A través de un oficio con fecha del 1° de noviembre, el inspector de Policía de Valledupar, Óscar Eduardo Pimienta, anunció y citó a las familias que habitan en el lote Idema a una audiencia pública para dialogar sobre la situación del predio, teniendo en cuenta que el lugar pertenece al municipio y estas personas, durante más de 15 años, han vivido allí.

No obstante, este 2 de noviembre durante la reunión, el inspector de Policía ordenó a las más de 60 familias que viven en el lote desalojar el predio en un término de 5 días, contados a partir de la toma de la decisión. “Entendiendo que este es un bien fiscal que está ocupado por particulares, independientemente de su procedencia, raza o nacionalidad, es una situación que no se puede seguir presentando; por eso la Inspección de Policía ordena la restitución del derecho a favor del municipio, por tanto, las personas que se encuentran dentro del predio lo deben desocupar en un tiempo no mayor a 5 días”. 

Ante la decisión, las personas que viven en el predio argumentaron que no tienen para dónde mudarse y que no cuentan con los recursos económicos para rentar una casa, por lo que piden una alternativa a la administración municipal. “Un arriendo no vale 60.000 pesos, como mínimo cuesta $300.000 y nosotros no tenemos para pagarlo”, alegaban algunos, agregando que esta fue la primera reunión en la cual dialogaron sobre el tema, “anteriormente venían y hablaban entre ellos mismos, y luego se iban”.

La diligencia fue acompañada por la Inspección de Policía, la Policía Nacional, la Personería de Valledupar y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Fonvisocial. Cabe resaltar que la reunión no contó con la participación de Migración, Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, entidades encargadas de velar por los derechos de las personas. 

Greidy Pérez, quien habita hace 11 años en el lote con sus 3 hijos y esposo, acotó: “Tengo gallinas, puercos y caballos, ¿para dónde me voy a ir con todo eso? Soy desplazada, nos están vulnerando todos nuestros derechos, 5 días es poco tiempo para salir de acá, ni siquiera nos dan una ayuda. Ellos porque tienen sus casas y salarios, pero nosotros no, nosotros vivimos del día a día”.

Sin embargo, a pesar de los llantos y súplicas de estas personas, la decisión tomada no tiene marcha atrás. “No está en discusión que las familias están sobre un predio estatal y el usufructo por parte de particulares también podría entenderse como detrimento patrimonial, y más aún, cuando es sin la autorización de la entidad que ostenta la propiedad del predio”, agregó el inspector.

“He sido desplazada por la violencia dos veces, y esto que nos hacen es también un desplazamiento forzado. Yo tengo 4 niños, no tengo para dónde irme, no tengo trabajo firme”, expresó Diana Cecilia Pérez. 

¿EN QUÉ CONDICIONES VIVEN ESTAS FAMILIAS?

Estas familias, que en su mayoría son personas desplazadas por el conflicto armado, adultos mayores, niños, migrantes y mujeres embarazadas, viven de la informalidad o rebusque, de actividades agrícolas y pecuarias. Debido a estas actividades de sustento diario habitan con animales de todo tipo, desde cerdos hasta caballos y gallinas; como resultado de eso cuentan con ‘cocherizas’ y chiveras, que sin duda afectan la salud. 

“Hay muchos niños que no pueden vivir en estas condiciones. Muchas de estas personas ya han tenido subsidios, se les ha dado casa y algunos las arriendan o venden y vienen nuevamente y se meten acá. Estar aquí es un detrimento patrimonial. Una persona que tenga 30 cerdos tiene cómo vivir”, indicó Carmen Cecilia Gutiérrez, gerente de la Comercializadora Mercabasto.

¿POR QUÉ DEBEN DESOCUPAR?

En el predio se contempla construir 576 viviendas de interés social, infraestructura requerida para los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en el año 2022, es por eso que el sitio debe quedar libre de ‘invasores’ para dar inicio al proyecto. Hay que resaltar que las familias reconocen que el Idema es propiedad del municipio, aseguran que su intención no es ir en contravía de eso, sin embargo, esperan que las autoridades les brinden alternativas para no quedar a la deriva y sin un techo donde pasar las noches.

Finalmente, algunas de las personas que residen en el lote afirmaron que no desalojarán porque no tienen a dónde ir, de este modo, esperan que transcurran los 5 días que les determinaron para ver qué pasará con ellos.

Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN 

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