Una crisis golpea la puerta de la multinacional Cerrejón que opera una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en La Guajira. Se trata de una demanda que estudia el Consejo de Estado, presentada por dos comunidades de La Guajira (Paradero y Gran Parada), cuatro ONG nacionales (Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT) y tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia).
Esta demanda de nulidad simple esta argumentada de esta forma: falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales; afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños; desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.
En dialogo con EL PILÓN, el presidente de Cerrejón, Guillermo Fonseca Onofre, expresó su preocupación pues considera que esta demanda, de ser aceptada y por consiguiente suspendida la operación, no solo afectaría a la multinacional sino que generaría un precedente que afecta a todas las operaciones mineras del país.
