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General - 23 septiembre, 2021

“Tenemos el sustento jurídico para construir la segunda fase de la Universidad Nacional”: Gobernación del Cesar

EL PILÓN dialogó con la asesora de Despacho, Elvia Milena Sanjuan, sobre la posición del ente departamental. Según explicó la funcionaria, basándose en lo que dice el pacto y la experiencia, la Gobernación es la “idónea para ejecutar dichos recursos”.

Universidad Nacional.
Universidad Nacional.
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La construcción de la segunda fase de la Universidad Nacional sede La Paz causó un cruce de oficios y opiniones jurídicas entre la Gobernación del Cesar y la Universidad Nacional de Colombia. El debate se centra en quién debe ejecutar los recursos. 

Aunque la Gobernación fue la encargada de construir la primera fase, en una carta enviada al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, la universidad rechazó la certificación de la Gobernación del Cesar como entidad ejecutora de los recursos destinados, en el marco del mecanismo de Pactos Territoriales, “para la construcción de la primera etapa de la Fase II del campus de la Sede de La Paz”.

En esa carta expusieron seis puntos jurídicos y conceptuales explicando por qué consideraban que debía ser el centro académico el encargado de ejecutar la obra. Entre esos puntos, la universidad cuestionó los tiempos de realización de la primera fase, que fue inaugurada casi 6 años después de lo planeado.

Por eso, EL PILÓN dialogó con la asesora de Despacho, Elvia Milena Sanjuan, sobre la posición del ente departamental. Según explicó la funcionaria, basándose en lo que dice el pacto y la experiencia, la Gobernación es la “idónea para ejecutar dichos recursos”

Elvia Milena Sanjuan, asesora de Despacho.

“Cabe precisar que el Pacto Territorial Cesar-Guajira corresponde a la tipología funcional, y fue suscrito entre el Gobierno nacional, las gobernaciones del Cesar y La Guajira, y los municipios de ambos departamentos. En este sentido, en la cláusula segunda se estipula el ámbito  de aplicación de este pacto. ¿Qué es eso? El pacto territorial aplica  a las entidades signatarias. ¿Cuáles son esas entidades?  El Gobierno nacional  y las gobernaciones, lo que deja claro, dentro de este sustento normativo,  que la Universidad Nacional no puede ser ejecutora de los recursos de la segunda fase de la sede La Paz”, señaló la funcionaria.

¿QUÉ PASARÁ?

En algunos sectores del departamento hay preocupación porque la obra quede en el aire, incluso algunos diputados han pedido la intervención del Ministerio de Educación, entre otras cosas, porque las partes se mantienen distanciadas en sus argumentos. 

Por ejemplo, en respuesta a una petición, la Universidad Nacional señaló que si la Gobernación no le daba respuesta antes del 15 de septiembre, lo entenderían como una respuesta negativa y buscarían otros caminos para realizar el proyecto. Al parecer, la Gobernación no respondió. EL PILÓN intentó consultar la opinión de funcionarios de la universidad, sin embargo, manifestaron que no darán opiniones públicas por el momento.  

Lo que sí está claro es que la Nacional ha mantenido una posición firme, al punto de que señalaron en la carta de agosto que si la Gobernación del Cesar no certifica a la Universidad como ejecutora de los recursos del proyecto, considerarían improcedente, además de inconveniente, presentar el proyecto ante el mecanismo de Pactos Territoriales, en cuyo caso se verían “en la necesidad de buscar la financiación de la obra mediante otra fuente de recursos”.

Justo, esa actitud del centro educativo, en la que además de mostrarse radical en su posición, cuestionaron la capacidad de ejecución de obras del ente territorial, ha causado descontento en la Gobernación del Cesar. 

CAMBIO 

Desde algunos sectores también han cuestionado al DNP, porque inicialmente había informado que los $80.000 millones disponibles para viabilizar el proyecto provenían de recursos de la nación (PGD), sin embargo, en julio el DNP informó que no financiarían la totalidad, sino el 70 %, y el restante 30 % provendría del departamento del Cesar.

El argumento del centro educativo es que en vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad es una entidad de este orden, “debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto”. 

Contrario, el argumento del ente departamental: “El sustento en el que la Gobernación del Cesar sostiene esta postura es lo reglado al interior del pacto, que además está fundado al interior del Plan Nacional de Desarrollo”

“¿Cuál sería el papel de la Universidad Nacional? El gobierno departamental reconoce en  la universidad el gran claustro formador que es, lo que implica frente a la academia. Sin embargo, es el gobierno departamental el que tiene la idoneidad y la experiencia para desarrollar proyectos de infraestructura”, señaló la asesora de Despacho. 

¿Está en riesgo la segunda fase de la Nacional? “El departamento del Cesar no ha navegado en esta diferencia. Hemos seguido nuestro curso, al tanto de las direcciones del Departamento Nacional de Planeación. No queremos que se desaprovechen esos recursos que aporta el Gobierno nacional”, concluyó la asesora. 

Por: Redacción EL PILÓN

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23 septiembre, 2021

“Tenemos el sustento jurídico para construir la segunda fase de la Universidad Nacional”: Gobernación del Cesar

EL PILÓN dialogó con la asesora de Despacho, Elvia Milena Sanjuan, sobre la posición del ente departamental. Según explicó la funcionaria, basándose en lo que dice el pacto y la experiencia, la Gobernación es la “idónea para ejecutar dichos recursos”.


Universidad Nacional.
Universidad Nacional.
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La construcción de la segunda fase de la Universidad Nacional sede La Paz causó un cruce de oficios y opiniones jurídicas entre la Gobernación del Cesar y la Universidad Nacional de Colombia. El debate se centra en quién debe ejecutar los recursos. 

Aunque la Gobernación fue la encargada de construir la primera fase, en una carta enviada al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, la universidad rechazó la certificación de la Gobernación del Cesar como entidad ejecutora de los recursos destinados, en el marco del mecanismo de Pactos Territoriales, “para la construcción de la primera etapa de la Fase II del campus de la Sede de La Paz”.

En esa carta expusieron seis puntos jurídicos y conceptuales explicando por qué consideraban que debía ser el centro académico el encargado de ejecutar la obra. Entre esos puntos, la universidad cuestionó los tiempos de realización de la primera fase, que fue inaugurada casi 6 años después de lo planeado.

Por eso, EL PILÓN dialogó con la asesora de Despacho, Elvia Milena Sanjuan, sobre la posición del ente departamental. Según explicó la funcionaria, basándose en lo que dice el pacto y la experiencia, la Gobernación es la “idónea para ejecutar dichos recursos”

Elvia Milena Sanjuan, asesora de Despacho.

“Cabe precisar que el Pacto Territorial Cesar-Guajira corresponde a la tipología funcional, y fue suscrito entre el Gobierno nacional, las gobernaciones del Cesar y La Guajira, y los municipios de ambos departamentos. En este sentido, en la cláusula segunda se estipula el ámbito  de aplicación de este pacto. ¿Qué es eso? El pacto territorial aplica  a las entidades signatarias. ¿Cuáles son esas entidades?  El Gobierno nacional  y las gobernaciones, lo que deja claro, dentro de este sustento normativo,  que la Universidad Nacional no puede ser ejecutora de los recursos de la segunda fase de la sede La Paz”, señaló la funcionaria.

¿QUÉ PASARÁ?

En algunos sectores del departamento hay preocupación porque la obra quede en el aire, incluso algunos diputados han pedido la intervención del Ministerio de Educación, entre otras cosas, porque las partes se mantienen distanciadas en sus argumentos. 

Por ejemplo, en respuesta a una petición, la Universidad Nacional señaló que si la Gobernación no le daba respuesta antes del 15 de septiembre, lo entenderían como una respuesta negativa y buscarían otros caminos para realizar el proyecto. Al parecer, la Gobernación no respondió. EL PILÓN intentó consultar la opinión de funcionarios de la universidad, sin embargo, manifestaron que no darán opiniones públicas por el momento.  

Lo que sí está claro es que la Nacional ha mantenido una posición firme, al punto de que señalaron en la carta de agosto que si la Gobernación del Cesar no certifica a la Universidad como ejecutora de los recursos del proyecto, considerarían improcedente, además de inconveniente, presentar el proyecto ante el mecanismo de Pactos Territoriales, en cuyo caso se verían “en la necesidad de buscar la financiación de la obra mediante otra fuente de recursos”.

Justo, esa actitud del centro educativo, en la que además de mostrarse radical en su posición, cuestionaron la capacidad de ejecución de obras del ente territorial, ha causado descontento en la Gobernación del Cesar. 

CAMBIO 

Desde algunos sectores también han cuestionado al DNP, porque inicialmente había informado que los $80.000 millones disponibles para viabilizar el proyecto provenían de recursos de la nación (PGD), sin embargo, en julio el DNP informó que no financiarían la totalidad, sino el 70 %, y el restante 30 % provendría del departamento del Cesar.

El argumento del centro educativo es que en vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad es una entidad de este orden, “debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto”. 

Contrario, el argumento del ente departamental: “El sustento en el que la Gobernación del Cesar sostiene esta postura es lo reglado al interior del pacto, que además está fundado al interior del Plan Nacional de Desarrollo”

“¿Cuál sería el papel de la Universidad Nacional? El gobierno departamental reconoce en  la universidad el gran claustro formador que es, lo que implica frente a la academia. Sin embargo, es el gobierno departamental el que tiene la idoneidad y la experiencia para desarrollar proyectos de infraestructura”, señaló la asesora de Despacho. 

¿Está en riesgo la segunda fase de la Nacional? “El departamento del Cesar no ha navegado en esta diferencia. Hemos seguido nuestro curso, al tanto de las direcciones del Departamento Nacional de Planeación. No queremos que se desaprovechen esos recursos que aporta el Gobierno nacional”, concluyó la asesora. 

Por: Redacción EL PILÓN