No es cierto que la democracia sea el “gobierno del pueblo y para el pueblo”, tal como se la define; ni siquiera en Grecia sucedió eso.
No es cierto que la democracia sea el “gobierno del pueblo y para el pueblo”, tal como se la define; ni siquiera en Grecia sucedió eso; allá hacían asambleas deliberativas, pero en ellas no participaban ni las mujeres ni los esclavos, solo los filósofos tomaban las decisiones; 2.500 años después, esto poco ha cambiado con la diferencia de que ahora no hay filósofos ni pensadores sino mercaderes y alcabaleros en los recintos donde se hacen las leyes.
Nuestro Congreso de la República, con algunas excepciones, no es más que un enclave legitimado de negociación con el ejecutivo donde cada partido y cada miembro tratan de obtener sus propias ventajas, diferentes a las del pueblo al cual dicen representar. Aquí pocas cosas se aprueban sin el conocido “cómo voy yo”, CVY, y hay líneas rojas que los partidos no están dispuestos a cruzar porque es preferible mantener viva la gallina de los huevos de oro a cualquier cambio por inequívoco que parezca y necesario que sea; el cambio les asusta porque sus sombras los delatan.
Claro, en estas negociaciones unos ganan más que otros, en especial los llamados jefes de partidos que más parecen conductores de borregos. La disciplina para perros de que se hablaba hace muchos años sigue vigente o, quizás, muchos eunucos la aceptan para lavarse las manos. Este concepto de bancada es antidemocrático porque impide la deliberación plena que conecte al congresista con su elector y con las necesidades nacionales. Más, cuando hay afinidades financieras del ejecutivo con el congreso y a veces ideológicas, cualquier transacción es posible. Recordemos aquel famoso “articulito”, del tamaño de una constitución, que permitió la reelección de Álvaro Uribe con un solo voto forzado por chantajes y amenazas en nombre de la seguridad democrática, no tan segura, que violó la Constitución con el aval de una corte asustada.
Hubo presos, pérdidas de investiduras, muertes físicas y políticas, pero se transó, la burocracia y el poder de contratación e intimidación del ejecutivo estaba por encima de la democracia. Es a esta vileza a la que le llaman democracia. Es preferible una dictadura decente y comprometida con las causas populares que una democracia putrefacta y dirigida por piratas. Ahora, con un gobierno alternativo y progresista, con propósitos claros de país y con el elector, el nivel de negociación acerca de las reformas presentadas ante el Congreso se vuelve precario porque los intereses del ejecutivo no coinciden con los de la mayoría parlamentaria que prefiere sacrificar los cambios si estos estos están por encima de sus ambiciones y privilegios personales.
Por eso las cinco reformas que el gobierno ha presentado al Congreso, que no dan espera, tienen pronóstico reservado. Pero es la reforma a la salud la que mayor estampida ha causado; muchos de los que la han de votar son dueños de EPS o derivan ingresos de ellas. Colombia es el único país del mundo donde los privados manejan recursos públicos que luego no tienen control del Estado. Las EPS financian campañas electorales e invierten en proyectos privados con el dinero que les niegan a los pacientes.
Quizás nunca creyeron que se les iba a descubrir el faltante de caso $24 billones, la victoria de Petro nunca estuvo en sus planes. El desespero es total, la asonada que dirigió el representante Uzcátegui en los predios del Congreso no tiene antecedentes; las amenazas proferidas allí al presidente Petro en las narices de la policía parecían concertadas.
Es condenable que en el Congreso y la Casa de Nariño se fragüe otro Mapiripán, los berrinches de Uzcátegui son patológicos. Estamos acostumbrados a ver a la policía ultrajar, sin motivos, a los vendedores ambulantes en las calles, pero no entendemos cómo son complacientes con unos incitadores en plenas sesiones parlamentarias, por parte de gentes que por la forma enaltecida como estaban, no puede descartarse que estuvieran armadas. Parece como si las oraciones y retiros espirituales forzosos del general Sanabria no hubieran logrado el equilibrio y la ecuanimidad en las fuerzas policiales. Alguien tiene que pagar en esta neo primera línea.
Por Luis Napoleón de Armas P.
No es cierto que la democracia sea el “gobierno del pueblo y para el pueblo”, tal como se la define; ni siquiera en Grecia sucedió eso.
No es cierto que la democracia sea el “gobierno del pueblo y para el pueblo”, tal como se la define; ni siquiera en Grecia sucedió eso; allá hacían asambleas deliberativas, pero en ellas no participaban ni las mujeres ni los esclavos, solo los filósofos tomaban las decisiones; 2.500 años después, esto poco ha cambiado con la diferencia de que ahora no hay filósofos ni pensadores sino mercaderes y alcabaleros en los recintos donde se hacen las leyes.
Nuestro Congreso de la República, con algunas excepciones, no es más que un enclave legitimado de negociación con el ejecutivo donde cada partido y cada miembro tratan de obtener sus propias ventajas, diferentes a las del pueblo al cual dicen representar. Aquí pocas cosas se aprueban sin el conocido “cómo voy yo”, CVY, y hay líneas rojas que los partidos no están dispuestos a cruzar porque es preferible mantener viva la gallina de los huevos de oro a cualquier cambio por inequívoco que parezca y necesario que sea; el cambio les asusta porque sus sombras los delatan.
Claro, en estas negociaciones unos ganan más que otros, en especial los llamados jefes de partidos que más parecen conductores de borregos. La disciplina para perros de que se hablaba hace muchos años sigue vigente o, quizás, muchos eunucos la aceptan para lavarse las manos. Este concepto de bancada es antidemocrático porque impide la deliberación plena que conecte al congresista con su elector y con las necesidades nacionales. Más, cuando hay afinidades financieras del ejecutivo con el congreso y a veces ideológicas, cualquier transacción es posible. Recordemos aquel famoso “articulito”, del tamaño de una constitución, que permitió la reelección de Álvaro Uribe con un solo voto forzado por chantajes y amenazas en nombre de la seguridad democrática, no tan segura, que violó la Constitución con el aval de una corte asustada.
Hubo presos, pérdidas de investiduras, muertes físicas y políticas, pero se transó, la burocracia y el poder de contratación e intimidación del ejecutivo estaba por encima de la democracia. Es a esta vileza a la que le llaman democracia. Es preferible una dictadura decente y comprometida con las causas populares que una democracia putrefacta y dirigida por piratas. Ahora, con un gobierno alternativo y progresista, con propósitos claros de país y con el elector, el nivel de negociación acerca de las reformas presentadas ante el Congreso se vuelve precario porque los intereses del ejecutivo no coinciden con los de la mayoría parlamentaria que prefiere sacrificar los cambios si estos estos están por encima de sus ambiciones y privilegios personales.
Por eso las cinco reformas que el gobierno ha presentado al Congreso, que no dan espera, tienen pronóstico reservado. Pero es la reforma a la salud la que mayor estampida ha causado; muchos de los que la han de votar son dueños de EPS o derivan ingresos de ellas. Colombia es el único país del mundo donde los privados manejan recursos públicos que luego no tienen control del Estado. Las EPS financian campañas electorales e invierten en proyectos privados con el dinero que les niegan a los pacientes.
Quizás nunca creyeron que se les iba a descubrir el faltante de caso $24 billones, la victoria de Petro nunca estuvo en sus planes. El desespero es total, la asonada que dirigió el representante Uzcátegui en los predios del Congreso no tiene antecedentes; las amenazas proferidas allí al presidente Petro en las narices de la policía parecían concertadas.
Es condenable que en el Congreso y la Casa de Nariño se fragüe otro Mapiripán, los berrinches de Uzcátegui son patológicos. Estamos acostumbrados a ver a la policía ultrajar, sin motivos, a los vendedores ambulantes en las calles, pero no entendemos cómo son complacientes con unos incitadores en plenas sesiones parlamentarias, por parte de gentes que por la forma enaltecida como estaban, no puede descartarse que estuvieran armadas. Parece como si las oraciones y retiros espirituales forzosos del general Sanabria no hubieran logrado el equilibrio y la ecuanimidad en las fuerzas policiales. Alguien tiene que pagar en esta neo primera línea.
Por Luis Napoleón de Armas P.