A 15 meses de su elección, las críticas se centran en el ‘estruendoso’ silencio de la Contraloría departamental, durante el 2020 y lo que va del 2021. Quienes cuestionan no piden protagonismo mediático, pero señalan que tampoco “es correcta la ausencia total” que durante todo este tiempo ha protagonizado la entidad departamental.
Cuando en enero del 2020, la Asamblea departamental eligió a Delwin Jiménez como contralor del Cesar para el periodo 2020-2021, las críticas se centraron en la cercanía comprobada entre el hoy contralor y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, sujeto de control fiscal. El actual contralor es esposo de una prima hermana del gobernador, lo cual, según los opositores, se constituía en un impedimento moral, que luego Jiménez desestimó.
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A 15 meses de su elección, las críticas se centran en el ‘estruendoso’ silencio de la Contraloría departamental durante la vigencia 2020 y lo que va del 2021. Quienes cuestionan no piden protagonismo mediático, pero señalan que tampoco “es correcta la ausencia total” que durante todo este tiempo ha protagonizado la entidad departamental.
Cabe señalar que la Contraloría es responsable de ejercer control fiscal sobre entidades ubicadas a lo largo de los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar, dentro de las cuales hay alcaldías, personerías, concejos, empresas de servicios públicos (ESP), empresas sociales del estado (ESE), instituciones educativas y otras entidades descentralizadas. Dentro de las 8 entidades sobre las que ejerce control en Valledupar están la Asamblea del Cesar y la Gobernación.
Para ejercer ese control, la Contraloría cuenta con las auditorías. Sin embargo, pasados cuatro meses del 2021 aún no es oficial, al menos en el portal web, la audiencia definitiva del 2020, realizada sobre la Gobernación del Cesar.
Siguiendo el ejemplo, en la sección de informes, la Contraloría no ha hecho público en el portal web, el informe del Comportamiento contractual del departamento del Cesar del primer y segundo semestre del 2020. El último publicado que aparece es del segundo semestre del 2019, cuando el gobernador era Franco Ovalle, y Cesar Cerchiaro el contralor.
Lo anterior pese a que el Plan General de Auditoría para la vigencia fiscal 2020 señalaba que para el 24 de diciembre del 2020 estaría lista la comunicación del informe definitivo de auditoría de la Gobernación del Cesar.
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Según las normas, dentro de las funciones de la Contraloría departamental está evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el departamento y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden departamental y municipal bajo su control. La pregunta que se hacen muchos cesarenses es ¿qué ha pasado durante estos 15 meses?
De los resultados que muestren desde la entidad durante la rendición de cuentas citada para el 23 de abril, dependerá si se desmiente o se reafirma la polémica por el ‘silencio’ de la Contraloría. Porque, siguiendo con los ejemplos, informes sobre el estado financiero del departamento del Cesar no se publican desde el 2018.
Al igual que Jiménez, la elección del excontralor Cesar Cerchiaro fue cuestionada por haber sido gerente de la campaña del exgobernador del Cesar, Francisco Ovalle. Además, el excontralor había sido secretario General del departamento durante el primer mandato de Luis Alberto Monsalvo.
En el caso de Cerchiaro, cercano a Monsalvo, la Procuraduría General reprochó su actuación cuando era secretario General del departamento por presuntamente haber vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir un estudio previo en un contrato. La Procuraduría advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes.
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De los once diputados, el día de la elección de Jiménez dos se declararon impedidos: en primer lugar el diputado Jorge Barros Gnecco por encontrarse en una causal de impedimento al tener una relación de cuarto grado de consanguinidad con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Luego presentó la proposición de impedimento el diputado José Mario Rodríguez. En este caso porque Delwin Jiménez había sido su apoderado en años anteriores.
En favor del exsecretario de Gobierno del Cesar, bajo el gobierno de Francisco Ovalle, y exdelegado del Ministerio del Trabajo en el Cesar, votaron los diputados Miguel Ángel Gutiérrez, Robinson López, Camilo Lacouture, Jesús Moscote, Nuris Obregón; mientras que los diputados Quintín Quintero, Claudia Margarita Zuleta y Petrona Romero votaron por Carlos Alberto Araméndiz.
A 15 meses de su elección, las críticas se centran en el ‘estruendoso’ silencio de la Contraloría departamental, durante el 2020 y lo que va del 2021. Quienes cuestionan no piden protagonismo mediático, pero señalan que tampoco “es correcta la ausencia total” que durante todo este tiempo ha protagonizado la entidad departamental.
Cuando en enero del 2020, la Asamblea departamental eligió a Delwin Jiménez como contralor del Cesar para el periodo 2020-2021, las críticas se centraron en la cercanía comprobada entre el hoy contralor y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, sujeto de control fiscal. El actual contralor es esposo de una prima hermana del gobernador, lo cual, según los opositores, se constituía en un impedimento moral, que luego Jiménez desestimó.
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A 15 meses de su elección, las críticas se centran en el ‘estruendoso’ silencio de la Contraloría departamental durante la vigencia 2020 y lo que va del 2021. Quienes cuestionan no piden protagonismo mediático, pero señalan que tampoco “es correcta la ausencia total” que durante todo este tiempo ha protagonizado la entidad departamental.
Cabe señalar que la Contraloría es responsable de ejercer control fiscal sobre entidades ubicadas a lo largo de los 25 municipios que conforman el departamento del Cesar, dentro de las cuales hay alcaldías, personerías, concejos, empresas de servicios públicos (ESP), empresas sociales del estado (ESE), instituciones educativas y otras entidades descentralizadas. Dentro de las 8 entidades sobre las que ejerce control en Valledupar están la Asamblea del Cesar y la Gobernación.
Para ejercer ese control, la Contraloría cuenta con las auditorías. Sin embargo, pasados cuatro meses del 2021 aún no es oficial, al menos en el portal web, la audiencia definitiva del 2020, realizada sobre la Gobernación del Cesar.
Siguiendo el ejemplo, en la sección de informes, la Contraloría no ha hecho público en el portal web, el informe del Comportamiento contractual del departamento del Cesar del primer y segundo semestre del 2020. El último publicado que aparece es del segundo semestre del 2019, cuando el gobernador era Franco Ovalle, y Cesar Cerchiaro el contralor.
Lo anterior pese a que el Plan General de Auditoría para la vigencia fiscal 2020 señalaba que para el 24 de diciembre del 2020 estaría lista la comunicación del informe definitivo de auditoría de la Gobernación del Cesar.
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Según las normas, dentro de las funciones de la Contraloría departamental está evaluar la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el departamento y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del orden departamental y municipal bajo su control. La pregunta que se hacen muchos cesarenses es ¿qué ha pasado durante estos 15 meses?
De los resultados que muestren desde la entidad durante la rendición de cuentas citada para el 23 de abril, dependerá si se desmiente o se reafirma la polémica por el ‘silencio’ de la Contraloría. Porque, siguiendo con los ejemplos, informes sobre el estado financiero del departamento del Cesar no se publican desde el 2018.
Al igual que Jiménez, la elección del excontralor Cesar Cerchiaro fue cuestionada por haber sido gerente de la campaña del exgobernador del Cesar, Francisco Ovalle. Además, el excontralor había sido secretario General del departamento durante el primer mandato de Luis Alberto Monsalvo.
En el caso de Cerchiaro, cercano a Monsalvo, la Procuraduría General reprochó su actuación cuando era secretario General del departamento por presuntamente haber vulnerado el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir un estudio previo en un contrato. La Procuraduría advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes.
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De los once diputados, el día de la elección de Jiménez dos se declararon impedidos: en primer lugar el diputado Jorge Barros Gnecco por encontrarse en una causal de impedimento al tener una relación de cuarto grado de consanguinidad con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Luego presentó la proposición de impedimento el diputado José Mario Rodríguez. En este caso porque Delwin Jiménez había sido su apoderado en años anteriores.
En favor del exsecretario de Gobierno del Cesar, bajo el gobierno de Francisco Ovalle, y exdelegado del Ministerio del Trabajo en el Cesar, votaron los diputados Miguel Ángel Gutiérrez, Robinson López, Camilo Lacouture, Jesús Moscote, Nuris Obregón; mientras que los diputados Quintín Quintero, Claudia Margarita Zuleta y Petrona Romero votaron por Carlos Alberto Araméndiz.