El martes 26 de agosto se llevó a cabo el foro “Construyamos juntos el futuro de Valledupar”, un evento realizado por Argos con el apoyo de Camacol Cesar. Gabriela Bonilla, directora Económica y de información de Camacol, presentó cifras que revelan cómo las regiones que han creado subsidios de vivienda locales han logrado revertir la caída en preventas y lanzamientos. Aunque muchos piensan que estos programas son para “beneficiar a los constructores”, en realidad éstos son soluciones para las familias que resultaron afectadas por la suspensión de Mi Casa Ya, para planear ciudades sostenibles y para contener la expansión de asentamientos informales.
Bonilla explicaba que, en los estudios realizados por Camacol, se ha logrado establecer que mejorar una vivienda nacida de la informalidad le cuesta al Estado hasta cuatro veces más que entregar un subsidio de adquisición formal. Es decir, cada peso invertido hoy en subsidios evita millones en gastos futuros: legalización de predios, instalación de servicios públicos, adecuación de vías y mejoramiento de condiciones de habitabilidad.
Además, la vivienda digna no es solo un techo: es un factor decisivo en la superación de la pobreza. En el informe “Datos que construyen” de agosto del 2025, Camacol concluyó que “las condiciones inadecuadas de la vivienda son un factor estructural en la persistencia de la pobreza, y resolver las carencias habitacionales permitiría reducir de manera significativa el Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia”. Se ha demostrado además que “los subsidios de vivienda son un valioso instrumento para la superación de la pobreza” y produce mayor equidad (Camacol, 2022).
La situación en Valledupar es crítica. Los medios locales y nacionales han reportado la dramática caída en lanzamientos, iniciaciones y preventas, y la ciudad registró la mayor variación negativa del PIB de la construcción de todo el país durante el primer semestre de 2025: –33 % (Camacol, 2025). A esto se suma una informalidad laboral superior al 60 %, que limita el acceso al crédito y perpetúa la vulnerabilidad de miles de hogares.
Frente a este panorama, un programa de subsidios locales sería una inversión transversal y estratégica: a corto plazo, dinamizaría la cadena de valor de la construcción y generaría empleo formal; a mediano plazo, impulsaría un urbanismo organizado, con servicios e infraestructura adecuados, y reduciría índices de pobreza multidimensional; a largo plazo, evitaría el altísimo costo de legalizar invasiones y atender sus consecuencias sociales y de seguridad.
Aunque sabemos que las arcas del municipio no son las más nutridas, el esfuerzo vale la pena y los ejemplos están a la vista. Atlántico con Mi Casa Bacana y Barranquilla con Mi Techo Propio, Montería con Vive en Propiedad, Cali con Casa Mía, Bogotá con Mi Casa en Bogotá, Cartagena con Mi Casa Va y Antioquia con Viva Mi Casa ya muestran resultados tangibles. Según Camacol, entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025: Atlántico aumentó un 35,7 % las ventas de vivienda; Antioquia incrementó en 157 % los lanzamientos y en 30,1 % las ventas; Bogotá aumentó en un 40 % los lanzamientos, y Córdoba y Sucre crecieron un 16 % en ventas.
Valledupar no debe quedarse rezagada. Tanto la Alcaldía como la Gobernación deben trabajar de manera urgente en un programa de subsidios de vivienda social, buscando recursos propios, alianzas público-privadas o financiación nacional e internacional. Cada año que se pierde significa más familias empujadas a la informalidad y mayores costos futuros para todos. La vivienda es la base del desarrollo social, la generación de empleo y la construcción de ciudad. Los beneficios son innumerables y, sobre todo, Valledupar lo merece.
Por: Mariana Orozco.
