El nuevo decreto expedido por el presidente Gustavo Petro para redefinir la denominada “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026, revive un debate complejo sobre autonomía indígena, ordenamiento territorial, consulta previa, seguridad jurídica y alcance de las competencias del Ejecutivo. La controversia surge luego de que el Consejo de Estado anulara el Decreto 1500 de 2018, expedido en volandas, cuando ya estaba con un pie en el estribo para partir, por el expresidente Juan Manuel Santos, por vicios jurídicos relacionados, principalmente, con la ausencia de consulta previa integral y problemas de cartografía oficial.
Entre las principales inconveniencias y dudas jurídicas que se plantean frente al nuevo decreto se destacan las siguientes: en primer lugar, persisten dudas sobre la consulta previa efectiva. El principal argumento que llevó a la nulidad del Decreto anterior fue que no se agotó adecuadamente el proceso de consulta previa con todas las comunidades potencialmente afectadas, incluyendo comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos asentados dentro del polígono de influencia de la denominada Línea Negra.
Aunque se anunció la apertura formal de una nueva consulta previa, persisten interrogantes sobre la representatividad de todos los actores involucrados, el alcance territorial exacto de las consultas, el tiempo real para surtir un proceso amplio y técnicamente sólido y la posibilidad de demandas futuras por eventuales exclusiones. Por su parte, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado que la consulta previa no puede ser meramente formal, sino libre, informada y de buena fe.
