Los ingresos tributarios y generales de las entidades territoriales  sufren (y sufrirán) una disminución durante la vigencia del 2020 y seguro la del año próximo. Valledupar no es la excepción, por eso, desde la Alcaldía buscan maniobrar para no incumplir los compromisos establecidos en la Ley 550, relacionados con el pago a los acreedores del Municipio. En el Concejo Municipal  tramita un proyecto con el que se extendería el plazo de pago por tres años, hasta 2031.

¿Cuál es el propósito del proyecto presentado ante el Concejo de Valledupar?

Presentamos un proyecto de acuerdo para que se faculte al señor alcalde de Valledupar, Mello Castro, para votar en nombre del Municipio la modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos, en conformidad con el artículo 58 de la Ley 550.

¿El principal objetivo del proyecto es extender el plazo de pago de la deuda?

Debemos consolidar la propuesta financiera que llevaremos a la Asamblea de acreedores. La propuesta tiene tres variables importantes. Uno, ampliar el plazo que va hasta el 2028; dos, renegociar las condiciones de la deuda pública; y tres, liberar los porcentajes de las estampillas procultura y proadulto mayor.

El cuarto añadido sería abrir el espacio fiscal para empezar a pagar las obligaciones de la vigencia 2019 que quedaron sin financiación.

¿El cuarto punto es el déficit fiscal que acusan?

El déficit son $4.800 millones, pero tesoralmente hay $3.800 millones que se deben y no los tenemos. Las obligaciones que se constituyen en déficit fiscal se tienen que pagar con recursos de la vigencia siguiente, en este caso 2020, pero como hemos tenido una disminución de los ingresos por los efectos de la pandemia, nos queda difícil hacer traslados a ese rubro. Tendríamos que desfinanciar proyectos de inversión.

¿Cuál sería el nuevo plazo límite para el pago de la deuda?

Las estimaciones que están haciendo el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda es que los efectos de la pandemia llegarán hasta el otro año. En tema de salud la pandemia llegaría hasta el mes de marzo, pero en el tema económico los efectos podrían llegar más allá porque terminada la pandemia, si aparece la vacuna, inmediatamente no habrá reactivación económica. Es un proceso lento.

Nosotros estamos contemplando que este año y el otro habrá una disminución en los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, que posiblemente se reactiven hasta la vigencia 2022.

¿El nuevo plazo sería tres años?

Inicialmente se planea ampliarlo tres años; vamos a tener tres años críticos (en recaudo de impuestos) y la idea es correr el plazo para que termine en el 2031.

A seis años de suscribirse a la Ley 550, ¿cuáles son los acreedores del Municipio?

En los acuerdos de Ley 550 se establecen  cuatro grupos de acreedores: los laborales, entidades de seguridad social, entidades financieras  y los acreedores quirografarios. Se establecen unas condiciones por grupos. A los acreedores laborales y a los quirografarios ya se les canceló la totalidad de sus obligaciones. Quedan pendientes los acreedores del grupo número dos, que es el caso delFondo de Previsión Social del Congreso de la República, Fonprecon, y las entidades financieras.

¿La mayor deuda es con las entidades financieras?

Casi el 90 % del saldo que queda por  pagar es con las entidades financieras.

¿En estos compromisos se cuentan los empréstitos adquiridos por la administración municipal pasada?

No. Las deudas con las entidades financieras son compromisos anteriores a la iniciación del acuerdo. Con el BBVA son los bonos de agua; con Bancolombia la obligación es un crédito que se hizo durante la administración de Luis Fabián Fernández; y con el Banco de Occidente es un crédito que se hizo en la administración de Ciro Pupo, con la cual se inició el parque lineal del Santo Eccehomo.

En el Concejo de Valledupar la administración cuenta con la mayoría para aprobar el proyecto. ¿Cuál es la situación en la Asamblea de acreedores?

Tenemos que llevar el tema al Comité de Vigilancia, que lo compone el Ministerio de Hacienda, el representante de los acreedores laborales, el banco BBVA y la representante legal del proyecto SIVA. Debemos sentarnos con ellos y decirles que nos ayuden. Yo creo que las entidades financieras, conociendo la situación, nos darán la mano.

¿Hay riesgo de no cumplir los pagos?

Si hay un menor ingreso podemos incumplir los compromisos establecidos en el acuerdo de reestructuración de pasivos, entonces vamos a llegar a otra asamblea porque se puede generar una causal de incumplimiento. Lo que queremos es anticiparnos y que los acreedores nos permitan ampliar los plazos. En la medida que se amplíen los plazos las cuotas de amortización a capital disminuirán…

Pero ampliar plazos  significaría mayores intereses…

Todo es negociable, hasta la tasa (de interés). Nosotros llevaremos una propuesta de renegociación de tasa para ver si nos sentamos con los acreedores financieros y podemos mejorar las condiciones.

¿Cuáles son las mayores afectaciones en los ingresos del Municipio?

La disminución del giro del Sistema General de Participación es muy pequeña porcentualmente. En los ingresos corrientes de libre destinación estamos proyectando una reducción del 25 %. En el presupuesto estaba un ingreso por ICLD de  $110.000 millones para esta vigencia. Ese recurso no llegaría. Estamos haciendo estimaciones que podríamos estar solo en $85.000 millones. Es una estimación, no sabemos todavía.

De aprobarse el nuevo proyecto ¿qué pasará con el 20 % de la estampilla proadulto adulto mayor y procultura que antes se destinaban para el pago de las acreencias?

La idea es liberarlos para financiar los programas sociales para los cuales fueron creados. Es una manera de compensar que tendremos menores recaudos a lo presupuestado.

Por Deivis Caro
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