Fue mal diseñada la Constitución de 1991 y lo único relevante fue la tutela, que se hubiera podido lograr mediante decreto, sin que fuera necesaria la Constituyente y menos involucrar a las Altas Cortes en la escogencia de ternas para fiscal, procurador, contralor, Defensoría del Pueblo, registrador y otros cargos de preminencia, elucubraba Álvaro Gómez Hurtado, entidades en las que los magistrados tienen sus cuotas burocráticas.
Al Procurador, quien se convierte en disciplinante de sus electores, lo elige el Senado, de terna que conforma el Presidente de la República, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, conforme la elección de Fiscal pende de una terna que integra el Presidente de la República, sin competencia para disciplinar al jefe de Estado, función que le asiste a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en tanto que los integrantes de la Corte Constitucional son ternados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
Las disputas en torno a la elección en órganos de investigación y control han puesto en evidencia, una y otra vez, el error de la Constitución de 1991 al otorgarle funciones electorales a las cortes, como participar en la selección de fiscal, procurador y otras dignidades.
Esa decisión constituyente sonaba bien: se pensaba que las cortes, que eran entonces independientes y respetadas, otorgarían seriedad y transparencia a esos nombramientos, pero en realidad estas funciones electorales han afectado a las cortes: les consumen mucho tiempo, les generan divisiones internas, las ponen en el centro de agrias disputas políticas y, sobre todo, las han clientelizado, analizan constitucionalistas de la talla de Rodrigo Uprimny Yepes.
En países desarrollados como Estados Unidos o Suecia, difiere el diseño constitucional, en cuanto a la elección de órganos de investigación y control, a juzgar del esquema gubernamental. Es así como los suecos gobiernan tan solo con 4 leyes, y no con 6 millones como lo hace Colombia, porque entre más corrupto es el Estado hay más leyes. Estados Unidos gobierna con 20 leyes y lo hace mejor.
Defensores y contradictores de la Constitución del 91 señalan como aspecto positivo los derechos humanos, y negativo la privatización, opiniones que despiertan cierta suspicacia a la luz de tratados internacionales garantes de esos derechos y en torno a la privatización con origen y mayor acento otrora Constitución de 1886.
Por: Miguel Aroca Yepes.
