En la mesa de trabajo que se estableció entre los directivos penitenciarios y los entes gubernamentales para crear estrategias que disminuyan el hacinamiento en las cárceles de la ciudad, el Gobierno Municipal propuso la compra de un predio más amplio a las afueras de la ciudad para trasladar la Cárcel Judicial fuera del área urbana y de esta forma tener una mayor capacidad para el número de condenados y sindicados.

Según el Inpec este centro de reclusión tiene una sobrepoblación de 738 privados de la libertad porque su capacidad es para 256 personas.

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Según Ciralis Zequeira, subdirectora de la Cárcel Judicial, en el centro penitenciario hay hacinamiento porque se sobrepasa la calidad pero donde se presenta de una forma mayor esta problemática es en las URI, el CTI y las estaciones de Policía de los municipios debido a que al no tener más espacios para para privados de la libertad la cárcel no puede recibir más sindicados.

Como medida para alivianar el hacinamiento presente en la Cárcel Judicial, la municipalidad decidió iniciar una serie de traslados de algunos reclusos al Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad conocida coloquialmente como ‘La Tramacúa’, donde actualmente hay 1.109 hombres condenados y 328 sindicados.

Este recinto tiene una población de 1.438 y una capacidad de 1.452 lo que significa que hay disponible hasta la fecha 14 cupos para privados de la libertad.

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De acuerdo con el Inpec, en la Cárcel Judicial hay 627 hombres sindicados y 54 mujeres para un total de 681 ciudadanos, caso contrario de los condenados que son 284 hombres y 24 mujeres. Estas cifras permiten inferir que el número de condenados no llega a ser ni la mitad de los reclusos que viven en esta cárcel que tiene una sobrepoblación de 288.3 %.

El hacinamiento en los centros penitenciarios y las estaciones de Policía en la ciudad de Valledupar es producto del número de sindicados que permanecen recluidos a la espera de una condena según el director general del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime quien señala que para que haya una solución a esta problemática se debe trabajar de la mano con los jueces locales porque son ellos los que aplican las políticas criminales penitenciarias a los sindicados que son trasladados a las cárceles y estaciones de Policía.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia de la Corte, la falta de una defensa penal en los procesos de judicialización y la aplicación inadecuada de los beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, producen el hacinamiento de sindicados de hasta tres años en las cárceles que no tienen su situación judicial indefinida.

Para frenar esta problemática en enero de 2014 se expidió la Ley 1709, la cual alberga unos mecanismos para disminuir la sobrepoblación en las cárceles pero según las cifras el hacinamiento continúa siendo una problemática latente.

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Esta ley establece que es responsabilidad de los entes territoriales, alcaldes y gobernadores invertir en las mejoras infraestructurales de las cárceles y construir más si es necesario para garantizar los derechos de los privados de libertad. Pero el número de sindicados sigue aumentando porque los entes gubernamentales no se han apropiado de esta responsabilidad según el director del Inpec.

Por medio de las propuestas que hizo la municipalidad en la mesa de trabajo que estuvo conformada por el director general del Inpec, brigadier general Norberto Mujica Jaime, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, el cuerpo administrativo del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, y el secretario de Gobierno, Luis Galvis, los familiares de los privados de la libertad esperan que el hacinamiento en las cárceles de Valledupar y la estaciones de Policía disminuyan para que mejore las condiciones de los reclusos.

Por: Namieth Baute Barrios / EL PILÓN