Por: Imelda Daza Cotes

La convocatoria a marchar por la Paz, mañana martes 9 de abril, día de las víctimas del conflicto, es de importancia vital. Este evento promete constituirse en un magnífico ejercicio democrático. Los convocantes y participantes provienen de casi todos los sectores y tendencias políticas del país que identificados por un propósito común de Paz y reconciliación, marcharán para respaldar el proceso de diálogo y negociación. 

Todo indica que el proceso de paz avanza, hay espacio para el optimismo y a pesar de las dificultades las partes insisten y persisten.

Uno de los temas sensibles es el de la reparación a las víctimas. Vale destacar aquí el genocidio contra la UNIÓN PATRIÓTICA movimiento que surgió en 1984 dentro del proceso de conversaciones guerrila-gobierno con miras a una negociación política del conflicto armado. Se convino hacer una tregua. La insurgencia propuso la creación de la UP, se sumaron fuerzas políticas de muchas tendencias de izquierda, de centro, liberales y conservadores decepcionados de sus partidos así como gente sin partido
En 1986 la UP participó por primera vez en las elecciones generales y el éxito sorprendió no solo a los propios militantes sino a la opinión nacional. El candidato presidencial de la UP obtuvo el 4.9% del total de votos. Ocupó el tercer lugar entre 9 candidatos.
Pero la reacción de los enemigos de la paz y de la democracia ante este resultado fue violenta. A finales de 1986 se inició un macabro plan de aniquilamiento de la UP. Fueron asesinados 8 Congresistas, 13 Diputados, 11 Alcaldes, 252 Concejales y 3526 Líderes populares y activistas En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal y en 1990 Bernardo Jaramillo Ossa, ambos candidatos presidenciales de la UP.

Otros voceros y militantes de la UP tuvieron que abandonar el pais. Cerca de 60.000 colombianos salimos al exilio para proteger nuestras vidas. Yo había sido elegida concejal de Valledupar pero no puede ejercer como tal. El exterminio de la UP y casi todos los crímenes contra sus miembros han quedado en la impunidad.

La campaña de exterminio contra la UP obviamente atemorizó a los electores; en las últimas elecciones en que participó la UP obtuvo menos de 50.000 votos, razón por la cual en 2002, el Consejo Nacional Electoral le dio la estocada final al retirarle la personería jurídica, sin tener en cuenta que se trataba de una situación excepcional por cuanto la organización había padecido un genocidio político.

Estamos ante un proceso de negociación que apunta a ser definitivo, resulta apenas justo que el CNE le devuelva la personería jurídica a la UP y que se recuperen las curules perdidas. La reparación colectiva a las organizaciones políticas víctimas de violaciones a los DDHH es un deber histórico y moral; así lo contempla la Ley de Víctimas. Sería un gesto que brindaría más confianza en el proceso, una garantía de no repetición y un mecanismo de reparación colectiva.

A marchar!!! por la reconciliación entre los colombianos, por la convivencia en medio de la diferencia y por un futuro en paz con justicia social.