Después de la crisis del 2015, y cuando la cadena de valor del sector se encontraba resentida por el impacto que causó la reducción de precios, debido al incremento en la producción proveniente de yacimientos no convencionales, y la frágil estabilidad económica global, debemos afrontar una nueva crisis de precios del crudo, apuntalada por el Covid-19, que ha desacelerado la actividad económica a niveles casi críticos.
 
A esto se suma la falta de acuerdo entre Arabia y Rusia, para mantener cuotas de recorte en la producción, lo que genera una guerra que pretende medir cuál es el límite de estas naciones a soportar precios bajos, apostándole a ventas de grandes volúmenes, y la disminución de la demanda por el acuartelamiento de casi un 80 % de la población mundial, con todas las consecuencias sobre el consumo. Lo que lleva a la situación de precios que hoy tenemos, muy volátil y sensible a eventos tan mediáticos como el trino de una autoridad que hable en favor o en contra de la oferta-demanda.
 
De extenderse el aislamiento y con ella la anormalidad del sistema productivo, podrían darse condiciones tan críticas del consumo, que la capacidad de almacenamiento del crudo se cope y se llegue a precios aún más bajos. El mundo tiene un exceso de oferta sin precedentes, en un momento en que el consumo mundial de petróleo ha bajado 4 % en el primer trimestre de 2020, y puede caer entre 10 y 25 % en los próximos meses, según diferentes analistas internacionales.
 
Las economías de los países productores, que dependen en gran medida de este renglón como el caso de Colombia, se verán muy afectadas. Para nuestro caso los impactos incluyen la disminución de la renta petrolera en hasta 15.8 billones, discriminados en el cese de dividendos por parte de Ecopetrol, aumento del déficit de cuenta corriente, menos regalías e ingresos por impuestos y disminución de inversión extrajera. Un hueco fiscal que sentiremos todos los colombianos.
 
Esta situación de precios bajos afecta directamente la actividad de la industria petrolera, la cual debería mantener los actuales niveles de producción, para garantizar ingresos necesarios para atender la emergencia humanitaria.  Mantener la producción por el orden de 850 mil barriles se podría dar, mientras no se requieran operaciones de mantenimiento o reparación de pozos que hagan antieconómica la actividad, por esto la supervisión operacional estricta en campo es clave.
  
Otras acciones para la optimización de costos, podrían considerase en la reducción de la calidad del crudo de venta y agua de disposición a límites aceptables para bajar costos de procesamiento, minimizar tarifas en el transporte del crudo por oleoductos y carrotanques, la variación de tarifas de servicios especializados amarrada a precios del crudo, la optimización de equipos de trabajo para las operaciones y reubicación del personal en nuevos frentes.
 
Nuestro llamado es a que toda la cadena de valor del sector incluyendo gobierno, compañías operadoras, de servicios, fuerza laboral y comunidades se apoyen solidariamente para mitigar el impacto que esta crisis puede causar, el cual es mucho más severo en los eslabones más débiles de esta cadena, como lo son las pequeñas empresas y los colaboradores de la industria.