Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, el acuerdo general de la paz con las Farc podría costar entre 1,8 y 2,7 billones de pesos, si extrapolamos estas cifras con amplitud al costo del posible convenio con el ELN, facción guerrillera mucho menor, el monto total no pasaría de seis billones de pesos, cantidad insignificante ante los onerosos presupuestos anuales necesarios para financiar la reparación de los daños ocasionados por estos dos reductos narcoterroristas.

El valor de tal financiación no es el real, si tenemos en cuenta los sobreprecios habituales debido a la corrupción en la administración de los recursos públicos, pues no es secreto el concierto entre los encargados del manejo de los gastos, con los proveedores de pertrechos, tales como armamentos, equipos, vestimentas y alimentos, entre otros elementos indispensables para el funcionamiento de la Fuerza Pública, que en nuestro país es numerosa porque el gobierno la necesita para mantener el orden público.

Esto apenas es lo pertinente al sostenimiento de la Fuerza Pública, imaginémonos la enorme cantidad de dinero que le defraudan al país a través de la Dian, las dependencias ministeriales, los altos tribunales de justicia, las entidades financieras y todos los estamentos, cuyo personal le corresponde adjudicar contratos de toda índole, especialmente en aquellos para la construcción de obras, que a veces algunas quedan inconclusas y otras se pierden por la falta de mantenimiento.

Por ejemplo, en Valledupar da tristeza ver el estado de abandono en que se encuentra el “Pueblito vallenato” del balneario Hurtado, el coliseo cubierto ‘Julio Monsalvo Castilla’, su Centro Histórico y la mayoría de sus parques, además de múltiples obras no terminadas, como el centro materno infantil y la unidad oncológica del Hospital Rosario Pumarejo de López, en las cuales se perdieron miles de millones de pesos, sin importar el servicio médico que les prestarían a su gente, sobre todo a la más pobre.

Retomando el tema del costo económico de la paz, el previsto es ínfimo comparado con el beneficio social que tendríamos los colombianos si se firma el acuerdo de paz con las Farc y el ELN, ya que viviríamos sin la zozobra de sus posibles atentados terroristas, los campesinos retornarían a sus hábitat de donde fueron desplazados, moriría menos gente productiva; en fin, el crecimiento del país y de sus regiones sería más sostenible.