En la reciente controversia política que sacude a Colombia, el presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de modificar ciertas normas fundamentales del país. Aunque ha aclarado que no convocará a una Asamblea Nacional Constituyente, sus propuestas de cambiar la estructura constitucional vigente han generado preocupaciones legítimas sobre el futuro de la democracia colombiana.
La Constitución de 1991, producto de un amplio consenso nacional y reflejo de las aspiraciones de una vasta mayoría de los votantes de esa época, ha sido un pilar de estabilidad política y social. Este documento ha permitido a Colombia navegar a través de tiempos difíciles, proporcionando un equilibrio que ha sostenido la democracia y el desarrollo del país. Cualquier intento de alterar esta carta magna sin un consenso similar no solo es imprudente, sino que también pone en riesgo la estabilidad que tanto ha costado construir.
Es alarmante que el presidente Petro, bajo la bandera de cumplir con los acuerdos de paz con las extintas FARC, insista en modificar normas clave sin la debida deliberación y consenso. Este enfoque no solo socava el proceso democrático, sino que también abre la puerta a interpretaciones peligrosas y potencialmente inconstitucionales de cómo se debe gobernar Colombia. No podemos permitir que el país sea arrastrado por “vías inconstitucionales” hacia un nuevo texto constitucional influenciado por ideologías extremistas.
