-¡Nos van a matar!, ¡no!, ¡déjame!. 

Trato de agarrarlo del brazo para convencerlo de que no es real, que está a salvo conmigo, pero no lo logro. Su llanto me remueve en lo más profundo de mi alma porque, aunque quiero transmitirle seguridad y confianza no la tengo. Los disparos de anoche aún retumban en mi cabeza y los escucho rebotar en las tablas de la casa. 

Le susurro que mañana todo será mejor. Que podrá salir a jugar, pero que no pise el manantial verde, que no hable con el hombre que se sienta en el banco y se aleje de las bolsas negras que hipnotizan a las moscas. ‘Puedes salir mi niño, pero ten cuidado con el mundo que está a la expectativa por devorarte’.

Este relato que usted acaba de leer es el diario vivir de cientos de madres que viven en la invasión Los Guasimales, ubicada al noroccidente de Valledupar, en donde residen más de 900 familias de acuerdo a un censo que hizo esta población en el año 2022. 

Las viviendas no cuentan con servicios básicos domiciliarios como alcantarillado. Foto: Jesús Ochoa

En sus calles carentes de pavimentación, saneamiento básico y servicios domiciliarios, la comunidad vive en constante agonía ante un desalojo que estaría fijado para el próximo 30 de octubre del presente año en cumplimiento de la Sentencia T-946, emitida por la Corte Constitucional, la cual ordena el desalojo del predio Sabana 1 conformado por las invasiones Los Guasimales, Brisas de La Popa, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. 

De acuerdo con la ciudadana Karen García, dicha sentencia ha sido su pesadilla constante durante los últimos nueve años que lleva viviendo en Los Guasimales con sus tres hijos, y una pequeña canina que acompaña a sus pequeños en este asentamiento humano en el que viven miles de personas que lo invadieron originalmente en condición de víctimas de la violencia, desplazados y por la necesidad de un terreno donde edificar, así fuera con bolsas y cartón, un hogar. 

“Cada día me levanto de la cama pensando que al salir de la casa voy a ver la maquinaria amarilla, uniformados del Esmad, la Policía y un hombre señalando con el dedo las casas que se deben derribar. Los niños llorando y la gente suplicando que no los desalojen. Es difícil vivir con esa zozobra a diario sin la posibilidad de cambiarlo. Nosotros construimos Los Guasimales hace más de 12 años porque no teníamos donde vivir y sí, hay lugares feos, pero este es nuestro hogar”, dijo García con lágrimas en los ojos.

ZINC DE LÁGRIMAS 

Niños, niñas y adolescentes adornan en su mayoría las calles empedradas de Los Guasimales. Jugando con balones entre las aguas residuales y la basura, pasan las tardes después de llegar del colegio. Fernando Buelvas, padre de seis hijos y abuelo de 14 nietos, vive en este asentamiento humano en un improvisado “ranchito” que alberga tres familias que solo tienen un baño a su disposición, el cual carece de alcantarillado, tubería, agua potable y hasta de los elementos que hacen parte de un inodoro. 

“Tengo quince años viviendo en Los Guasimales porque no tengo para comprar una vivienda digna en otro lugar. Construimos este ranchito con madera, zinc y bolsas. Con el tiempo hice una pieza con mucho esfuerzo sumándole cada día 10, 20 ladrillos. Aquí vivimos tres familias, ocho de mis nietos y las condiciones en las que ellos se están formando son muy precarias, por eso le pido al Gobierno, la Gobernación del Cesar y a la Alcaldía que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a tener una vivienda digna”, manifestó con voz quebrada Buelvas. 

Sus habitantes viven de manera improvisada en casas que en su mayoría son hechas de tablas, bolsas plásticas y troncos de árboles. Foto: Jesús Ochoa

Este hombre de más de 50 años de edad, aseveró que ocuparon el predio porque no tenían donde vivir y que por ello piden que se materialice un acuerdo entre los entes gubernamentales y los propietarios. Acotando así que eso permitirá que las cientos de familias que viven en la invasión puedan obtener una casa y mejorar sus condiciones de vida con inversiones estructurales y sociales.  

El mismo clamor lo comparte su suegro, padre de 4 de los niños que viven en este rancho en el que también convergen troncos de árboles para sostener los techos, y hacen de postes artesanales que les llevan el fluido eléctrico a través de cables de energía improvisados que hicieron para no quedarse a oscuras en las noches.  

“Soy padre de los cuatro niños que están ahí…”, fue lo único que alcanzó a decir este padre de familia antes de que se le cortara la voz y las lágrimas le impidieran expresar su súplica por un mejor futuro para sus hijos. Los cuatro niños que estuvieron presentes durante esta entrevista realizada por el diario EL PILÓN, no se despegaron ni un segundo de su padre y su abuelo. 

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Tanto es el vínculo que tienen los miembros de esta familia, que uno de los niños al ver a su padre quebrarse ante la cámara, rompió en llanto. “Queremos pedirles que no desalojen esto. Pónganse la mano en el corazón, miren la condición en la que vivimos”, dijo uno de los niños al notar que a su padre le fallaron las fuerzas para hablar. 

CASAS DE SUEÑOS 

Durante el recorrido realizado por el diario EL PILÓN, se pudo constatar que en Los Guasimales también hay casas edificadas en material de construcción, algunas pintadas y otras en obra gris. De igual manera, locales comerciales como tiendas y peluquerías, esto ha provocado rechazo en algunos sectores de la opinión pública bajo la premisa de “si allá hay casas de hasta dos pisos. Esa gente no es tan necesitada como quieren hacer creer”, comentó un vallenato que prefirió mantenerse en el anonimato. 

Al respecto, Adis Hernández, madre de cinco hijos comentó que, aunque hay casas edificadas en Los Guasimales, eso no significa que ellos tengan recursos para comprar una vivienda o pagar un arriendo. Aseveró que con mucho esfuerzo su esposo que es albañil, pudo construir la casa en la que viven con el material que le sobraba de su trabajo y reciclando elementos para la misma. 

“A mí me da diarrea siempre que tocan el tema del desalojo porque nosotros no tenemos a donde ir. Los Guasimales es todo para nosotros. Ya tenemos una casita gracias a Dios, la construimos con un techo de segunda, reciclamos las puertas y la hemos medio pintado para tener un hogar en buenas condiciones. No todas las personas que viven aquí son malas, aquí hay gente trabajadora que lucha día a día por sobrevivir, no nos quiten los sueños de salir adelante”, argumentó Hernández. 

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Así mismo, un habitante de este sector que prefirió omitir su nombre, aseveró que hay “mucha indolencia” por parte de algunas personas que catalogan a Los Guasimales como una invasión de “aprovechados que se robaron un terreno ajeno”. 

Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a infecciones y enfermedades por las aguas residuales que cubren más del 90 % de la invasión. Foto: Jesús Ochoa

“Nosotros por vivir aquí no dejamos de ser personas. Vivimos en este predio porque no tenemos opción. Tengo dos hijos que los he levantado aquí, uno ya está cursando el grado °11 y la niña está en octavo de bachillerato. Esto les ha afectado demasiado, la niña llora y el niño que antes no paraba de hablar de que quería estudiar Derecho, ahora solo habla del desalojo. No pedimos que nos ayuden a nosotros que estamos viejos, pero sí a los niños y jóvenes que viven aquí y que se quedaran sin hogar”, dijo este vallenato con voz entrecortada.  

LA SENTENCIA 

De acuerdo con registros, el predio Sabana 1 fue invadido ilegalmente en el año 2008 por un grupo de aproximadamente 800 familias, 1.600 niños y 1.400 adultos, quienes dividieron el terreno en cuatros sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte 2.

Por tal motivo, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, actualmente fallecido, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo de los invasores que ocuparon su terreno, sin embargo, no fue posible. Posteriormente familiares del mayor Alberto Pimienta instauraron una acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar, el Departamento del Cesar y Acción Social. 

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En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, mediante la Sentencia T-946, ordenó a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y a la Cooperación Internacional, “que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente sentencia se garantice un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1″.

Sin embargo, en los 13 años posteriores a la sentencia, ninguno de los exalcaldes que tuvo la ciudad cumplió la orden de la Corte Constitucional. Los exalcaldes Luís Fabián Fernández Maestre, Fredy Socarrás, Augusto ‘Tuto’ Uhía y Mello Castro, fueron requeridos judicialmente por este desacato y durante sus administraciones continuo esta lucha jurídica entre la familia Pimienta y las miles de personas que se asentaron en el predio y se niegan a abandonarlo.

¿DESALOJO INMINENTE?

Por el incumplimiento del fallo de más de 10 años, el pasado 9 de mayo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, previa a la apertura del trámite incidental de desacato, le solicitó al alcalde municipal, Ernesto Orozco, cumplir lo ordenado en la Sentencia T-946 de 2011 en un término de cinco días. 

Tras considerar insatisfactorias las respuestas, el 24 de mayo el Juzgado abrió el incidente de desacato.  Exactamente un mes después, el 24 de junio, el Juzgado declaró en desacato a la “Alcaldía municipal de Valledupar”, y sancionó a Orozco en su condición de alcalde a 3 días de arresto y con una multa equivalente a 5 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, SMLMV, porque persistía el incumplimiento del fallo de tutela.

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En respuesta, la Alcaldía solicitó inaplicación de la sanción impuesta, argumentando que “las órdenes contenidas en el fallo de tutela eran complejas”. Por lo anterior desde el 25 de julio en la tarde, Orozco, empezó a pagar la sanción de tres días de arresto impuesta por el Juzgado.

“Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales, y vamos a ponernos a disposición de las autoridades cuando nos notifiquen. La verdad es que esta sentencia es de hace 11 años y las condiciones han cambiado totalmente. Se puede hablar de un desplazamiento legal, pero podríamos hacer una masacre, donde hay más de 30.000 personas. No estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo”, aseveró el alcalde municipal. 

Sobre la orden de desalojo, Carlos Badillo, líder de Los Guasimales, manifestó que en dicho asentamiento viven niños, niñas, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que serán vulnerados si se realiza el desalojo y que por ello le solicitan a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar hacer un acuerdo que permita la permanencia de la población. 

“Si nos toca aportar algo lo hacemos, pero por favor sentémonos en una mesa para darle solución a esta situación que tiene en agonía a las más de 30.000 personas que viven en Sabana 1”, señaló Badillo.  

Por Namieh Baute Barrios