El lunes, las trabajadoras de la primera infancia que prestan sus servicios en los Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, protestaron una vez más a las afueras de esta entidad en Valledupar en rechazo al nuevo sistema de contratación, argumentando que significa una “masacre laboral” porque no les dan garantías laborales.

Esto en ocasión las querellantes hacían mención a la selección por parte del ICBF de los operadores para 1.153 contratos que permitirá brindar atención a la primera infancia en los 1.103 municipios del país.  El mecanismo de selección se realizó a través de la herramienta Betto, con el cual el Gobierno nacional promete frenar la corrupción e impedir que procesos burocráticos no permitan que los niños y niñas accedan a los beneficios de los programas de alimentación y educación del ICBF.

Para el caso del departamento del Cesar son 386 trabajadoras que rechazan este nuevo modelo.

Sin embargo, el ICBF, señaló que se logró contratar a los mejores operadores de los servicios de la primera infancia bajo unos criterios objetivos, entre ellos la experiencia territorial, la buena trayectoria de cada uno de los oferentes, su capacidad operativa y financiera para prestar los servicios.

“Es falso que vaya a existir masacre laboral ni reducción de cupos”, dijo el director del ICBF, seccional Cesar, Gabriel Castillo Castilla.