La reciente declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo ha sacado a flote, una vez más, las falencias en la estrategia de seguridad y paz del gobierno de Gustavo Petro. Esta región, históricamente golpeada por el conflicto armado, vive hoy un agravamiento de su crisis, en medio de promesas de paz que parecen desvanecerse frente a la realidad de territorios donde el Estado sigue ausente o débil. Es imposible ignorar la magnitud del problema cuando incluso en el departamento del Cesar, municipios como González y Río de Oro se encuentran afectados por esta medida excepcional.
El gobierno había prometido una paz total que integrara a todos los actores armados al diálogo, pero los avances son lentos y los retrocesos son evidentes. La situación en el Catatumbo es un ejemplo contundente de cómo la falta de una política clara y efectiva no solo pone en entredicho los compromisos del gobierno, sino que además perpetúa la violencia y el abandono estatal en estas zonas. Más que promesas de mesas de diálogo, se necesitan resultados concretos y acciones rápidas que garanticen seguridad y justicia para las comunidades.
Es preocupante que el discurso de paz se diluya en un contexto donde las cifras de desplazamientos, homicidios y enfrentamientos no hacen más que aumentar. ¿De qué sirve hablar de paz total si en territorios como el Catatumbo el conflicto es la única constante? La ausencia de una estrategia contundente para enfrentar las dinámicas criminales y garantizar una presencia estatal integral está condenando a miles de familias a vivir en el miedo.
Además, la declaración de conmoción interior, aunque pueda interpretarse como una medida extrema para contener la crisis, deja más preguntas que respuestas. Si bien es importante reconocer que esta decisión puede ser un paso necesario para abordar la grave situación en el Catatumbo, ¿qué garantías existen de que esta decisión no será un simple paliativo temporal?
En el pasado, medidas similares han fracasado porque no han estado acompañadas de esfuerzos sostenidos para resolver las causas estructurales del conflicto. Es fundamental que el gobierno explique con claridad cómo esta herramienta se alineará con una estrategia integral que ataque las raíces del problema.
El abandono estatal en regiones como el Catatumbo no puede continuar siendo la norma. La paz total debe ser más que un eslogan político; debe traducirse en inversiones sociales, acceso a la justicia, infraestructura básica y oportunidades económicas que rompan el ciclo de violencia y pobreza. Sin estas acciones, el discurso de paz corre el riesgo (sino es que ya lo hizo) de convertirse en un símbolo de frustración para las comunidades que más lo necesitan.
Reconocer la complejidad del conflicto en esta región no debe convertirse en una excusa para la inacción. La crisis actual demanda decisiones que vayan más allá de la retórica y respondan a la urgencia de miles de colombianos atrapados en una espiral de violencia y abandono. El pueblo del Catatumbo no puede seguir pagando el precio de promesas incumplidas y políticas improvisadas.
El presidente Petro tiene una oportunidad única para demostrar que la “paz total” no es un simple eslogan vacío, sino una apuesta real por la transformación del país. Sin embargo, si su gobierno persiste en priorizar discursos sobre acciones concretas, estará no solo deslegitimando su propuesta de paz, sino también profundizando la desesperanza en los territorios más golpeados por el conflicto.
La historia no perdonará la indolencia ni la falta de liderazgo en este momento crítico; el país exige algo más que palabras: necesita soluciones tangibles y voluntad política para cambiar el rumbo.
Por Tatiana Barros
