De cara al Festival Vallenato, el órgano de control indicó que se debe cumplir con el 70% de cobertura del plan de vacunación para suprimir el uso del tapabocas en espacios abiertos.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, dijo que algunas de estas obras tienen investigaciones disciplinarias en curso.
La Procuraduría hizo énfasis en la culminación y disponibilidad de escenarios como el estadio de fútbol, el campo de béisbol y el coliseo de baloncesto, aunque en un aviso preventivo, publicado hace más de una semana por la entidad, también se alertó sobre los ‘lentos’ avances en la pista para BMX.
El ente de control busca esclarecer las denuncias recibidas por la veeduría ciudadana en el suministro de alimentación complementaria, para la población de especial protección.
Su funcionamiento cuesta un billón de pesos anuales. Son 4.500 empleados que podrían llegar a 5.700 cuando se provean los 1.208 nuevos cargos que han generado gran polémica.
El alcalde aseguró que no está detrás de lo sucedido en el corregimiento de Antequera.
En la decisión también se absolvió a Araujo de toda responsabilidad disciplinaria.
La Procuraduría señaló que recibió una denuncia en la cual especificaban la irregularidad en los tapabocas.
Ante denuncia de habitantes de Pueblo Bello, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las EPS Dusakawi y Wintukua suspender la posible realización de cualquier actividad colectiva o grupal.
Ante las denuncias, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se defendió a través de su cuenta de Twitter señalando que “ha actuado de forma transparente”. La Procuraduría ya inició una investigación disciplinaria.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilez por presuntas irregularidades en el control del orden público que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño. […]
Varios concejales de Valledupar sancionados por la Procuraduría solicitaron aclaración del fallo que los destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 12 años.
El Ministerio Público le imputó falta grave en grado de culpabilidad, toda vez que siendo gerente de la institución de salud no pagó una condena impuesta al hospital en favor de Ciro Sánchez Guevara.
Deberá responder por haberse posesionado como contralor municipal el año pasado, estando inhabilitado para ello.
La Procuraduría Regional abrió investigación para determinar si el diputado Eduardo Santos recibió dinero de un contrato con la Gobernación.
Tras la publicación del diario EL PILÓN titulada ‘Contratista de la plaza Alfonso López pidió prórroga de 60 días” en donde se da a conocer pormenores de le ejecución de esta obra, la Procuraduría Regional del Cesar abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Valledupar.
El docente del municipio de El Copey se encuentra detenido en la Cárcel Judicial de Valledupar.
En el caso de Valledupar, el alcalde ha hecho varios llamados al Gobierno Nacional por el hacinamiento de la Judicial y la necesidad de su traslado.
La sanción está relacionada con las indagaciones que se adelantan por el hurto de unos cheques del municipio. La Personería había fallado contra el funcionario en primera instancia.
En 2018 según la referencia del Ministerio público, solo 38 Entidades Territoriales Certificadas cumplieron las fechas iniciando la entrega del complemento alimentario desde el primer día.