El debate de la megaobra avaluada en más de 138 mil millones de pesos generó que un grupo de ciudadanos conformaran un equipo de trabajo, el cual busca que el proyecto se ejecute de manera transparente, en los tiempos y términos correspondientes.
En aras de ejercer control social sobre el proyecto que ha generado variedad de opiniones, arquitectos, abogados, ingenieros, administradores de empresa y demás ciudadanos oficializaron este jueves 29 de julio la Veeduría Especializada del Cesar con la cual buscan trabajar de forma independiente en la vigilancia e inspección de la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, CCMV.
La iniciativa surgió debido a que en el departamento del Cesar existen antecedentes de malas ejecuciones de proyectos y los llamados ‘elefantes blancos’ y aseguran que no quieren que este se sume a la extensa lista.
Esta idea también nació debido a los reparos que los diversos sectores sociales han hecho a la construcción del proyecto, entre esos la escaza pluralidad de oferentes, la falta de priorización del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo, ya que no existen estudios que soporten los 30 mil millones de pesos que dejaría el Centro Cultural al año, según acotó Iván Lozano, abogado y secretario de la Veeduría.
“La veeduría contribuye a fortalecer la cultura del ejercicio de control social que enriquece nuestra democracia y apropia a las personas de las problemáticas y proyectos que se llevan a cabo en la ciudad y en el departamento. Ojalá hubiera veedurías independientes para cada proyecto que se elabore, sin duda tendríamos mayor éxito a la hora de prevenir malversaciones de recursos y malas inversiones que terminan adornando el palacio de elefantes blancos que hay en Colombia”, indicó el equipo de trabajo.
Johana Casalla, representante legal de la Veeduría, explicó que el objetivo es vigilar que los recursos sean bien utilizados y la obra se realice en los tiempos correspondientes: “Que no nos vayan a salir con el cuento de que hay que hacer adiciones presupuestales porque es lo que se acostumbra en este tipo de obras y que después la obra vaya a quedar tirada en el tiempo; sino que el proyecto sea tan planeado que se convierta en un modelo efectivo”.
Uno de los grandes problemas, manifestaron los integrantes de la Veeduría, es el futuro de los pequeños comerciantes situados a las afueras del lote donde se construirá la megaobra; además, es un lugar rodeado de clínicas. No obstante, la Curaduría N° 2 informó que se trata de una zona para ejecuciones institucionales, por ende, el Centro Cultural puede construirse en ese lugar.
“No sabemos qué va a pasar con los comerciantes de la zona que han presentado inquietudes al respecto; y el tema de la ubicación, ya que está alrededor de clínicas, sin embargo, esa es la ubicación y hay que mirar cómo se logra disminuir todo tipo de ruidos y adicional a ello que haya una ejecución transparente del proyecto, es decir, que la destinación de los recursos se ejecute de la mejor manera”, agregó Lozano.
Los miembros de la Veeduría indicaron que no son interventores ni supervisores de la obra, sino personas interesadas en vigilar y garantizar que los recursos del departamento destinados a la ejecución de la megaobra no se ‘desvíen’. Finalmente agregaron que es un control social que permite la Constitución Política y que este ejercicio fortalece la democracia.
“No queremos que nos vean como personas que vengan a dificultar el proceso, por el contrario, que lo que nosotros manejamos, a través de nuestra experiencia, pueda ser utilizado en pro del mejoramiento de la realización del proyecto”, concluyó Casalla.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN.
[email protected]
El debate de la megaobra avaluada en más de 138 mil millones de pesos generó que un grupo de ciudadanos conformaran un equipo de trabajo, el cual busca que el proyecto se ejecute de manera transparente, en los tiempos y términos correspondientes.
En aras de ejercer control social sobre el proyecto que ha generado variedad de opiniones, arquitectos, abogados, ingenieros, administradores de empresa y demás ciudadanos oficializaron este jueves 29 de julio la Veeduría Especializada del Cesar con la cual buscan trabajar de forma independiente en la vigilancia e inspección de la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, CCMV.
La iniciativa surgió debido a que en el departamento del Cesar existen antecedentes de malas ejecuciones de proyectos y los llamados ‘elefantes blancos’ y aseguran que no quieren que este se sume a la extensa lista.
Esta idea también nació debido a los reparos que los diversos sectores sociales han hecho a la construcción del proyecto, entre esos la escaza pluralidad de oferentes, la falta de priorización del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo, ya que no existen estudios que soporten los 30 mil millones de pesos que dejaría el Centro Cultural al año, según acotó Iván Lozano, abogado y secretario de la Veeduría.
“La veeduría contribuye a fortalecer la cultura del ejercicio de control social que enriquece nuestra democracia y apropia a las personas de las problemáticas y proyectos que se llevan a cabo en la ciudad y en el departamento. Ojalá hubiera veedurías independientes para cada proyecto que se elabore, sin duda tendríamos mayor éxito a la hora de prevenir malversaciones de recursos y malas inversiones que terminan adornando el palacio de elefantes blancos que hay en Colombia”, indicó el equipo de trabajo.
Johana Casalla, representante legal de la Veeduría, explicó que el objetivo es vigilar que los recursos sean bien utilizados y la obra se realice en los tiempos correspondientes: “Que no nos vayan a salir con el cuento de que hay que hacer adiciones presupuestales porque es lo que se acostumbra en este tipo de obras y que después la obra vaya a quedar tirada en el tiempo; sino que el proyecto sea tan planeado que se convierta en un modelo efectivo”.
Uno de los grandes problemas, manifestaron los integrantes de la Veeduría, es el futuro de los pequeños comerciantes situados a las afueras del lote donde se construirá la megaobra; además, es un lugar rodeado de clínicas. No obstante, la Curaduría N° 2 informó que se trata de una zona para ejecuciones institucionales, por ende, el Centro Cultural puede construirse en ese lugar.
“No sabemos qué va a pasar con los comerciantes de la zona que han presentado inquietudes al respecto; y el tema de la ubicación, ya que está alrededor de clínicas, sin embargo, esa es la ubicación y hay que mirar cómo se logra disminuir todo tipo de ruidos y adicional a ello que haya una ejecución transparente del proyecto, es decir, que la destinación de los recursos se ejecute de la mejor manera”, agregó Lozano.
Los miembros de la Veeduría indicaron que no son interventores ni supervisores de la obra, sino personas interesadas en vigilar y garantizar que los recursos del departamento destinados a la ejecución de la megaobra no se ‘desvíen’. Finalmente agregaron que es un control social que permite la Constitución Política y que este ejercicio fortalece la democracia.
“No queremos que nos vean como personas que vengan a dificultar el proceso, por el contrario, que lo que nosotros manejamos, a través de nuestra experiencia, pueda ser utilizado en pro del mejoramiento de la realización del proyecto”, concluyó Casalla.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN.
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