En medio de la melancolía y la dignidad, este lunes se llevó a cabo un plantón conmemorativo, en la plazoleta de la Gobernación del Cesar, en el que se rindió homenaje al periodista Guzmán Quintero Torres, ‘Manzo’.

Las lágrimas que asomaban en los ojos de su familia, amigos, colegas y valduparenses que han sentido su muerte, recordaban que hace 20 años fue vilmente asesinado. La dignidad entre tanto venía por cuenta de una pequeña conquista que se ha conseguido en medio de la búsqueda de verdad y justicia, su caso, a pocos días de prescribir, fue finalmente declarado por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad.

Esto, en palabras de Yuly Henriquez, abogada y delegada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar,  que ha llevado este caso en los últimos años, es un logro muy importante que representa un paso más, muy lento, pero significativo en la búsqueda de una sanción para los responsables de esta muerte.

“En comparación con hace una década podemos decir que la situación ha mejorado considerablemente, pero sin lugar a dudas las violaciones o los ataques para el ejercicio de la libertad de prensa siguen siendo el pan de cada día”, expresó Henriquez.

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En efecto, aunque el panorama para los profesionales del periodismo ha mejorado paulatinamente en comparación con otras épocas de conflicto, todavía se corren muchos riesgos en este ejercicio.

EN CIFRAS:

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en lo corrido de 2019 se han documentado 285 ataques contra la prensa a nivel nacional. Cuatro de estos casos se presentaron en el departamento del Cesar; dos amenazas, un caso de acoso judicial y una obstrucción a la labor periodística. Tres de ellos tuvieron lugar en Valledupar y el otro en el municipio de Becerril.

El año anterior en cambio, la FLIP documentó 477 ataques contra la prensa, 11 de ellos en el Cesar. Así pues, se presentaron seis amenazas, dos hostigamientos, una agresión física, una obstrucción y un acoso judicial. Ocho de estos casos se presentaron en la capital del departamento.

Por este motivo, dicha fundación concluyó que más allá de pensar que los otros municipios sean lugares ideales para desarrollar la labor periodística, este fenómeno se debe a la escasa oferta mediática regional y a los altos índices de autocensura.

“Según la investigación de Cartografías de la Información de la FLIP, de los 25 municipios de Cesar, 16 se encuentran en silencio; es decir, que en estos lugares no se produce información local”, informó Julián García, miembro de la Flip. Al tiempo, indicó que de esos 16 municipios, cinco no tienen medios de comunicación locales por lo cual en resumen, el 32 % de la población del departamento no tiene acceso a información local.

¿CÓMO ES EN LA ACTUALIDAD?

Para Ana María Ferrer, coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Cesar y La Guajira, y corresponsal de la Flip en este departamento, la seguridad está igual que cualquier ciudadano  pero siempre ha sido una profesión de alto riesgo, en diferentes contextos.

“Hubo un contexto del conflicto armado, hubo un contexto de presión por grupos políticos, gobernantes, hoy estamos en un contexto donde hay de todo revuelto, bandas criminales, grupos armados, corrupción, entonces hoy el periodista está expuesto a muchas presiones, a muchos riesgos, creo que el periodismo nunca ha dejado de ser una profesión de alto riesgo”, sostuvo Ferrer.

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Al tiempo, hizo referencia a que desde el año 1977 hasta el 2016 asesinaron a 166 periodistas y de esos números tan altos, solo seis casos fueron declarados de lesa humanidad.

Igualmente aclaró que actualmente no hay periodistas amenazados, pero sí existen periodistas presionados por el contenido de la información, también que se les obstruye el acceso a la información, sobre todo, en el tema judicial que no es fácil.

También, manifestó Ferrer, hay periodistas que prefieren no decir algo para no verse envueltos en los escenarios que impiden finalmente la libertad de prensa.

Por último, expresó que todavía algunos de estos profesionales cuentan con esquemas de seguridad  que se les han impuesto desde años atrás. 

“Vienen de unos años atrás con esos riesgos de que pueda pasar algo por amenazas, pero amenazas de varios años y que aún se le sigue con el nivel de alto riesgo y por eso tienen escoltas, pero este 2019 periodistas amenazados como tal no hay”, agregó.

Por su parte Yanitza Fontalvo, periodista y ex presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, reconoció que continúan las dificultades para ejercer el periodismo en las regiones.

“En el pasado en el Cesar nos asesinaron dos periodistas, a muchos los amenazaron y otros fueron secuestrados. A raíz de estos hechos muchos callaron, se autocensuraron, se dedicaron solamente a informar y no a investigar. Los violentos infundieron el temor en el periodismo y hoy son muy pocos los que se atreven a hacer periodismo de denuncia”, aseguró.

Entre tanto el actual presidente del CPV, Arnold Murillo, en estos seis meses que lleva al frente de este gremio no han recibido información de algún colega que haya recibido una amenaza contra su integridad.

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Sin embargo,  también enfatizó en que hay una exposición a vivir este tipo de situaciones frente a lo que hacen un llamado de unidad como gremio a fin de resistir lo que ha pasado, está pasando y puede seguir ocurriendo como son las amenazas, maltratos y hasta, en las ocasiones más graves, los asesinatos.

“Que cada quien cumpla su rol, que la Fiscalía cumpla su rol, que la Policía cumpla su rol, que las entidades cumplan su rol para así poder salvaguardar la integridad del periodista. En la medida que cada quien cumpla su rol vamos a saber cómo actuar frente a la situación que se llegue a presentar”, finalizó el periodista reflexionando sobre cómo se puede garantizar el ejercicio de esta profesión a los periodistas.

LO QUE VIENE:

Aunque la declaratoria del crimen de lesa humanidad de Guzmán Quintero Torres, quien fuera jefe de redacción del periódico EL PILÓN, es un paso significativo en el proceso, todavía se requiere más investigación para aclarar la verdad en este caso.

“Es una noticia que si bien es positiva no es todo lo que necesitamos para el caso, es necesario que la Fiscalía avance con una investigación seria y efectiva de este delito para hacer responsable a todos los involucrados en la cadena criminal, no solo a los autores materiales como han sido las condenas que han logrado hasta ahora sino también a los autores intelectuales”, dijo Luisa Isaza, abogada de la Flip, organización que aunque no es representante directamente en este caso, sí es parte civil en el proceso.

POR: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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