Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, por presuntamente orquestar un detrimento patrimonial por más de $13.200 millones, a través de la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y del transporte escolar, durante su administración pública en el vecino departamento.

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Ballesteros Valdivieso, quien estuvo en el cargo entre 2014-2015, fue responsabilizado de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado en favor de terceros.

Uno de los contratos investigados fue celebrado el 19 de marzo de 2015 con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, al que le fue adicionado un presupuesto de $41.064.418.760 y presentó 11 deficiencias en estudios técnicos.

“Se detectaron supuestas inconsistencias como falta de rigurosidad en los estudios previos, deficiencia en las etapas precontractual, contractual y sobrecostos por más de $13.200 millones que estarían representados en el incremento del valor de las raciones alimentarias”, manifestó Gabriel Jaimes Durán, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Además, no sustentaron los costos, números de raciones de alimentos, instituciones y cantidad de alumnos beneficiados; tampoco realizaron una consulta previa con los pueblos indígenas, ni dispusieron de lugares adecuados para que los estudiantes tomaran los alimentos, por lo que, en muchos casos, lo hicieron en las aulas, de pie, en el piso o al aire libre.

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En cuanto a los precios de las raciones, según la Fiscalía, se pagó $1.759 por cada unidad y no los $971 establecidos por el Ministerio de Educación. Mientras que por el almuerzo el valor por unidad fue de $2.097 y no los $1.320 establecidos.

TRANSPORTE ESCOLAR

El otro contrato fue suscrito el 6 de mayo de 2015 con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’ para el transporte escolar. “En este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y mediante diferentes actuaciones, presuntamente, se favoreció a la unión temporal. El material de prueba indica que, al parecer, tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a cubrir”, precisó la Fiscalía.

Según el ente, el convenio que ascendió a $9.310.604.160 presentó tantas inconsistencias que en la prestación del servicio incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento, como por ejemplo al municipio de El Paso, Cesar.