Por Carlos Guillermo Ramírez

En Colombia es muy común, que las historias se repitan. En esta oportunidad me refiero a las privaciones injustas de la libertad por “error judicial” que ya son muy comunes y que de hecho, ocasionan daño moral y patrimonial a quienes  lo padecen y por consiguiente, le generan demandas al Estado que se traducen en jugosas condenas a título de indemnizaciones a favor de todos los familiares afectados con esa medida, derivada de una falla en el servicio Judicial.

Años atrás vivimos el caso de Jubiz Hazbum, quien luego de permanecer cuatro (4) años en prisión acusado de la muerte de Luis Carlos Galán, la justicia lo declaró inocente; meses atrás, el caso del ex diputado Sigifredo López, acusado por la Fiscalía  de tener vinculas con la subversión, todo porque en un video aparecía un sujeto con una nariz muy parecida a la de él, pero al final pudo demostrar su inocencia, y hace pocos días, el caso de Adolfo Gutiérrez Malaver, condenado a veintiocho (28) años de prisión, acusado de ser el  autor del atentado terrorista de la sede de la Policía Nacional en Bogotá en el 2002, de los cuales alcanzó a purgar once (11) años, gracias a que la Corte Suprema de Justicia, declaró su inocencia a petición de la Procuraduría General de la Nación, quien siempre estuvo convencida de su inocencia.

En realidad si nuestros fiscales y jueces, supieran en detalle el drama humano, que supone el padecimiento de la prisión  de unapersona y su entorno familiar  durante el curso de una investigación penal,  sobre todo, siendo inocente y al  cabo de la cual demuestra la ausencia de responsabilidad por los cargos que lo llevaron a la cárcel, no se precipitarían a librar ordenes de captura a diestra y siniestra.

Desde luego, no hay que desconocer la importancia de este órgano en la estructura del Estado y su constante labor de lucha contra la impunidad; además de la necesaria restricción de la libertad, por excepción a quienes infringen la ley penal y hacen grave daño a la sociedad con su actuar delictivo; pero existen casos en que más allá de los resultados y la estadística, es importante realizar una exhaustiva investigación, porque lo que está en juego es la afectación del derecho fundamental a la libertad personal  y no hay derecho, afectar esa libertad con base en indicios o en la inferencia razonable, que según expertos en el tema, son criterios inciertos y huidizos para el juzgador y se prestan en muchos casos para el subjetivismo, la conjetura y la especulación, lo que conlleva  a construir premisas  proclives al error  en desmedro al derecho fundamental de la libertad individual de las personas; dicho en otras palabras, se manda a la cárcel a una persona por la presunción de haber cometido el “delito de sospecha”.

¡Qué horror¡. Es por ello, que en nuestro país necesitamos un sistema penal acusatorio más eficiente, más dinámico  y con un cuerpo de investigación criminal  más instruido,  más capacitado y más responsable en los informes criminalísticos, para que no se generen estos lamentables errores y de paso,  estas historias no se repitan.