Tras el fallo de la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-078, que exige a la Alcaldía de Valledupar tomar medidas para garantizar de manera definitiva el acceso al agua potable en el corregimiento de Aguas Blancas, así como evaluar, con otras entidades, los riesgos en áreas afectadas por la inundación del 2022, la administración municipal afirma haber estado mitigando la emergencia de abastecimiento de agua potable, “incluso antes” de la decisión emitida en marzo de este año.
“Las acciones del municipio de Valledupar se han enfocado en mitigar la emergencia de abastecimiento de agua potable, es así como la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, adscrita a la Secretaría de Gobierno, así como las entidades adscritas al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, han suministrado de manera oportuna y a petición de la comunidad el suministro de agua por medio de carrotanque y antes del fallo ya se encontraba en los respectivos estudios correspondientes para ampliar la capacidad de los tanques de agua con los que contaba la comunidad, todo esto con la finalidad de suplir la necesidad de líquido vital que sufre dicha comunidad y el resto de corregimientos del municipio”, señaló la administración en un comunicado enviado a esta casa editorial.
El fallo está basado en la batalla judicial que Yanelis Gutiérrez Movilla, habitante del corregimiento, emprendió en 2023 contra el Estado y la concesionaria Yuma que construye la Ruta del Sol 3. Según la accionante, las obras “interrumpieron el paso natural del río Aguas Blancas”, provocando la inundación de octubre de 2022, y afectó el suministro de agua potable para la población y el ecosistema de un jagüey del que depende la productividad agropecuaria de muchas familias.
Sobre el proceso judicial
Por su parte, la Corte revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, que había declarado improcedente la acción de tutela, y concluyó que fueron vulnerados varios derechos por cuanto el municipio no habría “adoptado las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable a la población del corregimiento”, incumplía su deber de la prestación del servicio público de alcantarillado y saneamiento básico y al no realizar estudios técnicos relacionados a determinar el nivel de riesgo de las viviendas y si dicho riesgo era mitigable.
Sin detalles de las conclusiones o avances, desde la Oficina Asesora Jurídica indicaron que fue instalada una mesa de trabajo el 7 de abril de 2025, coordinada con la Gobernación del Cesar, “para abordar las órdenes impartidas por la Corte”, la cual también vinculó a la administración departamental, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Ministerio de Vivienda, a la Personería de Valledupar, Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), concesionaria YUMA y la constructora Ariguaní para que conformen un espacio “de diálogo y concertación con participación de la comunidad”, con el fin de realizar actividades de inspección y evaluación de las redes de acueducto y alcantarillado del corregimiento; identificar las necesidades de la población en relación con las problemáticas de alcantarillado y saneamiento básico y establecer gestiones, actividades, obras y recursos para resolverlas.
Obras siguen paralizadas
Por su parte, la concesionaria Yuma indicó a EL PILÓN que la variante de Aguas Blancas fue afectada por bloqueos y daños a la infraestructura desde el año 2022, y que la empresa ha sostenido múltiples reuniones con la comunidad para “la incorporación de tres obras hidráulicas complementarias” y “un retorno complementario” para robustecer el sistema de drenaje. Sin embargo, persisten desacuerdos con la comunidad que impiden la reparación de los daños y la puesta en servicio de la variante.
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Yuma enfatizó que el diseño de la vía fue aprobado por la ANLA y “cumple con las exigencias establecidas en el Manual de Drenaje para Carreteras del Instituto Nacional de Vías”. A pesar de ello, se han previsto seis obras complementarias tipo box culvert y alcantarillas para robustecer el sistema de drenaje transversal, respondiendo a la presión social.
Aunque inicialmente los habitantes habrían manifestado su acuerdo con las obras complementarias, Yuma reporta que al intentar retomar las actividades, “la comunidad ha expresado nuevamente desacuerdos, haciendo énfasis en necesidades que no se encuentran en el alcance del proyecto y que deben ser atendidas por las autoridades territoriales o nacionales.”
Redacción EL PILÓN.
