Por Andrés Llamas Nova

Dos hombres se encadenaron, ayer por la mañana, en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, como símbolo de protesta; portaban banderas, pancartas y otros documentos para evidenciar que su manifestación está destinada a solicitarles a las autoridades que los protejan de las amenazas de las bandas criminales.

Emilio Carreño era uno de los manifestantes, él aseguró que viene desde el municipio de El Difícil, Magdalena, y se desplazó a Valledupar, huyendo de las amenazas de las que ha sido blanco desde que inició su trabajo por las organizaciones de víctimas de la violencia.

“Estoy amenazado por Los Rastrojos porque soy perteneciente de la Mesa de Fortalecimiento y Organización de Población Desplazada. El 7 de abril me enviaron un panfleto que dice que los líderes de las mesas departamentales de la región, son declarados objetivos militares por liderar el proceso de restitución de tierras”, dijo Carreño.

El líder comunal manifestó que ha agotado todos los recursos para buscar protección ante las amenazas, pero no lo ha obtenido; por esta razón, espera que en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, mandatario departamental, les preste atención.

Pero la situación de sus dos acompañantes es diferente. Célides José Márquez Sierra y Ronald Enrique Nieves Ramírez, aseguran que, por su labor con las poblaciones desplazadas, han sido encarcelados dos veces, señalados, por el extinto Coronel Ramiro Tobo Peña, como miembros del Frente 59 de las Farc, y amenazados por las bandas criminales.

“La seguridad en Colombia tiene estrato. Cuando amenazan a alguien de estrato alto tiene la protección inmediata, hoy como nosotros pertenecemos al estrato cero, uno y dos, han dado mil vueltas. Si algo nos pasa el Estado es el responsable”, dijo Márquez Sierra.

Ronald Enrique Nieves por su parte, aseguró ser el presidente de la organización no gubernamental Internacional Colombia de Desplazados y que en esta entidad lleva dos años de labores de orientación a víctimas desplazadas por la violencia.

La última amenaza dicen haberla recibido el pasado 3 de abril, en donde eran señalados de pertenecer a las Farc y al Eln, así como otros miembros de la organización comunitaria han recibido mensajes amenazantes. Por esta razón manifiestan que la protesta es indefinida y que marcharán hasta Bogotá para que el Presidente Juan Manuel Santos los escuche.