Aunque el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez desde que está en el ‘ojo del huracán’ por falsos positivos ha insistido en haber actuado con responsabilidad durante su paso en las Fuerzas Militares, detrás suyo pesan una serie de acusaciones documentadas en un proceso penal en el que fue relacionado con el temido exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y otros personajes del departamento del Cesar. 

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Uno de los testigos en su contra es el exsuboficial del Ejército, Edwin Manuel Guzmán Cárdenas, que ante la justicia penal militar dio cuenta de las ‘movidas’ que habría tenido Mejía Gutiérrez durante su paso en la comandancia del Batallón de Artillería N°2 La Popa entre el periodo 2002-2004.

“Afirmó que el oficial del Ejército Nacional a pocos días de haber asumido el comando de la unidad militar, enero o junio de 2002, se trasladó al sitio conocido como San Ángel, departamento del Magdalena, donde se reunió con ‘Jorge 40’, Hernán Giraldo Serna, alias ‘39’, alias ‘Tolemaida’, entre otros integrantes y comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, con quienes asumió algunos compromisos de relación y cooperación entre el Ejército Nacional y esa agrupación armada ilegal”, reza el escrito de acusación realizado por la Fiscalía 14 de Derechos Humanos.

Además, el coronel presuntamente habría conformado un grupo élite en el batallón denominado ‘Zarpazo’, mediante el cual reclutaban personas para ejecutarlas extrajudicialmente y posteriormente presentarlas como dadas de baja en combate por pertenecer a grupos armados ilegales. Este colectivo aparentemente era dirigido por los entonces mayores José Pastor Ruiz Mahecha y Heber Hernán Gómez Naranjo, encargados de la coordinación operativa.

DOS CASOS

Entre las víctimas aparentemente estuvieron los civiles Carlos Alberto Pumarejo López y Edwar Cáceres Prado, quienes fueron aprehendidos y posteriormente ejecutados de manera violenta el 22 de junio de 2002. Ellos fueron presentados como el resultado de la misión táctica ‘Coraza’ por intentar, supuestamente, ingresar de manera clandestina al batallón para hurtar armas.

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Otro caso se registró el 26 de octubre del mismo año en la hacienda El Socorro ubicada en el municipio de Bosconia. En el sito se desarrolló la misión táctica ‘Tormenta 2’, en la que resultaron muertas  18 personas que eran posibles integrantes del grupo subversivo ELN.

“Sin embargo, según el denunciante, los obitados hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que por presentar problemas con el comandante alias ‘39’, fueron fusilados y entregados al comando del Batallón de artillería N°2 La Popa para ser presentados como muertos en desarrollo de combate”, añade el escrito de acusación.

LA PRESUNTA RELACIÓN CON LOS ‘PARAS’

Mejía Gutiérrez aparentemente también sostuvo reuniones con miembros de las AUC tanto en la sede de la unidad militar como en sitios del perímetro urbano y rural de Valledupar.

“Se acusa además de haber recibido un vehículo automotor y otras dádivas de la organización armada ilegal, al paso que el comando del Batallón La Popa hizo entrega, en varias oportunidades, de uniformes y armas a integrantes de la célula urbana paramilitar, con quienes se coordinó algunas operaciones militares”, puntualizó la Fiscalía.

El ente investigador estableció la existencia de comunicaciones y contacto telefónico entre Gutiérrez y alias ‘39’, bajo el alias de ‘bombillo rojo’ o a través de una persona con el alias de ‘Hugo’ para la coordinación de algunas operaciones.

De igual manera concluyó que durante el periodo de Mejía Gutiérrez como comandante del Batallón La Popa las operaciones realizadas reportaron un incremento significativo de bajas, cuyos resultados se vieron reflejados en descansos, ascensos, salidas al exterior y reconocimientos entre otros a los militares que participaban en éstas.

De ahí que durante la investigación establecieran que aparentemente Mejía era un puente entre ‘Jorge 40’ y el Ejército Nacional.

En consecuencia, el 14 de abril de 2009 la Fiscalía 14 Delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió resolución de acusación en contra de Publio Hernán Mejía Gutiérrez por el delito de concierto para delinquir.

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Junto a él también fueron acusados José Pastor Ruiz Mahecha, Aureliano Quejada, Efraín Andrade Perea, Nelson Javier Llanos Quiñonez y Oscar Enrique Ramos Ávila. 

No obstante, Nelson Javier Llanos fue declarado inocente de los cargos, mientras que los demás fueron condenados en primera instancia a 19 años y 6 meses de prisión por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.  

Por tal razón, el coronel (r) Mejía estuvo recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá hasta que en noviembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad con motivo a que logró cumplir con todos los requisitos para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La semana pasada esta jurisdicción responsabilizó a Mejía por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, así como también de crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas.

Sin embargo, el oficial Hernán Mejía, natural de Villavicencio, en una versión entregada insistió en haber actuado en el marco de la ley. “Ordené operaciones claras, legales, precisas y concisas y mis instrucciones eran que jamás podíamos permitir que cayera un inocente o que hirieran a nuestros hombres en una operación. No conocí de ese vínculo (con los ‘paras’), no conocí que les entregaran muertos a mis hombres, pero lógico yo no tenía el don de la ubicuidad. Yo tenía que confiar en su buena fe, pero por parte del comandante nunca hubo una instrucción de cometer un acto ilegal. ¡Jamás!”, relató.

POR: REDACCIÓN EL PILÓN.