Algo sobre

Por José Romero Churio

El pasado miércoles 4 de julio –hace 8 días ?,en Bogotá se realizó una cumbre urgente de secretarios de salud departamental, municipal y distrital de todo el País, para ventilar la solución de la crónica crisis económica de los hospitales, clínicas y demás prestadores de servicios de salud que, lamentablemente, ha causado muchas muertes evitables, entre estas, la del colega Germán Piedrahita, que en Valledupar se ha sentido tanto con manifestaciones de solidaridad hacia su esposa Silvia y a Ángela, su única hija.

Ante las precarias condiciones de la atención de la salud, se ha escuchado un clamor generalizado en favor de su mejoramiento.Como ejemplo fehaciente, transcribo algunas de las más notables aclamaciones:
“La salud no puede ser un negocio…  la salud es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos y con ese principio hay que actuar y hay que encontrar esas soluciones”. Así se pronunció el presidente Santos el 12 de agosto de 2011.
“la salud se ha convertido en un negocio y sus estructuras se han acondicionado al ánimo de lucro antes que a la garantía del derecho a la vida y la salud, se hace necesario su reforma estructural de fondo”. Esta es la comunicación conjunta después de una reunión de ex ministros de salud.
“La Corte Constitucional debe declarar todo el sistema de salud…como inconstitucional, porque interesa más la rentabilidad económica que la defensa de los derechos humanos…” Esto es parte de un informe de la Procuraduría General de la Nación en 2008.
“Se demuestra la vulnerabilidad del sistema a cualquiera que quiera montar una lógica de defraudación…. el Estado Colombiano lleva la peor parte en esta crisis porque no tiene cómo hacer control…. más del 50% de los recursos de la salud se desvía de manera indebida para el lucro privado”. Así se manifestó la Contraloría General del país el 10 de mayo en la segunda audiencia de seguimiento a la sentencia 760 de 2008.

En la misma audiencia, la Corte Constitucional plantea que “El Sistema pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos en este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado”
Sin embargo, a pesar de tan connotadas exclamaciones, ni el Congreso ni el gobierno ha cambiado la estructura administrativa de intermediación privada en el sistema de salud establecido por la ley 100 de 1993.

En la mencionada cumbre, los secretarios de salud tomaron importantes decisiones, tales como la de asumir directamente la defensa de la salud como derecho fundamental de los colombianos, reclamando el pago inmediato de las deudas de las EPS que hoy superan los 4 billones de pesos, sin incluir las glosas.
Exigir cambios estructurales y de fondo al actual sistema de salud basado en el ánimo de lucro, y rechazar las reformas que sólo fortalecen la intermediación. Y si el Congreso no acoge los aportes e inquietudes de los diferentes sectores, se recurriría al referendo popular obligatorio.
Solicitar a la Superintendencia de Salud, revocar la habilitación de operación a las EPS que presenten una cartera superior a 180 días en el territorio nacional, pues su permanencia en calidad de morosas quiebra a las entidades prestadoras de salud.
Advertir que la unificación del POS, sin el suficiente recurso que garantice el acceso, oportunidad, continuidad e integralidad en los servicios de atención de la salud es un espejismo.
Realizaruna movilización nacional el próximo 19 de julio y otros actos como asambleas, foros y actividades tendientes a socializar las causas de la crisis de la salud y plantear soluciones reales.
Finalmente, la cumbre convoca dentro de los próximos dos meses un  encuentro nacional de secretarios de salud regionales y locales, gerentes de hospitales, federaciones de departamentos y de municipios, así como a las organizaciones más representativas del sector salud.
Estoy convencido de que Fredy Socarrás, como Alcalde de Valledupar, y Luis Alberto Monsalvo, como gobernador del Cesar, quienes figuran de 2° y 3°, en la ultima encuesta del noticiero CM&, serán protagonistas defendiendo los derechos de los más pobres.