25 julio, 2020

El circulo vicioso de corrupción que rodea al exalcalde ‘Luchito’ Peñaloza

El exmandatario de Codazzi tiene múltiples indagaciones en la Fiscalía, acusado de delitos contra la administración pública. Este viernes compareció por un segundo proceso penal en el que le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Luis Vladimir Fuentes en audiencia. 

FOTO/ARCHIVO.

Bastaron ocho meses de haber salido del cargo como alcalde de Codazzi para que el legado de Luis ‘Luchito’ Vladimir Peñaloza Fuentes comenzara a derrumbarse por cuenta de acciones penales que colocan en entredicho la transparencia de su periodo administrativo entre los años 2016 -2019.

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La más reciente ocurrió este viernes cuando el exalcalde compareció ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar por presuntamente sacar provecho económico de un contrato destinado a la obtención de herramientas pedagógicas para la población infantil de los colegios del municipio.

Junto a él fueron presentados su exsecretaria jurídica, Yusselfy Araujo Morales, de 49 años; el exsecretario privado, Gerardo de Jesús Hoyos Ortiz, de 51 años, y el representante legal de la Corporación de pequeñas industrias populares El Bosque, Coinpoquer, Rafael Augusto García Guzmán, de 39 años, quienes fueron capturados por miembros del CTI de la Fiscalía el reciente miércoles.

Según la investigación, todos habrían orquestado actos de corrupción para apoderarse de parte del dinero producto del convenio de cooperación N° 030 que suscribió la Alcaldía con Coinpoquer el 8 de agosto de 2016, cuyo objetivo fue “amparar la implementación, dotación y capacitación para el desarrollo de destrezas motoras, sicomotoras, cognitivas, orientación, ubicación y espacio en la población infantil de Agustín Codazzi”.

Para su ejecución habrían adquirido unos 36 juguetes denominado Wala Wala Pequeño Explorador, en el cual habrían manipulado su valor unitario para generar un detrimento patrimonial.

EL DENUNCIANTE

Así habría quedado evidenciado inicialmente en una auditoría que realizó la Contraloría General de la Nación, en cabeza en ese entonces de Edgardo Maya Villazón y que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. 

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De acuerdo al informe del órgano de control, al constatar el precio del producto con una de las empresas de distribución de juguetes a nivel nacional y con la empresa que la suministró, se estableció que el precio promedio para la época era de $1.246.450 pero la Alcaldía de Codazzi lo contrató y pagó por $5.205.000 cada uno, generando así un mayor valor de $3.958.550 por unidad.  

Además el ente observó otras irregularidades relacionadas a los estudios de precios, de mercado, la modalidad de contratación y análisis de riesgo, entre otras.

“Este convenio se liquidó el 5 de octubre de 2016 certificando que el servicio fue prestado por el conveniente y recibido por el municipio a satisfacción.  Los pagos se efectuaron mediante los comprobantes de egresos 914 de agosto y 1132 de septiembre de 2016, por $340.000.000”, reza el informe de la Contraloría conocido por EL PILÓN.

Sin embargo, algunas actividades pagadas al contratista Coinpoquer no se habrían ejecutado como por ejemplo transporte, actividades lúdicas en las instituciones educativas, alquiler de sonido y proyección de herramientas; también se presentaron gastos sin justificación, pues pactaron 36 refrigerios a rectores pero pagaron 100, propusieron 3.500 refrigerios  a infantes y pagaron 5.500, aun cuando el cálculo de la población beneficiada era de unos 2.389.

Es así que se originó la apertura al proceso ordinario de responsabilidad fiscal a los implicados y posteriormente el de orden penal que los tiene ahora sentados en el ‘banquillo’ de los acusados.  

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Por estos hechos el fiscal 12 seccional, Gentil de León Mármol, les imputó cargos a todos por  peculado por apropiación en concurso  con otro delito, a Peñaloza con celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; al contratista, con falsedad ideológica en documento privado, y a los exsecretarios con   falsedad ideológica en documento público.   Ninguno aceptó cargos.

De igual manera les impusieron distintas medidas de aseguramiento: Rafael Augusto García tuvo detención domiciliaria; Peñaloza continuará también con domiciliaria y los otros dos exfuncionarios obtuvieron la medida no privativa de la libertad.

CUENTAS PENDIENTES

Este es el segundo proceso penal en contra de ‘Luchito’ Peñaloza, el primero salió a luz a finales del mes de noviembre del año 2019. En este fue señalado de pedir comisiones al contratista Otoniel Ariño Urbina, ejecutor de varias obras como el Centro Cultural Polivalente de Codazzi y las redes de alcantarillado en el corregimiento de Llerasca.  

Al parecer, dichas exigencias superaban en algunas ocasiones los $150 millones, por lo que supuestamente Peñaloza habría logrado apoderarse de más de mil millones de pesos, según lo indicado por la Fiscalía.

En un comienzo, el abogado William García de Luque, representante de los intereses del exalcalde, señalaba que los cuestionamientos no eran más que una simple denuncia que carecía de fundamentos para hacer ver a su protegido  como un ‘actor de la conducta criminal’.

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Aun así, por esa investigación en audiencias preliminares Peñaloza fue mandado a la Cárcel Judicial, pero valiéndose de su estado de salud por la obesidad y otros inconvenientes, logró alcanzar el pasado mes de marzo la detención domiciliaria a través  de una audiencia de sustitución de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar.  

EL PILÓN conoció que Peñaloza Fuentes tiene múltiples indagaciones preliminares, por lo que no sería sorpresa que lo sigan vinculado formalmente en audiencias a otros procesos penales. Las averiguaciones son por delitos como corrupción al sufragante, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, constreñimiento ilegal y falsedad en documento, que cursan en distintas fiscalías.  

Por Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN
marllelys.salinas@elpilon.com.co