Luis Napoleón de Armas P.

La salud y la educación son sectores tan sensibles,cuya prestación de servicios el Estado no debería encomendárselos a los particulares, en especial, en aquellos países donde más de la mitad de sus ciudadanos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. En el caso particular de Colombia, cuya Carta establece que somos un Estado Social de Derechos, esta es una verdadera antinomia. La ley 100 de 1993 abrió un túnel para que por allí circularan los corruptos que siempre han vivido de la chequera oficial.En Colombia, ley que no tenga válvulas de escape, no es ley, los caza fortuna lo saben. El FOSYGA, la nodriza del sector salud, fue el instrumento legal que se inventaron para desangrar al Estado en el sector salud. Los recobros fueron la modalidad craneada para, entre EPS, IPS y funcionarios de altísimo nivel del Ministerio de la Protección Social (¡qué nombre tan rimbombante!) desfalcaran los recursos para los medicamentos no POS y colapsar el sistema sin que se notara. Según la Federación Médica de Colombia, FMC, esta práctica tiene registros desde 1997 y, entre ese año y 2000, recobraron 4.244 millones de pesos, en 2001, 5.311 millones de pesos. En 2002, comenzando el gobierno de Uribe, su ministro Juan Luis Londoño tomó algunas decisiones para ponerle coto al recobro. Sin embargo, en 2002 se produjo un incremento brusco en la tendencia: $56.741 millones fueron recobrados. Su reemplazo, Diego Palacios Mejía, mediante la circular 01 de 2003, le dio vía libre a la satrapía, mediante nuevas disposiciones. Ver tanto dinero en el FOSYGA era como ver las vacas el pasto del potrero vecino; el ímpetu sentido tuvo que ser inmenso. Roto el dique y relajada la ética, en 2003 fueron recobrados 113.709 millones de pesos, con una tasa de crecimiento del 207.8% interanual, entre 2003 y 2010; en este último año se recobró la suma de 2.236.120 millones de pesos, esto es, más de 2.2 billones de pesos. En todo este periodo el recobro ascendió a 9.16 billones de pesos, en cifras redondas.¿Cuál habrá sido el costo real de los servicios en salud durante este periodo?. Con razón, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, ha dicho que la mitad de la plata destinada a la salud se la roban. También, Jaime Arias, de la Asociación de Empresas de Medicina, ha dicho que los recobros son el cáncer de la salud. Por otro lado, la FMC dice que en 2004, según una nueva circular, Palacios Mejía pasó 55 medicamentos oncológicos al régimen de libertad regulada, esto es, sin precio de referencia, en lugar del control directo, favoreciendo el abuso de la posición dominante de tres oferentes, de los cuales, laboratorios Roche parecía serla de sus preferencias. Es sabido que los precios de los medicamentos en Colombia son superiores, con creces, a los que se tienen en todo el mundo. Por ej., según la FMC, el Herceptin (Roche), formulado para cáncer mamario, aquí valía, en ese momento, casi siete millones de pesos, mientras que al lado, en Perú se conseguía en menos de cinco millones;pero existen casos más aberrantes. El proceso de desregulación se completó en 2006 para que multinacionales de la salud hicieran su agosto financiero. Mientras estas aberraciones ocurrían, el primer mandatario permanecía en silencio y la oportunidad y calidad de los servicios en salud decaían; los paseos de la muerte aumentaban y las arcas de los empresarios del sector se llenaban. Lo poco que quedaba se lo repartían los grupos paramilitares con los lava micas regionales.

Pero, ¿qué ha pasado con Diego Palacios y demás delincuentes que, como vampiros, le succionaban la sangre a los más míseros de los colombianos? Esta reforma no da espera.
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