Si bien las personas son privadas de su libertad y encerradas en una cárcel por cometer un delito, es prudente también recalcar que quienes están presos en distintos centros penitenciarios cuentan con derechos que no pueden ser vulnerados sin importar la gravedad del ilícito por el cual están tras las rejas.

En Valledupar funciona la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, conocida como ‘La Tramacua’, desde el año 2000, fruto de acuerdos del Plan Colombia y es la primera cárcel que surge bajo la asesoría del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos.

Muchas son las personas que pagan la condena por un delito cometido en ese lugar, sin embargo, algunos aseguran que han sido víctimas de maltratos por parte de los guardias de seguridad y hay una constante vulneración a los Derechos Humanos.

Pero ¿cómo perciben los detenidos que son tratados por las autoridades? Según Carlos Martínez* las condiciones en que los tienen son infrahumanas, pues además de ser agredidos verbal, psicológica, y en ocasiones, físicamente, no cuentan con ciertos servicios que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos.

“A pesar que el servicio de agua ha mejorado un poco, en muchas celdas no llega el líquido, en otras llega en ciertas horas del día. Nos toca cargar botellones de agua para guardar para lavar la ropa, para lavarnos los dientes y para bajar el inodoro cuando hacemos nuestras necesidades fisiológicas”.

Según comentó él, en muchas ocasiones los presos de los pisos más altos de las distintas torres, hacen sus necesidades fisiológicas y las heces y los orines son tirados por la ventanilla de la celda, pues no cuentan con el agua suficiente para hacerla por el inodoro y prefieren hacer eso a aguantarse los olores que se generan por no tener con qué hacer bajar los desechos por el sanitario.

En una carta enviada al Representante a la Cámara Juan Manuel Campo, el Director General del INPC, Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte, aseguró que “Si es bien cierto el programa del agua de la región ha tenido una afectación directa hacia la población privada de la libertad en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, no es menos cierto que la responsabilidad directa frente al suministro de agua desborda la competencia legal y funcional de este instituto, entendiendo que la misma recae sobre la empresa prestadora del servicio a nivel local (EMDUPAR S.A E.S.P)”.

También se quejan por la demora en la entrega de los implementos que mandan sus familiares a la cárcel y que en muchas ocasiones los paquetes son revisados y saqueados por los guardias de seguridad, pero la Ley estipula que antes de entrar un paquete a la cárcel debe ser meticulosamente revisado para evitar que ingresen artículos prohibidos. Según la ordenanza, Cada detenido recibe de la administración entre un lapso de tres a seis meses un kit de aseo personal conformado por dos cojines de crema desodorante, un tubo de crema dental, un cepillo de dientes, un jabón de baño, un jabón de lavar, dos cuchillas de afeitar y dos rollos de papel higiénico.

Falta de medicamentos 

“Hace como una semana me enfermé, duré cinco días con diarrea y solicité que me dieran algo para pararla porque me estaba deshidratando, pero me decían que no había medicamentos, que no los habían traído que no me podían dar nada. Al final, una señora de las que hace el aseo me dijo que me tomara tres gotas de creolina en un vaso de agua, que eso me iba a parar la diarrea y como no había más nada qué hacer seguí los consejos de la señora. Parece mentira, pero se me quitó la diarrea”, comentó Carlos.

Esta es otra situación que preocupa a los reclusos de la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, la falta de medicamentos. La EPS encargada de prestar el servicio de salud a los presos es Caprecom, a la cual el INPEC le paga mil 400 millones de pesos mensuales y el Fosyga le reembolsa mensualmente mil 700 millones de pesos.
    
En su más reciente visita a la capital del Cesar, la Ministra de Justicia y del Derecho Ruth Stella Correa, aseguró que ya la EPS no tendrá el contrato de exclusividad con las cárceles del país y que se hará un concurso para que otras Entidades puedan ofrecer el servicio.

De las puertas hacia fuera 

Carolina Castro* va mensualmente a visitar a un familiar que está detenido por hurto calificado, y para ella se convierte en una odisea ingresar al centro penitenciario, no solo por el hecho de tener que hacer una larga fila, esperar horas para entrar y aguantarse los tumultos de personas que, igual que ella, van a ver a un ser querido.

Carolina afirmó que “las personas que están ahí afuera pendientes de entrar le untan a otras droga para que los perros de los antinarcóticos sientan a la persona que le echaron la droga y las otras puedan entrar fácilmente, entonces a uno muchas veces le da miedo venir y estar ahí cuando está esa gente”.

La voz de los funcionarios 

El Personero Municipal, Alfonso Campo Martínez, aseguró que la situación de los presos no es una cuestión que atañe solamente a Valledupar, pues esto es un problema a nivel nacional, y en su función está la de mediar ante las autoridades competentes porque los derechos de los condenados se cumplan.
“Nosotros vamos constantemente a las instalaciones de la cárcel, escuchamos las denuncias que tienen los presos y hablamos con las autoridades competentes, hemos estado haciendo un acompañamiento a las situaciones que se han venido presentando que pueden ser causa para que se puedan vulnerar los derechos”, comentó Campo Martínez.

Por su parte, el Representante a la Cámara, Juan Manuel Campo Eljach ha estado siempre atento a la problemática que se genera en las cárceles del municipio de Valledupar. En cartas enviadas al Director del INPEC, al entonces Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra en 2012, a Germán Vargas Lleras cuando ejercía como Ministro del Interior en 2012, a Juan Carlos Pinzón cuando estaba encargado del Ministerio de Defensa en el 2012, Campo mostraba su preocupación por la situación de inseguridad que pasaba el departamento y más aún, la capital del Cesar.

Asimismo, asegura que estos centros penitenciarios han traído a la ciudad de Valledupar más inseguridad, que ha robado la tranquilidad a los que habitan en ella.

La Ministra de Justicia y del Derecho, aseguró que el gobierno estará destinando una importante cantidad de recursos para mejorar las condiciones de vida de los presos de las cárceles de país, entre ellas de ‘La Tramacúa’ “Vamos a trabajar para que los derechos de los presos sean respetados, y con la inversión de recursos en las cárceles del  país vamos a garantizar la seguridad de los detenidos”.

A manera de conclusión es posible determinar que a pesar de no ser un problema que recae solamente en la población recluida de Valledupar, los presos en el territorio nacional no cuentan con las garantías mínimas para que no se vulneren los derechos de los mismos.

Inhabilitación de a inspector de INPEC por afectar integridad de recluso

El pasado viernes 30 de agosto, la Procuraduría Regional del Cesar emitió un fallo en primera instancia en audiencia pública donde sancionó con destitución e inhabilitación de 10 años a Carlos Arturo Peña Arango, quien era inspector del INPEC en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.

Según el comunicado que emitió la Procuraduría “El Ministerio Público comprobó que el señor Peña Arango, en ejercicio de sus funciones, afectó y puso en riesgo la vida de un interno al ordenar a la guardia del penal que lanzara gases lacrimógenos en su contra, ocasionándole lesiones en extremidades y tronco que le significaron una incapacidad de quince días. 
La falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo, pues con conocimiento y voluntad el disciplinado se apartó de claros mandatos constitucionales, legales y funcionales para la labor que estaba desempeñando. 
La decisión de primera instancia proferida en audiencia pública por la Procuraduría Regional del Cesar quedó en firme y debidamente ejecutoriada, pues la defensa técnica del señor Peña Arango no presentó el recurso de apelación.  

*Los presos y personas con familiares detenidos pidieron no revelar su identidad por temor a que se tomen represalias en su contra.

Por Freddy Oñate Acevedo

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