En las invasiones Tierra Prometida y Enmanuel, desalojar debió ser la orden de los mandatarios, pero albergar fue la de la Corte Constitucional. Sin embargo, la falta de sitios especiales para esta acción ‘atan’ a los mandatarios de turno que, hasta el momento, han incumplido con el fallo proferido por la máxima instancia para reubicar a las familias desplazadas y vulnerables de dos de las 11 invasiones de la capital del Cesar.
El órgano jurisdiccional ordenó el 16 de diciembre de 2011, el desalojo y reubicación en albergues de los ocupantes de dichas invasiones, sin embargo el fallo se incumplió.
En la audiencia de rendición de gestión a la que fueron llamados el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar mostró preocupación por esta situación, ante lo cual se estableció mediante un convenio tripartita entre Municipio, Departamento y Unidad para las Víctimas, que hasta el 13 de mayo de 2015, los mandatarios tienen límite para suscribir el acta de inicio de la construcción de los albergues que necesita, casi que urgente, la población.
