Generación viene, generación va, y la escombrera no se hace realidad. Sería el estribillo perfecto para Valledupar, tras un proyecto que no se concreta, pese a un mandato judicial.

Una acción de cumplimiento dictada en su momento por el juez sexto administrativo, Aníbal Martínez Pimienta, a instancia del procurador judicial agrario y ambiental, Rafael Cantillo Ortega, en el gobierno de ‘Tuto’ Uhía, como alcalde de Valledupar, fue un saludo a la bandera, aunque podría flamear con el Mello Castro en la medida en que haya voluntad política para ejecutar la obra.

Las leyes tienen un efecto ultra activo y el desacato a una acción de cumplimiento podría acarrear implicaciones jurídicas a cualquier mandatario en ejercicio o a futuro, por lo que hasta ahora ha sido un monumento a la desidia y al abandono, que han convertido la margen derecha del río Guatapurí en la escombrera del Plan Centro de Valledupar y otras actividades no menos nocivas en lo ecológico, sanitario y en la propia seguridad de los vallenatos, sin que se conozca proceso sancionatorio alguno de autoridad de gobierno, ambiental, organismos de control, representante de la sociedad civil, del orden disciplinario, fiscal o en defensa de los derechos humanos, llámese procuraduría, personería, corpocesar, contraloría o alcaldía.

El POT (Plan de Ordenamiento Territorial), contempla que cada cosa tiene su sitio, lo que equivale a un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, esto se llama orden, pero se fomenta el desorden arrojando escombros en cualquier recoveco de la ciudad, como el atajo más fácil, tal y como ocurre con el mega colegio ‘César Pompeyo’, construido en honor al filósofo y psicopedagogo, César Mendoza Hinojosa, hoy reducto de basura y maleza, como se demuestra con una de las calles que colinda con la institución educativa, taponada con desechos vegetales, un trofeo a la inmundicia y una vergüenza a la memoria del ilustre vallenato que forjó tantas generaciones en el campo del intelecto humano.

Carro mulero que tome una avenida, un parque, una área de cesión y lo que es más criminal el contorno de un colegio para descargar basura, debería ser sancionado por la afectación a una comunidad escolar y al mismo conglomerado social, al menos con la retención del carruaje o carreta de tracción animal, exponen ecologistas que se detienen a observar y analizar que el derecho fundamental al trabajo no puede estar por encima al de la salud ni al de la vida.

Igual, falta por hacer viable el Centro de Bienestar Animal, tema que no se volvió a mencionar, excepto cuando se proyectó construirlo en Guacoche, para instalarlo al lado del colegio José Celestino Mutis, con el consabido rechazo de la comunidad, lo que dio pie a repensar la obra y concluir que sería menos onerosa ubicarla en Valledupar, dado los costos adicionales de transporte y de logística en cuanto a insumos y el gasto de nómina a nivel técnico y profesional, incluidos médicos veterinarios y personal asistencial requerido para la atención de perros callejeros, conforme ganado bovino y caballar que deambula dentro del perímetro urbano de la ciudad capital.