilidad de su devolución.

Si el Gobierno Nacional no establece de manera clara los recursos que se destinarán al saneamiento de Emdupar, el riesgo de un colapso financiero inminente es real. Además, la falta de transparencia y una gestión adecuada durante esta intervención suscitan inquietudes. Desde el informe de noviembre de 2023, que se compartió a mediados de 2024, no se han presentado detalles sobre cómo se están utilizando los recursos, ni se ha garantizado un plan sostenible a mediano y largo plazo para la empresa.

Otro punto de debate es la designación del coronel retirado José Luis Palomino López como interventor temporal (¿por cuánto tiempo es el encargo?). Su escasa experiencia en la gestión de servicios públicos y el hecho de no haber sido seleccionado de la lista de elegibles de la SSPD generan dudas sobre los criterios que llevaron a su nombramiento, según la Resolución No. SSPD-20241000299395 del 24 de junio de 2024. Sin desmeritar la aceptable gestión que bien realizando.

Ante esta situación, es menester que las autoridades competentes tomen acciones inmediatas para evitar que Emdupar caiga nuevamente en la crisis que propició su intervención. En este sentido, se deben considerar las siguientes medidas:

1. A la Procuraduría General de la Nación que cumpla su función preventiva e investigue posibles irregularidades en la intervención y el retorno de Emdupar, incluyendo la designación del agente especial.

2. A la Contraloría General de la República que realice una auditoría especial sobre los fondos utilizados en la intervención y exija un informe financiero detallado a la SSPD.

3. Al Gobierno Nacional que aclare los recursos que se asignarán para el saneamiento de la empresa antes de su retorno y evite cargar al municipio con una deuda insostenible.

4. A la Defensoría del Pueblo que asegure el derecho de los ciudadanos al agua potable y demande la participación de la comunidad en las decisiones.

5. A las entidades de control y a la comunidad que se convoque a una audiencia pública con la participación de organismos de control, la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, la SSPD y la sociedad civil para discutir el futuro de Emdupar con plena transparencia.

6. A la alcaldía municipal y la Gobernación que informen sobre los recursos disponibles sin comprometer los futuros para sostener la empresa, en caso de que el Gobierno Nacional no cumpla con los recursos necesarios para su recuperación.

No podemos permitir que Emdupar sea administrada nuevamente sin un plan serio que asegure su viabilidad. La intervención fue un paso necesario, positivo y oportuno, pero dejar su futuro en manos de alguien sin experiencia y devolverla sin una estrategia clara podría echar por tierra todo el esfuerzo realizado. Ahora no es el momento de retroceder, es el momento de actuar con responsabilidad.

Por Erney Galván, vocal de control