Julieth Paulín Fragozo Serpa, abogada especialista en derecho administrativo y maestrante en derechos humanos derecho internacional humanitario y cortes penales internacionales con casi siete años de experiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha denunciado públicamente un caso de acoso laboral sistemático, persecución institucional, discriminación étnico-racial y vulneración de derechos fundamentales dentro de esta entidad. Su caso revela la profunda contradicción entre los valores que la JEP proclama públicamente y la realidad que se vive al interior de la institución.
Originaria de La Guajira y residente en Valledupar, Fragozo fue cofundadora de la organización Red Juvenzar, que desde 2005 ha impulsado proyectos en beneficio de víctimas de violencia, especialmente en comunidades afrodescendientes e indígenas, con enfoque en liderazgo juvenil, cultural y asesoría jurídica. Además, ha colaborado con organismos internacionales y participado en movimientos sociales como el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, así como en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Su trabajo refleja una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz.
Desde hace siete años, Paulín desempeña diversas funciones en la JEP, participando en la implementación de políticas de género, protección de derechos territoriales y promoción de la no discriminación. Sin embargo, en entrevista para EL PILÓN denunció que estas prácticas no se reflejan dentro de la institución, lo que ha afectado seriamente su desarrollo profesional, su salud y la estabilidad de su familia.
Persecución laboral desde el cuarto día
“Desde los primeros días, exactamente el cuarto día de ingreso, comenzaron los gritos por parte de mi jefa inmediata, afectando mi integridad emocional y el ambiente laboral”, recuerda Fragozo que, según sus compañeros, era un comportamiento normalizado. La exclusión sistemática se manifestó en el aislamiento de reuniones, la retención injustificada de funciones y las prohibiciones para comunicarse con otras áreas o magistrados, mientras que sus compañeros sí participaban.
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La presión continuó en forma de amenazas veladas de despido e insinuaciones constantes de declaratoria de insubsistencia, a pesar de que contaba con el fuero legal que protege a quienes denuncian acoso laboral. “Pasé meses sin asignación de tareas, cumpliendo horario sin funciones, lo que minó mi estabilidad emocional y profesional”, relata la funcionaria.
En febrero de 2019 fue declarada insubsistente mediante una resolución irregular firmada por la entonces Secretaría Ejecutiva María del Pilar Bahamón. La acción violó el fuero de protección laboral y fue anulada tras una acción de tutela presentada por Fragozo. Fue reincorporada, pero el acoso no cesó: “Persistieron actos de hostigamiento, rechazo y señalamientos infundados, además de negar mi solicitud de reubicación laboral”, indicó.
Hostigamiento y vigilancia más allá del ámbito laboral
Fragozo también denunció agresiones externas como ataques físicos desde vehículos con características similares a las de la JEP, que le lanzaron huevos en la vía pública. Esta situación empeoró su sensación de inseguridad.
La abogada denunció la exposición indebida de su historia clínica en un acto administrativo público que vulneró su derecho a la intimidad y confidencialidad, revisado sin autorización por funcionarios de la entidad.
Traslado arbitrario a Bogotá y vulneración de derechos
En 2022, la JEP ordenó su traslado inmediato a Bogotá, con solo tres días para cumplir la orden, sin considerar su estado de salud postembarazo, su condición de madre cabeza de familia ni las restricciones por la pandemia.
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Fragozo advirtió que esta decisión afectaba directamente el interés superior de su hija de 10 meses y exponía riesgos para su salud y estabilidad emocional.
Violencias étnico-culturales persistentes
Ya en la sede territorial de Valledupar, continuó la persecución con negación de herramientas básicas, como computadores obsoletos de más de siete años, y la obstaculización para obtener los accesorios necesarios. Mientras tanto, sus compañeros contaban con equipos modernos. Recibió comunicaciones hostiles y estigmatizantes por parte de colegas y superiores, en un ambiente laboral tóxico.
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El cambio abrupto del horario de almuerzo, de dos horas a una, agravó su difícil situación familiar: “Mi hija tuvo una crisis porque no podía recogerla a tiempo. Esto afecta el bienestar emocional de toda mi familia”, expresó con dolor.
Incoherencia institucional y llamado a la justicia
Frente a esta realidad, la abogada afirmó: “La paz no es guardar silencio ante las injusticias… Cuando hay cosas injustas, uno tiene la obligación de defenderlas”. El apoyo de compañeros que también sufren discriminación ha sido fundamental para resistir. Cuestiona la incoherencia de una institución para la paz que persigue a una víctima del conflicto armado, mujer afrodescendiente, indígena y madre cabeza de familia, en clara vulneración de la ley y de la dignidad humana.
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Paulín hace un llamado urgente al respeto del fuero laboral, la aplicación efectiva de las leyes y la coherencia institucional: “Eso lo dice la ley, cumpla la ley. ¿Qué tan difícil es cumplirla?”.
Esperanza en magistrados y la construcción real de paz
Consciente de las dificultades, Fragozo confía en que existen magistrados que realmente apuestan por la paz y que la entidad pueda transformarse: “Confío y sé que hay magistrados que merecen estar allí porque son constructores de paz”.
“Jamás pensé que la paz me fuera a costar tanto. Ingresé a una entidad de justicia transicional con la esperanza de aportar a la reconciliación del país. Sin embargo, he vivido lo que un ser humano no debería vivir, discriminación, persecución, acoso y vulneración de derechos.. Quise servir a la paz, pero terminé defendiéndome de quienes debían protegerla….. lamentable”, concluyó.
