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Las 9 medidas que deben cumplir Estado y empresas en Aguas Blancas tras fallo de la Corte Constitucional

A través de una sentencia, la alta corte ampara los derechos al agua potable, acceso a los servicios públicos de alcantarillado y saneamiento básico y protección ante los riesgo de desastres de los habitantes del corregimiento, quienes responsabilizan al proyecto de la Ruta del Sol 3 de varias afectaciones.

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La batalla judicial que Yanelis Gutiérrez Movilla emprendió en 2023 contra el Estado y la concesionaria Yuma que construye la Ruta de Sol 3, luego de la inundación de octubre de 2022 que afectó a Aguas Blancas, corregimiento de Valledupar, fue respaldada por  la sentencia   T-078 de la Corte Constitucional. 

El fallo, emitido el 6 de marzo de este año, ampara los derechos de la accionante y demás habitantes al agua potable, acceso a los  servicios públicos de alcantarillado y saneamiento básico y protección ante los riesgos de desastres. Según la ciudadana, estos derechos fueron vulnerados con el desarrollo de las obras de construcción de la doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar, realizadas por la Constructora Ariguaní y Yuma Concesionaria,  las cuales “interrumpieron el paso natural del río Aguas Blancas y afectaron el suministro de agua potable para la población del sector”. 

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