Según la delegación de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Valledupar, ayer se firmó el convenio para el gobierno wiwa por $1.834 millones de pesos, que corresponden a las vigencias 2018,2019 y 2020.
Agilizar la ejecución de los recursos de transferencia del Sistema General de Participación, SGP, de tres vigencias (2018, 2019 y 2020) que le corresponden por derecho propio a los pueblos indígenas wiwas y koguis es la solicitud de esta población a la administración municipal.
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El concejal Pedro Loperena manifestó al respecto: “Se hizo control político a las autoridades responsables de la ejecución de estos recursos que los coadministra, pero no se ha visto voluntad. Había un convenio firmado desde febrero del presente año y todavía no se ha avanzado”.
Los recursos del SGP pertenecen a los pueblos indígenas mencionados. Estos son priorizados por las comunidades junto con las autoridades indígenas autónomamente en los sectores de salud, educación, agua potable, soberanía alimentaria, gobierno propio, consolidación del resguardo en la compra de predios y mejoras.
Por otro lado, según explicó Loperena, las comunidades wiwa (manduguatukua, surimena, sherrua, bernaka, konchurrua y pozo de humo), que están en la parte de arriba del corregimiento de Patillal, están en peligro de quedar incomunicadas por las fuerte creciente del río Badillo. Estas se comunican en la parte de abajo con la comunidad de tezhumke.
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“Necesitamos con urgencia un puente en esta zona, que fue construido en las administraciones pasadas, pero se desplomó por una creciente. Aquí ha existido irresponsabilidad de no recomponer a tiempo este puente. En la actualidad están en estado de aislamiento porque no pueden pasar con sus animales o insumos que compran en la parte baja, ni sacar los productos agrícolas que cosechan en la parte de arriba”, enfatizó el corporado.
En lo concerniente a los recursos del Sistema General de Participación, el delegado de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Valledupar, Argemiro Quiroz, aseguró que ayer se firmaba el convenio para el gobierno wiwa por 1.834 millones de pesos, que corresponden a las vigencias 2018,2019 y 2020.
“Quedan pendientes tres proyectos que por llevar los mismos nombres de los cinco que estaban en este convenio no se pudieron viabilizar, pero como los contratos con los indígenas se pueden cambiar entonces existe la posibilidad que antes del 31 de diciembre se le pueda dar trámite y ejecución a la totalidad de los recursos del pueblo wiwa”, explicó.
Con el pueblo kowi, indicó el funcionario, se tramita la compra de predios, teniendo en cuenta que el Concejo de Valledupar no le dio trámite porque solicitó algunos conceptos para tener claridad del tema. Son más de 700 millones de pesos en la compra de dos predios en el corregimiento de Caracolí.
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Frente a la problemática del puente, Quiroz precisó que verificarán en el Plan de Desarrollo para tratar el tema con Secretaría de Obras para que en este cuatrienio se le dé solución porque son compromisos del Plan de Salvaguarda.
Esta casa editorial intentó comunicarse con la secretaria de Obras, Raiza Fuentes, para conocer su opinión, pero resultó infructuoso.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
[email protected]
Según la delegación de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Valledupar, ayer se firmó el convenio para el gobierno wiwa por $1.834 millones de pesos, que corresponden a las vigencias 2018,2019 y 2020.
Agilizar la ejecución de los recursos de transferencia del Sistema General de Participación, SGP, de tres vigencias (2018, 2019 y 2020) que le corresponden por derecho propio a los pueblos indígenas wiwas y koguis es la solicitud de esta población a la administración municipal.
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El concejal Pedro Loperena manifestó al respecto: “Se hizo control político a las autoridades responsables de la ejecución de estos recursos que los coadministra, pero no se ha visto voluntad. Había un convenio firmado desde febrero del presente año y todavía no se ha avanzado”.
Los recursos del SGP pertenecen a los pueblos indígenas mencionados. Estos son priorizados por las comunidades junto con las autoridades indígenas autónomamente en los sectores de salud, educación, agua potable, soberanía alimentaria, gobierno propio, consolidación del resguardo en la compra de predios y mejoras.
Por otro lado, según explicó Loperena, las comunidades wiwa (manduguatukua, surimena, sherrua, bernaka, konchurrua y pozo de humo), que están en la parte de arriba del corregimiento de Patillal, están en peligro de quedar incomunicadas por las fuerte creciente del río Badillo. Estas se comunican en la parte de abajo con la comunidad de tezhumke.
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“Necesitamos con urgencia un puente en esta zona, que fue construido en las administraciones pasadas, pero se desplomó por una creciente. Aquí ha existido irresponsabilidad de no recomponer a tiempo este puente. En la actualidad están en estado de aislamiento porque no pueden pasar con sus animales o insumos que compran en la parte baja, ni sacar los productos agrícolas que cosechan en la parte de arriba”, enfatizó el corporado.
En lo concerniente a los recursos del Sistema General de Participación, el delegado de Asuntos Étnicos de la Alcaldía de Valledupar, Argemiro Quiroz, aseguró que ayer se firmaba el convenio para el gobierno wiwa por 1.834 millones de pesos, que corresponden a las vigencias 2018,2019 y 2020.
“Quedan pendientes tres proyectos que por llevar los mismos nombres de los cinco que estaban en este convenio no se pudieron viabilizar, pero como los contratos con los indígenas se pueden cambiar entonces existe la posibilidad que antes del 31 de diciembre se le pueda dar trámite y ejecución a la totalidad de los recursos del pueblo wiwa”, explicó.
Con el pueblo kowi, indicó el funcionario, se tramita la compra de predios, teniendo en cuenta que el Concejo de Valledupar no le dio trámite porque solicitó algunos conceptos para tener claridad del tema. Son más de 700 millones de pesos en la compra de dos predios en el corregimiento de Caracolí.
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Frente a la problemática del puente, Quiroz precisó que verificarán en el Plan de Desarrollo para tratar el tema con Secretaría de Obras para que en este cuatrienio se le dé solución porque son compromisos del Plan de Salvaguarda.
Esta casa editorial intentó comunicarse con la secretaria de Obras, Raiza Fuentes, para conocer su opinión, pero resultó infructuoso.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
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