EL PILÓN conoció un documento oficial que revela que la Gobernación del Cesar firmó una adición contractual por 23.187 millones de pesos para la construcción de la Avenida del Río Guatapurí, una inyección de recursos obligada por omisiones en los estudios y diseños originales de la obra.
Así, la obra pasará de 155.979 millones a costar más de $180.000 millones, sumando la interventoría y los estudios. El anexo técnico que justifica este aumento presupuestal confiesa que los estructuradores del proyecto no contemplaron adecuadamente el comportamiento histórico ni la cota de inundación del río Guatapurí.
Esta falla de cálculo implicaba un riesgo directo para la estabilidad y durabilidad de la vía. Para evitar que el agua destruya el pavimento en el futuro, ahora el contratista deberá instalar rellenos especiales para elevar el nivel de toda la carretera por encima de esa cota de inundación.
¿Varios errores en la planeación?
A este problema hidráulico se sumó un serio obstáculo bajo tierra. Las inspecciones en la zona confirmaron que el corredor vial presenta altos niveles de materia orgánica y contaminación, producto de la disposición no autorizada de basuras a lo largo de los años. El suelo actual afecta negativamente la capacidad de soporte de la estructura , obligando a los constructores a realizar una excavación profunda para retirar todo el material inservible y reemplazarlo con gruesas capas de pedraplén y tierra seleccionada.
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El documento también deja en evidencia un enorme olvido de la planificación urbana. El alcance inicial del contrato dejó por fuera la construcción de las bocacalles y el acceso principal a la nueva avenida por el sector de la calle 44, conocido como el Canal de Panamá.
Ahora, la administración departamental reconoce que estas conexiones no fueron contempladas y resultan indispensables para que el sistema vial realmente opere, por lo que decidió incluirlas de urgencia en esta adición.
¿Qué dice la Gobernación del Cesar?
El secretario de Infraestructura del departamento, Jorge Maestre, dio a conocer cómo se determinó la necesidad de la adición. “Fue la conclusión que se derivó de la etapa de revisión y ajustes a diseños. La Interventoría avaló el requerimiento de mayores cantidades y garantizar desde el inicio de la etapa de construcción una adecuada ejecución del mismo conforme a las condiciones reales del terreno y a los requerimientos técnicos del proyecto, por eso procedimos a realizar la modificación.
Al ser consultado sobre por qué fallaron los estudios, señaló: “La adición de un contrato de obra por mayores cantidades no constituye, per se, una vulneración del principio de planeación, en la medida en que este principio exige la elaboración de estudios y diseños previos serios y suficientes, mas no la previsión absoluta de todas las variables técnicas, geológicas que pueden surgir durante la ejecución contractual. En los contratos de obra pública, sobre todo aquellos que involucran intervención directa sobre el terreno, las cantidades de obra inicialmente estimadas casi siempre presentan variaciones derivadas de condiciones reales“.
