Para la ejecución del contrato de obra 505 del 30 de mayo de 2014, la Alcaldía de Valledupar no planeó de manera adecuada su actividad contractual, lo celebró sin elaborar previamente o realizar en forma insuficiente los estudios, cálculos y diseños estructurales, hidrosanitarios y eléctricos correspondientes.

Ese fue el concepto entregado por la Contraloría Municipal de Valledupar sobre las presuntas irregularidades en la construcción de infraestructura física escolar de aulas, comedor y baterías sanitarias, en la Escuela Mixta N° 1 de Los Venados y construcción de cinco aulas escolares, comedor y batería sanitaria en la Institución Educativa San Isidro Labrador del corregimiento de Atánquez.

El órgano de control fiscal explicó en la respuesta dada a Ricardo Vives Fernández, denunciante, que se realizó hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinarias por supuestas irregularidades en a ejecución de dicho contrato, al evidenciar que se firmó el 30 de mayo de 2014 con un plazo de ejecución de cuatro meses, y solo iniciaron las labores el 8 de agosto del mismo año, es decir, dos meses y ocho días después de suscrito. Agregó la Contraloría que una vez inició la ejecución, sufrió interrupciones y contratiempos.

Ricardo Vives Fernández advirtió que errores como los de Atánquez y Los Venados se traducen en “un claro detrimento social y financiero”.

“Este contrato fue prorrogado en el tiempo y luego suspendido casi tres meses, del 28 de diciembre de 2014 al 20 de marzo de 2015, sin justificación técnica válida”.

Las obras finalmente fueron recibidas por la Alcaldía el 22 de abril de 2015, con un retraso de siete meses para que estuvieran disponibles y al servicio de la comunidad, “exponiendo a la administración a soportar, por imprevisión, los costos sociales y financieros, como la necesidad de adicionar el contrato de interventoría más de $20 millones”, aseguró la Contraloría.

Para el equipo auditor, “las inconsistencias presentadas constituyen una observación con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento a los principios que rigen la administración pública señalados en el Artículo 209 de la Constitución Política, artículos 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011, numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993; artículos 84 y 87 de la Ley 1474 de 2011; el Artículo 2 literal b y h de la Ley 87 de 1993; el numeral N°1 del Artículo 34 y numerales 30 y 31 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002”, destaca Edwin Alonso Girón Quintana, jefe de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría.

¿Quiénes son los responsables?

Según el objeto del contrato de obra número 505, firmado entre el entonces secretario de Obras, Jair González Vigna, y el contratista Roberto Román Rocha Saballeth, por valor de $1.517.415, sumando al contrato de consultoría, 524 del 15 de julio de 2014, suscrito entre Jair González Vigna y Juan Carlos Sarria Aguilera, por $81.077 millones.

Para la época, el concejal Ricardo Vives Fernández denunció en compañía de la comunidad el incumplimiento del contratista en el plazo de ejecución y que además había error en el diseño del proyecto.

Vives Fernández explicó que las baterías sanitarias actualmente no se están utilizando en Los Venados, al no tener conexiones, y en Atánquez tampoco porque las aguas servidas iban a parar al río Candela.

Finalmente, la Contraloría corroboró, en visita de inspección física el 9 de agosto de 2018, en Los Venados, humedad en el cielo raso del comedor escolar en varios puntos; humedades en el cielo raso de las aulas escolares. Dijo también que se tomaron los correctivos sobre la dilatación que había presentado grietas en la parte posterior de las aulas escolares sobre el andén. Todo ese cúmulo de reparación, fueron según la Contraloría, obras por un costo de $2.457.000, que representa beneficio al auditor.

Para Atánquez también el contratista practicó correctivos en las aulas escolares, baterías sanitarias, socavación por aguas de escorrentías, que costaron $4.427.700, que sumado al anterior pago, alcanzó $9.018.957.

“Hay un claro detrimento social y financiero”, indicó el exconcejal de Valledupar, quien advirtió darle trámite a los hallazgos para la Procuraduría sancione al exalcalde Fredys Socarrás Reales y al exsecretario de Obras, Jair González Vigna.

Es válido resaltar que inicialmente, el auditor Atilio Fernández Ustáriz envió el 13 de junio de 2018, al alcalde Augusto Ramírez Uhía, un oficio de Control Fiscal donde configuró un presunto detrimento por $79.314.615, correspondiente a los ítems de mampostería, pañetes, interiores y exteriores.

Sin embargo y durante una visita realizada el 29 de julio de 2018, a Atánquez y Los Venados, por Jorge Arturo Araújo Ramírez, Albeiro Villero Sanjuán, Fredy Orozco Raudales, Juan Carlos Sarria Aguilera y Eduardo Monsalvo Ramírez, se desvirtuó el detrimento establecido inicialmente por Atilio Fernández Ustáriz.