Con ese titular, aunque pareciera, no se trata de manifestarnos sobre los hechos de ayer en que la Corte Suprema de Justicia declaró sentirse asediada por otra rama, la del poder ejecutivo. Sobre ello se hablará y escribirá a nivel nacional en los próximos días.

Aquí, esta vez, reproducimos fielmente el titular del último informe de la Veeduría ciudadana de la comunidad guajira sobre el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre las muertes de niños en la (alta) Guajira .

“Cerró el 2023 y el estado de cosas inconstitucional declarado en La Guajira por parte de la Corte Constitucional sigue ahí, tomando el carácter de inamovible e insuperable que ha girado raudo hacia su séptimo año.

“El balance reciente de los indicadores de seguimiento y evaluación de la Sentencia T-302 de 2017, ha venido dejando diferentes lecciones que aún los tres niveles de gobiernos involucrados en la implementación de sus objetivos y acciones aún no logran entender.

“La primera, está relacionada con que las 24 instituciones involucradas persisten en defenderse de la sentencia, sin asumir la responsabilidad e interés genuino por salvar las vidas en la niñez wayú.

“La segunda, es que los actores siempre determinan sus acciones sin contar con un sistema de información que permita tener éxito en la focalización e inclusión productiva. La tercera, es que las intervenciones con recursos se han multiplicado en el Departamento sin medir sus impactos, ya que la muerte recurrente de menores de 5 años por factores asociados a la desnutrición se mantiene y se siguen segando las vidas mayoritariamente de los niños indígenas”.

La Veeduría afirma que “durante el 2023 se han generado cambios en el contexto de la implementación de la Sentencia por la masiva movilización del Gobierno nacional a La Guajira”. Además de la Presidencia se vincularon una veintena de instituciones estatales y el PNUD en el territorio.

Pero siguen “centrándose en los instrumentos jurídicos para cumplir la Sentencia y no en los instrumentos y planes para mitigar y evitar la continuidad de la muerte de niños menores de cinco años asociados a la desnutrición”.

Y entra en la definición clara del indicador: “La tasa de mortalidad en menores de 5 años es el número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos para un año dado, en un determinado país, territorio o área geográfica. Al cierre del 2023 la tasa de mortalidad de menores de 5 años en la Guajira fue 1,7 veces mayor que el promedio nacional”.

“… desde el 2017 cuando se expidió la Sentencia T-302 hasta el cierre del 2023, en La Guajira han sido notificadas 425 muertes de menores de 5 años asociadas a la desnutrición, con una participación del 23,3% de los casos ocurridos en Colombia; (…) en el año 2017 el indicador relacionado con la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en La Guajira mantenía una brecha con respecto al promedio nacional de 25,8 punto y esta se ha ampliado en la actualidad llegando a 46,2 puntos, es decir, que se ha agravado la situación, la cual se ha mantenido en el 2023”.

Como se ve no se trata de un análisis subjetivo sino de indicadores reales, objetivos, que muestran la gravedad de la situación y lo sorprendente es que con tanta movilización del alto gobierno nacional se sigan dando palos de ciego.