Fue interesante el debate en la Cámara, por iniciativa del congresista Cristian Moreno el pasado jueves.

La UPC se ha dotado académicamente. 16.845 estudiantes en pregrado y casi 2500 en posgrados, una comunidad de estudiantes activa, una infraestructura apropiada, que se ha mejorado, con el concurso de la gobernación, en los últimos tiempos, en sede de posgrados de Hurtado, de aulas en Aguachica, por $23.000 millones, y un restaurante en ejecución. Además de escenarios deportivos para los Bolivarianos.

Ya no son las 4 carreras iniciales de pregrado, hace 30 años, de contaduría, enfermería, licenciatura en educación y administración, sino 30; 16 programs de posgrados, 3 a distancia y algunos doctorados. 61 grupos de investigación, 11 avalados. En el 2017 había solo 20 programas, lo cual indica que en medio de la agudización de los problemas se aumentaron los programas y los estudiantes. Se cuenta con una amplia población administrativa y casi 3.000 docentes, entre los de planta, cátedra y ocasionales.

En 4 años, 2018-2022, según informó Moreno en seria exposición, la Nación le transfirió a la Universidad $257.000 millones, $ 60.000 este año, que se complementarán, como lo anunció el Viceministro de Educación José Maximiliano Gomez, con $2.442 millones, por crecimiento del PIB nacional, hecho que previó la ley, que caen como anillo al dedo para tratar de enjugar el actual déficit para pagarle a los docentes en el segundo semestre. Sin embargo la Nación gira $2,6 millones per cápita, mientras el promedio de las 64 nacionales son de $ 6 millones. La del Atlántico recibe $8,7 millones, todo aquello desigual por falta de gestion, inestabilidad (16 rectores en 15 años), baja acreditación, y problemas de la ley 30/92 y todas las normas subsiguientes.

Según la misma exposición, la mitad de los recursos anuales provienen de la Nación, unos $54.000 millones; un 38% de recursos propios, en que se incluyen matriculas- mal congeladas en el último quinquenio-; 6% de contribuciones diversas, $6.500 millones y solo un 6,8%, $ 7.500 millones de venta de servicios.

Desde diciembre de 2020 la Universidad tiene una ‘Vigilancia Especial’ del Mineducación y se concluyó en crear una comisión accidental de seguimiento con participación de la nueva bancada congresional del Cesar; un ejercicio de planeacion financiera, austeridad y control del gasto, concentrado en lo misional, la urgente destinación de los $ 2.442 millones, el aumento de venta de servicios (hay regalías) , elementos con los que el rector Rober Romero se comprometió a cubrir el déficit para pagar docentes. Actualizar los Estatutos, hacer las elecciones de estamentos faltantes (hoy condicionados a decisiones jurisdiccionales en curso), mantener las instalaciones y a asegurar los recursos de fedecesar, que nacieron por ordenanza departamental, para gratuidad de estudiantes de bajos estratos, cofinanciando los compromisos de la Nación.

Mencionamos la queja por el hecho injusto de que por sanciones a individuos vinculados a la universidad, se le esté impidiendo en próximos años a la UPC la acreditación de programas. El viceministro consideró que era una política del Consejo Superior de Universidades, CESU.

Nos llama la atención que se hacen grandes esfuerzos para pagar a docentes de cátedra y ocasionales y hay unos 76 profesores de planta de buenos sueldos, a los que se les hace cumplir en solo jornadas diurnas 10-12 horas semanales cuando en cualquier universidad privada no se hacen menos de 20, lo cual es un incentivo perverso para ampliar, deficitariamente, los gastos en supernumerarios ocasionales.