La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la Alerta Temprana de Inminencia No. 005-2025, centrada en los riesgos derivados de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Bloque Magdalena Medio-Gentil Duarte (EMBF) en la región del Catatumbo. Este conflicto, que ya ha generado una crisis humanitaria, amenaza con extenderse hacia la Serranía del Perijá, al norte del departamento del Cesar, afectando directamente a las veredas y corregimientos de los municipios de La Paz, Manaure y San Diego.
Los corregimientos y sus respectivas veredas San José de Oriente, La Laguna de los Los Indios, Los Encantos y Guaimaran en La Paz; José Concepción Urdinales, Sabanas de León y Pie del Cielo en Manaure Balcón del Cesar; y El Rincón, Medialuna y Tocaimo en San Diego, solían ser parte del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – AETCR: Simón Trinidad de la vereda Tierra Grata.
El conflicto y su expansión
Desde enero de 2025, el ELN ha intensificado sus acciones para expulsar al EMBF del Catatumbo y consolidar su control territorial. Según la Defensoría, esta ofensiva ha provocado “una larga estela de asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos y desapariciones forzadas”, afectando principalmente a firmantes del Acuerdo de Paz y campesinos. Aunque el Catatumbo y la Serranía del Perijá están separados geográficamente, comparten características históricas y geográficas que facilitan la propagación del conflicto.
Los homicidios en el Catatumbo aumentaron cuatro veces en los dos primeros meses del año respecto al año anterior, según un informe del 26 de marzo de Human Rights Watch. Y por eso la advertencia de la Defensoría para que se implementen sus recomendaciones antes que la escalada de violencia llegue a tales niveles.
La alerta dice que “es bastante probable que la violencia armada… llegue a impactar de diversas maneras” a la Serranía del Perijá, convirtiéndola en un escenario alterno de confrontación. Además, se señala que el relajamiento del control territorial por parte de los grupos enfrentados podría ser aprovechado por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lo que complicaría aún más la situación.
Vereda Tierra Grata
El documento identifica como epicentro del riesgo a la vereda Tierra Grata, fruto del Acuerdo de Paz firmado en el 2016, en dicha vereda empezaron a concentrarse los combatientes de los Frentes 19- José Prudencio Padilla y 41- Cacique Upar, para reincorporarse a la vida civil y dejar las armas. Esta comunidad enfrenta amenazas directas como homicidios selectivos, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado.
En el 2017 se creó la Junta de Acción Comunal de Tierra Grata y entonces se eligió como presidenta a una firmante de paz, perteneciente al pueblo motilón. En noviembre del 2024 se presentó ante las autoridades territoriales, instituciones públicas y organismos internacionales el “Plan de Vida 2026: Seguimos Esperando a Simón Trinidad” que incluye 13 programas que garantizarían los derechos y necesidades socioeconómicas de la población. Según datos oficiales, en enero de 2025 residían allí 114 firmantes del acuerdo.
A corte del 31 de enero del 2025, según datos aportados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización — ARN, citado en la Alerta Temprana, se encuentran 218 personas firmantes del Acuerdo de Paz, distribuidas de la siguiente manera: 114 en Manaure Balcón del Cesar (concentradas en la vereda Tierra Grata); 16 en La Paz; 3 en San Diego; 35 en Valledupar; 12 en Agustín Codazzi; 5 en Curumaní; 5 en Pueblo Bello; 4 en Becerril; 4 en La Jagua de Ibirico; 4 en Aguachica; 4 en El Paso; 3 en Bosconia; 2 en Chiriguaná; 2 en San Alberto; y 1 persona, en cada uno de los siguientes municipios: Pelaya, Pailitas, Astrea, La Gloria y El Copey.
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Es decir, una vez escalada la violencia se dirigirá al interior de los municipios del Cesar anteriormente mencionados. Además, el campesinado local también está en peligro debido a su cercanía con zonas controladas por grupos armados ilegales. Organizaciones como la Asociación Campesina de la Serranía del Perijá (ASOPERIJÁ) han trabajado para establecer una Zona de Reserva Campesina (ZRC), pero este proceso enfrenta serios riesgos ante el aumento de violencia.
Antecedentes de la alerta temprana de inminencia
Desde julio de 2024 ya se registraban rumores sobre un eventual enfrentamiento entre ELN y el EMBF en el Cesar. En noviembre, habitantes reportaron al Sistema de Alertas Tempranas una “atmósfera enrarecida” debido al tránsito constante de estructuras armadas. En palabras de la Defensoría, el ELN manifestó su intención de “expulsar a como diera lugar a la disidencia de las FARC-EP”, mientras que estas últimas intentaron sin éxito dialogar con sus adversarios.
Un caso llamativo ocurrió en octubre de 2024, cuando siete integrantes del EMBF y un campesino fueron retenidos y presuntamente desaparecidos por el ELN en San José de Oriente. Cabe recordar que en febrero del 2025 se realizó una acción propagandística en zona veredal del municipio de La Paz por parte del Frente de Guerra Norte- José Manuel Martínez Quiroz del ELN.
Impacto humanitario
La Defensoría advierte sobre posibles “homicidios selectivos”, “reclutamiento forzado” y “desplazamientos masivos”, a causa del rearme y reposicionamiento del Frente 19- Simón Trinidad del Bloque Magdalena Medio- Gentil Duarte del EMBF y el EGC, el accionar militar, y bélico del ELN.
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Una de las consecuencias más importantes y recientes data de diciembre de 2024, cuando se entregaron 1.951 hectáreas a los firmantes del Acuerdo en un intento por fortalecer su reincorporación económica; sin embargo, las condiciones actuales dificultan cualquier avance sostenible. Por lo que la Defensoría advierte que, a raíz del conflicto, se estigmatice tanto a firmantes como población campesina.
Por eso la Defensoría del Pueblo recomienda a las alcaldías de La Paz, Manaure y San Diego, así como a las secretarías de Gobierno municipales y departamentales, adoptar medidas urgentes de disuasión, control, prevención y protección, que fortalezcan la presencia de la Fuerza Pública. Así como empezar a implementar medidas de asistencia y atención humanitaria en dichos municipios como en el departamento.
La expansión del conflicto armado no solo amenaza con desestabilizar aún más el sur y norte del departamento sino también con socavar los esfuerzos por implementar los acuerdos de paz. La Alerta Temprana busca que se restablezca el control del Estado en dichos territorios, así como la garantía de los derechos fundamentales de la población antes que la situación se convierta en una crisis humanitaria como en el Catatumbo.
Por: Redacción EL PILÓN
