Han transcurrido casi 3 meses desde que la Gobernación del Cesar adjudicó el contrato para construir la Avenida del Río. Las promesas de convocar mesas técnicas con actores de la sociedad civil aún no se cumplen, pero entretanto, se adelantan los conceptos jurídicos y urbanísticos que habilitarán sin reparos el avance de esta obra, que no está contemplada en los planos del POT vigente, ni en el plan vial departamental, pero que, a pesar de esto, obtuvo el respaldo de la Alcaldía.
En recientes declaraciones, el secretario de Obras del departamento insistió en que la vía se hará sí o sí porque esto permitirá “rescatar a un sector que lleva más de 30 años en el olvido”. La situación social de las personas que habitan la margen derecha del Guatapurí es la gran motivación para un proyecto que, aunque se insista en interpretaciones acomodadas de la norma, la vulnera. Es una intervención a gran escala que promete mejorar las condiciones de esas comunidades, pero que en realidad las instrumentaliza para justificar una vía arbitraria.
De los nueve kilómetros de pavimento que contempla la Avenida del Río, menos de la tercera parte corresponde a tramos que impactan directamente a los barrios y asentamientos de la margen derecha, principalmente el tramo 4. El resto del trazado, en especial los tramos 1, 2 y 3, atraviesa predios cuyo valor podría incrementarse después de la obra, pero que hoy no presentan condiciones críticas y cumplen una función en la protección del río. ¿No es posible entonces intervenir esos barrios, que representan menos de una tercera parte del trazado, sin abrir una vía por todos los demás lotes que hoy están entre la carrera cuarta y el río y que hacen parte de la zona de protección?
